La salud de 'Piedad' puede peligrar en un centro de acogida
El presidente de la Asociación para los Derechos de Niño y la Niña (Prodeni), José Luis Calvo, advirtió este lunes de los riesgos que para la salud de la niña Piedad puede tener su ingreso en un centro de acogida, tal y como ha ordenado la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
En una providencia, la Audiencia Provincial ordena al Gobierno de Canarias que en el plazo de 48 horas se cumpla el auto que ordena que Piedad sea ingresada en un centro de acogida hasta que se resuelva judicialmente si la niña permanece con su familia de acogida o es devuelta a su madre biológica.
Calvo dijo que con esta medida se pretende una ruptura traumática de la convivencia de la niña con su familia de acogida, y advirtió de que dada la patología cerebral que padece Piedad existe un peligro real de que esta medida le ocasione algún daño.
Recordó que la menor, que desde los ocho meses hasta casi los dos años permaneció en un centro, fue dada precisamente en acogida por la patología que presentaba, y puntualizó que debido a su estado de salud los médicos han aconsejado que no sufra situaciones de estrés ya que le podría ocasionar un ictus.
Calvo indicó que la Convención de los Derechos del Menor promulga el interés superior del niño, que es titular de derechos y autónomo, por lo que por encima de los derechos que pueda tener la madre biológica está el interés del menor.
La niña no es culpable de que fuera abandonada por su madre biológica, ni de que tuviera que residir en centros de acogidas y ni de que fuera acogida por una familia, que la ha hecho feliz y a la que ella siente como su única familia, dijo Calvo.
Agregó que en este caso hay que reclamar responsabilidades a otros y no a la menor y por ello, añadió, la niña es la última que debe salir perjudicada en este conflicto.
Consideró que las decisiones judiciales adoptadas en el caso de Piedad han sido injustas, y afirmó que observa una involución en la acción de la justicia en los casos de niños, ya que en lugar de primar el derecho del menor se prima el derecho de los padres.
En su opinión, Piedad está perfectamente integrada en el entorno que le ha dado su familia de acogida y esto no tiene por qué cortarse de raíz y hacer que la niña “vuelva al túnel del tiempo” y sea trasladada a un centro de acogida.
A su juicio, los ciudadanos entienden esta situación mucho mejor que algunos órganos judiciales, y ello produce cierto estado de alarma.
José Luis Calvo indicó la necesidad de hacer presión social para que Piedad no sea “arrebatada” de su entorno familiar, y dijo en que el caso de que se cometa “el atropello” y la niña sea llevada a un centro de acogida se mantendrá la presión hasta que la niña sea devuelta a la familia.
Se refirió a los informes que la asociación ha remitido a la Comisión de Justicia del Congreso y a la Fiscalía General del Estado, en la que se plantean los problemas suscitados en varios casos judiciales, como el de Piedad, con el fin de que reflexionen y se acabe de una vez con el atropello, que en su opinión, se cometen con los derechos de los niños.
Preocupación en el Cabildo de Gran Canaria
Por otro lado, el Cabildo de Gran Canaria manifestó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias su preocupación por el caso de la niña “Piedad” y alertó de que algunas familias de acogida han devuelto a los menores por miedo a que les suceda lo mismo.
El Cabildo grancanario dirigió un escrito al presidente del TSJC, Antonio Castro, en el que explica que la menor fue inicialmente acogida por la institución insular y la propuso para su adopción. El caso de Piedad ha hecho que familias que han acogido a menores los devuelvan como consecuencia de órdenes judiciales que establecen, después de meses e incluso años, que deben tener contacto con sus familias biológicas, lo que les hace temer que les suceda como a la familia preadoptiva de Piedad.
Los menores han reingresado nuevamente a la Red de Centros y Hogares de Acogimiento Residencial de Menores del Cabildo con lo que conlleva el que vivan nuevamente un abandono y las dificultades que presentarán para ser dados nuevamente en acogida, todo ello relacionado con su área psico-emocional y afectiva, explica la misiva.
Por otro lado, explica que tiene delegada, por resolución del Gobierno canario, la Guarda de 52 menores desde el año 2001 que, sin embargo no se encuentran ingresados en sus centros a la espera de que la Autoridad Judicial emita un auto para ejecutar dichas resoluciones, fundamentadas en los malos tratos y abandono que sufren, así como situaciones absentismo escolar grave, su uso para la mendicidad y problemas de drogodependencia de los padres.
Por todo ello, solicita al TSJC que no modifique el modo de vida de Piedad hasta que se resuelva el caso y que se tenga en cuenta la psicosis de inseguridad creada en las familias adoptantes, que por miedo declinan su petición, lo que supone una grave consecuencia para la oportunidad de los menores.
