El PSOE acusa al Gobierno canario de ''jugar con el sufrimiento humano''
La diputada regional del PSOE Francisca Luengo acusó este lunes al Gobierno de Canarias de “jugar con el sufrimiento humano” al retrasar la aplicación de la Ley de Dependencia y mantener desinformada a la población sobre las prestaciones a las que tiene derecho.
En rueda de prensa, Luengo recordó que todas las familias con personas dependientes, al margen de su nivel de renta, tienen derecho a prestaciones que van de los 506 a los 811 euros mensuales.
Pero muchas no lo saben y ninguna está percibiendo la ayuda debido al retraso de nueve meses del Gobierno de Canarias en aprobar dos reglamentos imprescindibles para que los 6.402 grandes dependientes puedan ejercer sus derechos.
Luengo pidió la dimisión o destitución de la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, a la que definió como “consejera de malestar social” debido a su insensibilidad con las “personas indefensas” que tienen derecho a las ayudas de dependencia, como lo tienen a la sanidad y a la educación públicas.
Animó a todas las familias con dependientes a que reclamen esas ayudas a la Comunidad Autónoma, administración que está obligada a aplicar la Ley, para lo que recibe financiación del Estado.
Las prestaciones a las que tienen derecho los grandes dependientes pueden ser 506 euros de pago mensual y alta en la seguridad social para los familiares cuidadores de los grandes dependientes; una plaza pública en un centro residencial público; 811 euros mensuales para costear una residencia privada: o bien 811 euros al mes para un asistente personal.
“En Canarias no se están dando estas prestaciones, como ocurre en el resto de comunidades, porque el Gobierno de Canarias, intencionadamente, no facilita la información a los ciudadanos y no ha aprobado los reglamentos imprescindibles” de desarrollo de la Ley de Dependencia, según la diputada socialista.
Esos reglamentos deberían haber sido aprobados en junio y las ayudas tendrían que haber empezado a ser percibidas antes del final de 2007, pero el Gobierno de Canarias dice que aún está tramitando la normativa, denunció.
Manifestó que no sabe con qué intención retrasa el Gobierno los reglamentos. Hasta ahora ella pensaba que el Ejecutivo estaba boicoteando la Ley por motivos electorales, pero una vez que han pasado las elecciones y siguen sin publicarse los reglamentos lo atribuye a la “incompetencia”.
Francisca Luengo señaló que tanto el calendario de prestaciones como la financiación que aporta el Estado a cada comunidad autónoma fueron acordados en un consejo interterritorial, de manera que las personas clasificadas como grandes dependientes, que el Gobierno de Canarias calculó en 6.402 en las islas, tendrían que estar percibiendo las ayudas desde antes del fin de 2007.
El Gobierno central aporta a Canarias una cantidad de ocho millones de euros más el 50 por ciento de las prestaciones, y la Comunidad Autónoma tiene que completar el otro 50 por ciento, explicó.
