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Opinión - ¡Con los jueces hemos topado! Por Esther Palomera

Presentan la querella contra los médicos y el SCS

Plácido Alonso, abogado de Diego Pastrana, a quien erróneamente se le atribuyeron las lesiones de una niña de 3 años que falleció en Tenerife, ha presentado una querella criminal contra los médicos que atendieron a la menor y el Servicio Canario de la Salud como responsable civil subsidiario.

El letrado informó este martes en rueda de prensa de que la querella ha sido presentada en el juzgado de Arona (Tenerife) y es el inicio de “las llamativas y reiteradas” acciones judiciales que se habían anunciado tras la detención de Diego Pastrana, quien fue puesto en libertad al conocerse el resultado de la autopsia de la menor.

Plácido Alonso indicó que la querella se dirige contra el médico pediatra del centro sanitario de El Mojón, en el citado municipio del sur de Tenerife, y que fue el autor del informe “disparatado” según el cual la niña fue víctima de malos tratos y abusos sexuales.

La querella se extiende a los tres pediatras del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria de Santa Cruz de Tenerife que ratificaron el informe de El Mojón, excepto los términos referidos a los abusos sexuales.

También afecta la querella al Servicio Canario de la Salud (SCS), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, de la que el abogado criticó que desconoce si continúa la investigación abierta por este caso o si se ha apartado del ejercicio profesional a algún médico que trató a la niña.

La querella está fundamentada en los presuntos delitos de imprudencia profesional grave por parte de los médicos, que según Plácido Alonso “va más allá de la simple negligencia profesional”.

Además se argumenta un posible delito de falsificación en documento oficial, ya que el letrado entiende que lo que se plasma en los informes médicos efectuados a la niña está totalmente descartado en su autopsia.

Asimismo la querella se basa en un supuesto delito de acusación y denuncia falsa, que fue lo que motivó la detención como presunto autor de las lesiones del joven Diego Pastrana, pareja de la madre de la niña.

“Esto es una querella criminal con la que se pretende iniciar una investigación judicial para que se depuren responsabilidades en el ámbito penal y profesional”, añadió Alonso.

Demanda económica para pedir una indemnización

El abogado precisó que también se hará una demanda económica para pedir una indemnización que aún no se ha cuantificado, pero que va a ser “elevada” ya que “vamos a pedir hasta el último euro”.

A su juicio, sólo con la mayor indemnización se puede recompensar a Diego Pastrana del daño sufrido y que lo que el joven vivió no vuelva a ocurrir.

Alonso indicó que en unos diez o quince días se interpondrá otra querella, previsiblemente en Madrid, pues se dirigiría contra el Ministerio del Interior por la supuesta negligencia en la custodia de Diego Pastrana y el trato recibido por parte de la Guardia Civil.

Añadió que lo ocurrido ha servido para que haya una circular de la Fiscalía General del Estado en la que pide extremar el cuidado en el traslado de detenidos y su imagen ante los medios de comunicación.

Además el abogado planea una tercera querella contra los medios de comunicación, y precisó que se dirigirá contra el diario nacional “ABC”, algo que a su juicio “no admite discusión”, además de posibles acciones civiles contra otras empresas periodísticas “que han contribuido al linchamiento mediático de Diego”.

Afirmó que deslinda “totalmente” estas acciones jurídicas de las que pueda emprender Marcos García Montes, abogado de la madre de la menor fallecida, pues las de Alonso se circunscriben al daño padecido por Diego Pastrana.

Reiteró que la Consejería canaria de Sanidad ha mostrado “un desprecio absoluto” por este caso y ninguna institución ha prestado ayuda a Diego, que ha retornado a Madrid y continúa en tratamiento psiquiátrico y psicológico.

Subrayó Plácido Alonso que es contrario a que Diego Pastrana se preste a participar “en un circo mediático” pero precisó también que la situación económica del joven “es penosa” y las iniciativas jurídicas “son costosas”, por lo que “quizás” van a facilitar “alguna exclusiva”.

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