Los jueces de Las Palmas incluyen sus salarios en la convocatoria de huelga
Las asambleas de jueces que han decidido convocar una huelga el próximo 18 de febrero, entre las que se encuentra la de Las Palmas, han incluido en sus escritos de preaviso las reivindicaciones económicas que habían sido “aparcadas” por las asociaciones judiciales tras reunirse con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
En ese encuentro, celebrado el pasado 26 de enero, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) acordaron dejar de lado esas demandas en atención a la situación de crisis financiera y “hasta que las condiciones económicas lo permitan”.
El gesto fue agradecido expresamente por el ministro en la rueda de prensa posterior a la reunión, pero en los escritos remitidos por las asambleas de jueces al Consejo General del Poder Judicial, a Justicia y a las Comunidades Autónomas se insiste en estas reivindicaciones.
Hasta ahora, son tres las asambleas que han comunicado oficialmente su intención de ir a la huelga el próximo día 18: las de Tarragona, Las Palmas y Teruel.
Todos ellas demandan el cumplimiento de lo previsto en la Ley de Retribuciones, especialmente en lo referido al pago de las guardias, e incluyen otras demandas económicas en relación, por ejemplo, con la jubilación de los magistrados.
La asamblea de Las Palmas llega a incluir en su escrito la tabla de reivindicaciones acordada el pasado 12 de enero por la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) integrada las cuatro asociaciones judiciales, en la que se recogía la demanda de adecuación de la Ley de Retribuciones “aparcada” luego.
Entre los representantes de las asociaciones que anunciaron públicamente que renunciaban a mejoras económicas hasta que se supere la crisis figuraban los de AJFV y FJI, que el pasado viernes rompieron la unidad de acción con APM y JpD y se sumaron a la huelga del 18-F.
Las asambleas de jueces también hacen referencia a los servicios mínimos y dicen que, en caso de que ni Justicia ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los establezcan, han decidido fijar los siguientes: mantener todas las actuaciones del servicio de guardia y todas las de causas con presos o detenidos.
El CGPJ ha convocado un pleno extraordinario que se celebrará el próximo lunes y en el que el órgano de gobierno de los jueces debatirá sobre si los miembros de la carrera pueden ejercer el derecho de huelga y, en ese caso, quién debe fijar los servicios mínimos.
Por su parte, Bermejo ha dicho este martes que su departamento no es el “empresario” de los jueces y que quien tiene que dar respuesta a sus convocatorias de huelga es el CGPJ.
