Antivacunas bloquean un correo electrónico del TSJ de Canarias con envíos masivos contra sus medidas

Ciudad de la Justicia en Las Palmas de Gran Canaria

Canarias Ahora

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La Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado este sábado que la cuenta de correo electrónico oficial de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Adminstrativo del TSJC en su sede de Las Palmas de Gran Canaria “se vio saturada en la mañana del viernes con más de medio millar de mensajes enviados por personas contrarias a las medidas adoptadas para la prevención del COVID”.

Ante tales hechos, que afectan al normal funcionamiento del órgano judicial, el presidente de la Sala ha presentado una denuncia ante la Policia Nacional. En el comunicado del TSJC se informa de que consta que la brigada de delitos tecnológicos del Cuerpo de Policía Nacional está llevando a cabo las investigaciones tendentes a esclarecer los hechos e identificar a sus autores para depurar responsabilidades.

Asimismo, este viernes se dio a conocer que la Jefatura Superior de Policía de Canarias está investigando la supuesta existencia de amenazas e intimidaciones contra 6.339 enfermeros y auxiliares que vacunan desde diciembre de 2021 en las Islas a menores de 12 años frente a la COVID-19, como ha denunciado el Servicio Canario de la Salud (SCS).

Estos profesionales han recibido en sus correos electrónicos corporativos un documento en formato PDF con mensajes amenazantes respecto de la campaña pediátrica que desarrollan para inmunizar a la población de entre 5 y 12 años frente al coronavirus, ha confirmado este viernes el propio director del SCS, Conrado Domínguez. Estas cartas están firmadas por dos colectivos: la Asociación Nacional Sovida y la Asociación Nacional Leaders Collegue International. De hecho, el remitente de estos 6.300 mails es info@sovida.es.

Según la denuncia que investiga la Unidad de Delitos Telemáticos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, en los mensajes masivos enviados a estos sanitarios estas dos entidades les acusan de estar “cometiendo graves delitos tipificados en el Código Penal contra menores de edad”.

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