Una pareja vive sin agua corriente en la casa ilegal que le vendió un alto funcionario de Telde

La casa ubicada en la localidad teldense de Lomo Magullo

Una pareja de hecho de la localidad grancanaria de Lomo Magullo se ha encontrado viviendo sin suministro de agua corriente en una casa ilegal tras haber sido víctima de lo que considera una estafa cometida presuntamente por un alto funcionario del Ayuntamiento de Telde, paradójicamente jefe del servicio de abastecimiento de aguas, que promovió la construcción a través de una empresa de la que es administrador único, T Servicios y Reparaciones, S.L.

Según relata el propietario de la casa a Canarias Ahora, Germán López, todo comenzó cuando la subdirectora de una sucursal bancaria habló a la pareja en 2007 de la existencia del inmueble. La estructura se encontraba hecha un año más tarde, cuando acudieron por primera vez a visitar el lugar, y sólo faltaba la tabiquería.

Tras varios intentos y cambios de fecha y lugar, las partes firmaron la hipoteca en 2008 bajo el compromiso del promotor de que en dos meses contarían con la cédula de habitabilidad. No fue hasta meses después de preguntas sin responder por parte del Ayuntamiento, cuando se enteraron de que la vivienda se encontraba fuera de ordenación, ya que invadía en unos dos metros parte del espacio público destinado a carreteras.

Los afectados contaban con suministro de agua hasta el pasado año gracias a un contrato provisional de obra concertado en su momento por el funcionario promotor. Sin embargo, ahora se encuentran con la imposibilidad de poder contratar el servicio porque la casa está en situación irregular, declarada por el mismo Ayuntamiento en el que el promotor es jefe de los servicios de Abastecimiento de Agua, Saneamiento, Alumbrado Público, Mercados y Sanidad y Consumo. Si cuentan con electricidad es gracias a que, durante la obra, el funcionario alegó ante Unelco- Endesa que la cédula de habitabilidad se había concedido por silencio administrativo.

La situación ha generado una orden de demolición que hasta el momento se encuentra paralizada cautelarmente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y varios expedientes en el Ayuntamiento que han caducado progresivamente y no han supuesto sanción alguna a la empresa promotora.

Todo ello a pesar de que la edificación de dos plantas –la propiedad de la pareja corresponde al piso inferior- se terminó de construir sin licencia de primera ocupación, sin cédula de habitabilidad y sin certificado de fin de obra. De hecho, la Audiencia Provincial señala en su sentencia de febrero de 2017 que el promotor -arquitecto técnico y funcionario de carrera– no puso en conocimiento de la Administración municipal el inicio de la obra para alineación y replanteo.

La Audiencia no duda de que el promotor, Francisco Javier Rodríguez Hernández, pensó que obtendría una modificación del Plan General de Ordenación de Telde y seguidamente el certificado de final de obra. Sin embargo, considera que lo anterior no cambia que ocultó hechos que "conocía plenamente" a los compradores y transmitió parte de una edificación fuera de ordenación.

El tribunal declaró resuelto el contrato de venta y ordenó a T. Servicios y Reparaciones S.L. restituir a los afectados 124.000 euros, a los que hay que sumar otros 7.000 más intereses legales. Sin embargo, la sentencia no es firme y ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo. A esto hay que añadir que a los denunciantes les ha sido denegada la ejecución cautelar de la resolución judicial en primera instancia, por lo que siguen viviendo en el mismo sitio, sin suministros formales de agua y luz y pagando la hipoteca.

"No lo sabía"

Preguntado al respecto por su versión de los hechos, el funcionario asegura que acatará la sentencia de la Audiencia, puesto que solo ha recurrido ante el Supremo la parte de la condena correspondiente a los intereses. Por lo tanto, sostiene que la resolución del contrato y la devolución del dinero se tendrán que hacer efectivos.

Reconoce que fue ocho años después de la venta, tras la resolución del órgano provincial, cuando la empresa decidió resolver el contrato de suministro de agua puesto que la vivienda “no iba a ser habitada”, extremo que no se ha resuelto todavía.

El promotor insiste en que no conocía que la casa se encontraba fuera de ordenación cuando firmó el contrato, tan solo que no contaba con cédula de habitabilidad y que el Cabildo había solicitado al Ayuntamiento una serie de informes por la carretera. Consideraba que el proceso se había hecho con todas las garantías y dos años después, cuando surgió el problema, trató de solucionarlo por la vía administrativa.

No lo vio así la Audiencia en su sentencia, puesto que según señaló, antes de elevar a pública la compraventa, el administrador de la empresa solicitó la modificación puntual del planeamiento de Telde "consciente de que conforme a la planimetría del PGOU vigente el edificio se encontraba fuera de ordenación".

“No tengo necesidad de engañar a nadie, porque nos podíamos haber quedado con esa vivienda hasta que se solucionara todo”, asevera el funcionario promotor. Al respecto, hace hincapié en que “yo lo único que quiero es que esto se solucione ya, pero no queremos causar ningún daño en absoluto. Ellos tienen derecho a que yo les devuelva el dinero y ellos a entregarla, es lo que queremos y ya está”.

El Diputado del Común ve prevaricación, la Fiscalía no

La actuación del Ayuntamiento de Telde en este caso ha sido puesta en entredicho por el Diputado del Común, que lleva años solicitando documentación del caso sin recibir, en ocasiones, una respuesta a cambio. De hecho, ha advertido a la Fiscalía de la “gestión ineficaz de ese Ayuntamiento ante la ilegalidad urbanística detectada”.

En su petición -hecha pública en su web- el defensor de los derechos fundamentales y libertades públicas de los canarios se sorprende de que el Consistorio no actuara ni precintara la obra cuando ésta se encontraba inacabada. De hecho, señala que el área de Urbanismo conocía en 2008 que el promotor y funcionario no había comunicado el inicio de la obra y, por lo tanto, el técnico municipal no había podido acudir a medir las alineaciones y rasantes. Momento en el que “debió paralizar la obra en ejecución”.

Tampoco solicitó la Administración municipal el acta de replanteo y no emitió un informe técnico hasta el 2009. Tuvieron que pasar dos años para que abriera un expediente sancionador a la empresa, procedimiento que caducó en 2011. Ese mismo año se incoó un nuevo expediente que, sin embargo, volvió a caducar en 2013 “en beneficio, de nuevo, de la entidad mercantil y en contra del interés general”.

Desde el Ayuntamiento no confirman si existe algún expediente urbanístico o de compatibilidad abierto.

El Diputado del Común señala en su escrito enviado a la Fiscalía que “la cuestión principal es si el comportamiento omisivo de los responsables del departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Telde pudiera incardinarse en el ilícito de prevaricación administrativa, u otro tipo penal, amén de que el promotor de la edificación pudiera haber ocultado deliberadamente las irregularidades urbanísticas que cometió, quizás prevaleciéndose de su puesto”.

Asimismo, advierte de que se puede haber cometido falsedad en documento público. La Fiscalía decidió no obstante rechazar la petición de momento, ya que no ve indicios de delito.

Desde el Ministerio Público han explicado a este periódico que se evidencia un retraso en las actuaciones de los funcionarios del área de Urbanismo, pero no observa ninguna actuación irregular por parte de los mismos. Asimismo, recuerda que el proceso se encuentra judicializado por diversas vías.

El promotor asegura no haber sacado ventaja de su posición de alto funcionario del Ayuntamiento de Telde y, de hecho, sostiene que él ha sido el principal perjudicado de la pasividad de la administración. "He sido más víctima que beneficiado", concluye.

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