Los profesores reúnen 6.000 firmas para pedir la dimisión de Milagros Luis
El comité de huelga que defiende el proceso de homologación de los profesores públicos no universitarios presentó este viernes ante la sede de la Consejería de Educación más de 2.500 firmas, de las 6.000 reunidas, en las que piden la dimisión la consejera Milagros Luis Brito.
Los representantes del nuevo comité, que se constituyó tras el preacuerdo suscrito por las otras seis organizaciones sindicales con la Administración, reclamaron un proceso de homologación “sin contrapartidas” y rechazaron de nuevo la propuesta firmada por seis sindicatos por no responder a sus reivindicaciones y por carecer de garantías legales.
Los sindicatos EA-C, Fete-UGT, STEC y UCPE, que integran el nuevo comité, demandaron la “inmediata dimisión o cese” de la consejera de Educación por su manifiesta “incapacidad para afrontar con seriedad la demanda de homologación del profesorado canario e ”irresponsable actitud“ al insultar” a los docentes con fondos públicos“, afirmó Fernando Pellicer.
El comité informó de que se mantiene la jornada de huelga de cinco días convocada para el próximos mes de febrero y que continuarán organizando manifestaciones para defender sus “justas demandas”, explicó Marcos Álamo, miembro del comité.
Así mismo, el comité de huelga llevará a cabo una campaña informativa en los centros educativos para dar a conocer su posición en contra del preacuerdo, que será sometido a un referéndum el próximo día 30 y que, según Álamo, no prosperará.
El preacuerdo, alcanzado el pasado 13 de diciembre, prevé la celebración de esta consulta entre el profesorado.
Para el comité de huelga, los seis sindicatos firmantes suscribieron un documento que no reúne garantías jurídicas para aceptarlo y no responde a los motivos que originaron las movilizaciones que se llevan a cabo entre el profesorado.
Los diez sindicatos de educación comenzaron las movilizaciones en marzo de 2007 y desde entonces han llevado a cabo cuatro jornadas de huelga, si bien el preacuerdo dividió las posiciones sindicales.
El proceso de homologación que reivindican fue suscrito en 1991, pero se paralizó en 1995, recordó otro miembro del comité, que cifra en unos 400 euros la diferencia salarial que existe con respecto al resto de los funcionarios de la Comunidad Autónoma.
Por otra parte, los miembros del comité señalaron desconocer las medidas que prepara el Gobierno canario en materia de educación presentadas al Consejo Asesor y al Consejo Económico y Social.
Los sindicatos presentaron las firmas en la sede de la Consejería de Educación situada en la calle Primero de Mayo.