La Palma busca a familiares de desaparecidos en la Guerra Civil
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de La Palma quiere que todas las personas que sospechen que familiares suyos desaparecieron en la Guerra Civil se hagan pruebas de ADN, pues aún faltan por identificar seis restos humanos hallados en fosas de Fuencaliente.
Así lo indica el secretario de la asociación, Jorge Molina, quien explica en una entrevista que de los seis cuerpos hallados en el verano de 2006, cuando comenzaron las excavaciones en Fuencaliente, sólo dos han podido ser identificados tras cotejar su ADN con el de sus familiares vivos.
La asociación tiene la intención de seguir buscando y aprovechar el verano para realizar “algunas catas” en determinados lugares de Fuencaliente, parte de ellos en sitios “complicados”.
Jorge Molina se refiere a la búsqueda de posibles restos en un tubo volcánico, pues se cree que algunos represaliados fueron arrojados dentro, por lo que para acceder a su interior necesitarán la ayuda de espeleólogos.
La asociación calcula que hay entre 10 y 15 localizaciones en la isla en las que podría haber restos de desaparecidos durante la Guerra Civil, y Jorge Molina precisa que en La Palma hubo 52 personas asesinadas en esa época.
De hecho, los arqueólogos que trabajan con la asociación comenzaron a excavar el miércoles de la pasada semana en la zona del Pino del Consuelo, en la fosa de Fuencaliente, y dos días después accedieron a otros dos cuerpos.
A unos tres metros de distancia de esta fosa hay otros dos hoyos en los que el año pasado aparecieron tres cuerpos en cada uno.
En esta tercera fosa sólo han aparecido dos cadáveres, pero cuando los arqueólogos los extraigan intentarán profundizar en la excavación por si hubiera más restos.
También se prevé realizar catas en una zona situada a unos dos metros de distancia por si hubiera una cuarta fosa, detalla Molina.
Previsiblemente, los arqueólogos terminarán su trabajo en esta zona el viernes de esta semana y los restos se entregarán en custodia al Cabildo de La Palma hasta que se determine su identificación.
La corporación estudia el procedimiento jurídico adecuado para entregar los restos a los familiares, para lo que quizás baste con la memoria arqueológica de las excavaciones -aún no concluida- y el certificado del genetista que realizó las pruebas de ADN, lo que podría valer para que el juzgado tramite el certificado de defunción y los familiares puedan enterrar a sus parientes.
Sin embargo, la asociación quiere ampliar las muestras de ADN a más personas vivas porque parte de las que se realizaron el año pasado no dieron indicios de relación de parentesco con los restos hallados.
Las excavaciones deben hacerse además con cuidado para no destrozar elementos que puedan ayudar a los arqueólogos a precisar cómo murieron esas personas.
Al respecto, Jorge Molina explica que en los dos últimos cuerpos hallados no se encontraron objetos personales, pero entre los restos aparecidos el año pasado había una pequeña caja metálica.
La ayuda de los lugareños es vital para encontrar las fosas
La búsqueda de restos de desaparecidos durante la contienda comenzó después de que Aralda Rodríguez, presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de La Palma, contactase con el anciano Melo Pérez, quien le ayudó a localizar los restos de su padre y su tío.
Melo Pérez había oído de su padre historias acerca del lugar donde se depositaban los cuerpos y llevó a Aralda hacia la fosa donde se supone que fueron asesinados sus familiares.
Aralda se dirigió al juzgado de Los Llanos de Aridane y consiguió un permiso para excavar, lo que dio como resultado la aparición de los primeros restos humanos, el verano pasado.
Entonces, el juzgado acordó que fuera el Cabildo el encargado de realizar las excavaciones, para lo que se contrató a la empresa Arqueocanarias.
Jorge Molina agradece la colaboración de las personas mayores “que se atreven a hablar o no les importa” aportar indicios de supuestas fosas.
“Hay gente que se está enterando ahora de que puede tener familiares desaparecidos porque se lo habían ocultado”, apunta Molina, quien garantiza el anonimato para quien desee realizar las pruebas de ADN.
No obstante, señala también que se había hablado de conceder 25.000 euros para excavar 200 metros cuadrados, pero parece que el Cabildo de La Palma ha reducido este presupuesto a 9.000 euros, lo que implicaría el fin del trabajo de los arqueólogos.
A pesar de ello la asociación desea realizar unas jornadas sobre la memoria histórica en La Palma después del verano, apunta Jorge Molina, quien afirma que la represión afectó a todos los municipios palmeros excepto a Fuencaliente.
Este municipio se convirtió además en el lugar “adecuado” para desaparecer a los represaliados porque es apartado, cuenta con extensiones de pinares y vaguadas, no había carretera en la época “y si alguien grita nadie lo oye”.
Opina también que en La Palma “no hubo Guerra Civil sino una represión brutal contra los que no estaban de acuerdo con el alzamiento”, por lo que la isla vivió durante una semana “fiel a la República hasta que llegó el buque Canalejas”.
La mayor represión se produjo entre finales de 1936 y el año siguiente y posteriormente, a juicio de Jorge Molina, se trató “más de una cacería que de una contienda”.
