El 5% de los trabajadores españoles sufre acoso laboral
En torno al 5% de los trabajadores españoles, de un total que se aproxima a los diecisiete millones de asalariados, sufre acoso laboral, conocido popularmente por mobbing, un problema emergente que alcanza niveles de epidemia y que tiene importantes consecuencias de salud y económicas.
Ese porcentaje, avalado por sindicatos y empresarios, por la Unión Europea y por la propia Administración, alcanza el 15%-más de dos millones y medio de trabajadores- en el Observatorio Cisneros, primera herramienta a medida utilizada en España para evaluar la incidencia del acoso psicológico en los centros de trabajo.
Según datos de la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas (ANEPA) citados por UGT, el porcentaje se situaría en torno al 10%.
“Hay más casos de los que la gente cree pero menos de los que algunos querrían”, dijo Cristóbal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo en Jaén y director del Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales de UGT.
Ese 5% es ya “una barbaridad” para María Jacob, del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CC.OO., para quien el mobbing es, ante todo, un riesgo laboral, “y como tal hay que hacerle frente”. “Vivimos -dice- una nueva avalancha de casos, como hace cuatro o cinco años, que nos pilló desprevenidos”.
“Avalancha”
Para Iñaki Piñuel, profesor de la Universidad de Alcalá y promotor del Barómetro Cisneros, hemos pasado “de la clandestinidad a una avalancha” de denuncias, de ahí que su pronóstico para el futuro sea pesimista. “Iremos a peor”, asegura.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó en 2006 un total de 2.703 actuaciones relativas a la protección de la intimidad y dignidad de los trabajadores, en las que están incluidas las relacionadas con el mobbing, de las que se derivaron 120 infracciones y unas sanciones que sumaron cerca de 900.000 euros.
La Dirección General de la Inspección de Trabajo considera las conductas de acoso psicológico como infracción de carácter laboral, al estimarlas como actos contrarios a los derechos de los trabajadores reconocidos en el artículo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Ante el incremento de quejas recibidas en el Defensor del Pueblo por parte de trabajadores de las administraciones públicas, uno de los sectores con mayor porcentaje de casos -el 22,60% según el VI Observatorio Cisneros, desarrollado en 2005 y publicado en 2006-, la institución ha decidido realizar una investigación e instar al Ministerio de Administraciones Públicas a elaborar un protocolo de actuación.
Aunque son muchas las definiciones de mobbing, más o menos restrictivas, está comúnmente aceptada la del psicólogo Heinz Leymann, pionero en su estudio en los años ochenta del siglo pasado.
Según Leymann, se trataría de una situación en la que “una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado, sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo”.
El profesor Piñuel retrata al acosador como una persona autoritaria, de doble personalidad -“una especie de doctor Jekyll y mister Hyde”-, arrogante y paternalista, evasivo, incapaz de afrontar el fracaso y de escuchar a un subordinado, rígido y poco transparente, con frecuencia mediocre profesional.
Hombres y mujeres, según Piñuel, padecen por igual el mobbing, y mientras las mujeres acosan más a otras mujeres, los hombres lo hacen por igual a hombres y mujeres. Los trabajadores de mediana edad, con más de 10 años de antigüedad como media o en situaciones de pre-jubilación, presentan una mayor tasa de acoso.
En casi el 55% de los casos el acosador es el jefe directo, mientras que en el 12% se trataría de compañeros de trabajo, según el Barómetro Cisneros, que concluye que el mobbing multiplica por diez el riesgo de suicidio.
Según un estudio de UGT, la víctima se ve marginada, calumniada, criticada, le son designados trabajos peores o degradantes, tareas inútiles, absurdas o monótonas, o por debajo de sus cualificaciones, es cambiada de un lugar de trabajo a otro, o es sistemáticamente ridiculizada frente a superiores, compañeros o clientes.
El mobbing conlleva pues un peligro o daño a la salud, físico y psicológico -ansiedad, pérdida de autoestima, úlceras gastrointestinales y depresión son las patologías más comunes-, además de tener consecuencias negativas a nivel social y familiar.
“Cuando alguien es víctima, lo sufre también su familia, sus amigos, todos los que le rodean”, comenta Manuel Hernández, ex presidente de la Federación de Asociaciones contra el Mobbing, para quien las víctimas “ven vulnerados no sólo sus derechos laborales, también los constitucionales”. “Es vergonzoso que una democracia como la nuestra no se implique más para combatir esta lacra”, añade.
Origen del problema
La organización del trabajo, según las fuentes consultadas, estaría en el origen del problema. “Modificar y mejorar esa organización contribuirá a atajarlo, porque no se trata de una cuestión de comportamiento o carácter”, apunta María Jacob, de CC.OO.
Y aunque hay quien piensa, como Manuel Hernández, que los sindicatos y los empresarios han llegado tarde al problema, UGT y Comisiones Obreras han intensificado los esfuerzos y las medidas preventivas para hacer frente al mobbing.
“Se está haciendo prevención. Hay mucha más conciencia sobre el problema y menos tolerancia”, asegura Manuel Fidalgo, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, quien recuerda que cada vez son más las empresas que incluyen en sus convenios colectivos medidas preventivas o que elaboran protocolos “para que no pueda ocurrir o se corte de raíz si aparece”.
“Estamos en el buen camino, pero queda mucho por hacer”, opina Fidalgo, para quien es necesario que empresarios y sindicatos vayan “en el mismo barco”. “Hay que implicar a todos en la prevención”, insiste.
En una resolución de 2001, el Parlamento Europeo recomendaba ya a los Estados que obligasen a empresas y poderes públicos, también a los interlocutores sociales, a poner en práctica “políticas de prevención eficaces, a prever un sistema de intercambio de experiencias y a definir procedimientos adecuados para solucionar el problema de las víctimas de acoso y evitar que se repita”.
