''El poder público no debe ser juez de una decisión personal''
La directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez, afirmó este jueves que la reforma de la actual Ley del aborto que promueve el Gobierno de España pretende “negar la autonomía de las mujeres para decidir sobre su maternidad y criminalizarlas, al volver a someter la decisión libre y responsable de la mujer a unos supuestos tutelados”, y señaló que los poderes públicos no deben obstaculizar esta decisión personal de las mujeres.
Así se pronunció Máñez durante la inauguración de la jornada sobre Salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de los derechos de las mujeres que se llevó a cabo este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria organizada por el Instituto Canario de Igualdad.
Máñez defendió el mantenimiento de la actual legislación que reconoce el derecho a una maternidad libremente decidida y que reconoce también el derecho a la educación y a la salud sexual. Destacó que con la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo España se colocó “al mismo nivel que la mayoría de países europeos” que cuentan con leyes de plazos, y alertó de que la reforma que se plantea “volverá a generar inseguridad sanitaria y jurídica”.
La directora del ICI recordó que la Organización Mundial de la Salud lleva tiempo alertando de que cada año fallecen miles de mujeres a causa de complicaciones de abortos inseguros y muchas más sufren infecciones, infertilidad y lesiones debilitantes, y resaltó que en los países en los que existen leyes restrictivas frente a la interrupción voluntaria del embarazo no disminuyen los abortos sino que aumentan las muertes de mujeres por prácticas poco seguras.
“Se trata de un grave atropello hacia el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres”, manifestó la directora del ICI, que recalcó que la actual Ley “garantiza el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, estableciendo que su decisión personal es la causa exclusiva para la interrupción de su embarazo” e indica que los poderes públicos “deben ser garantes de este derecho y establecer las condiciones para que se adopte de forma libre y responsable y no deben convertirse en juez y jurado de una decisión que atañe a nuestra autonomía personal”.
“La reforma ideológica del PP de la Ley del aborto representa un atentado a la libertad de las mujeres y a los avances logrados en materia de igualdad de oportunidades y en materia de derechos de salud sexual y reproductiva”, subrayó Elena Máñez durante la jornada, en la que participaron representantes del movimiento asociativo de mujeres, personal educativo, social y sanitario de las administraciones publicas canarias, así como personal público de las áreas de igualdad, mujer, juventud, salud y participación.
