Tres años de lucha de los universitarios de Bellas Artes para volver a dar clases en la FP canaria

Tres años sin poder participar en las listas de empleo público. Es lo que llevan sufriendo los titulados universitarios en Bellas Artes de Canarias. Una orden publicada en 2018 por la Consejería de Educación del Gobierno regional les exigía que completaran su grado o licenciatura con un título de Formación Profesional precisamente para impartir clases en ciclos formativos de ese nivel en especialidades como Diseño de Moda, de Interiores, Fotografía... De esta manera, podían presentarse a oposiciones y aprobarlas con su actual titulación, pero no formar parte de la ampliación de listas para cubrir plazas vacantes. Ahora, una sentencia les ha dado la razón, anulando dicha resolución y confirmando que los afectados tienen pleno derecho a “integrar las listas de empleo del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño en su condición de licenciados y graduados en Bellas Artes”. Sin embargo, la Consejería, pese a que ha confirmado a este periódico que no ha recurrido dicha sentencia, no ha procedido a solucionar el perjuicio ocasionado a estas personas. 

“Tengo una licenciatura, un máster y un posgrado, pero pese a ello me decían que no cumplía el requisito, ¿cómo es posible?”, señala una de las afectadas que integran la plataforma que se constituyó hace tres años para pelear por su derecho a acceder a estas plazas vacantes. “De la noche a la mañana, muchos nos vimos en la calle y obligados a realizar una FP para poder optar a unas listas”, aclara. Aunque a la vía judicial acudieron nueve demandantes, fueron más de 600 los excluidos de las listas con el cambio de criterio, en una resolución publicada en pleno agosto, un mes complicado para recurrir en la administración pública al coincidir con el período estival. Los afectados alegan que personas que ya habían trabajado en las escuelas de Diseño de Canarias se vieron con la imposibilidad de poder continuar accediendo a esos empleos, mientras que alumnos suyos, con el ciclo de FP, sí que pudieron cubrir esas plazas. “No pedimos que se les excluya, pero sí que se cumpla con esta sentencia”, añade otro afectado. 

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria es contundente al expresar que “los egresados y egresadas de las titulaciones impartidas en las Facultades de Bellas Artes ostentan competencia suficiente para impartir dichas especialidades” y además añade que “la modificación operada en la Orden de 2018 no se encuentra debidamente justificada y resulta arbitrara, lesionando los legítimos intereses de los recurrente que, con ello, han visto cercenada la posibilidad de acceder a las listas de empleo”. Por ello, agrega que una vez sea firme la sentencia (ya lo es al no haber recurrido la Consejería) se puede plantear “cuestión de ilegalidad”. Además, condena a la administración pública al pago de las costas. 

La resolución judicial ha tenido en cuenta además un informe pericial aportado por el decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna (ULL), Alfonso Ruiz Rallo, que tacha la situación de “injusta” y asegura que la orden carecía de “fundamentación”. Este mismo año se ha enviado otro documento desde esa universidad a la Consejería en el que se reprochaba que con ese criterio a personas que han impartido clases en las escuelas superiores de diseño en los últimos ocho años se les exige “disponer de alguna de las especialidades” que precisamente ellos mismos imparten en esos centros como docentes. En el informe se añade que con motivo de la entrada en vigor de la resolución en mayo de ese año y su materialización en agosto saltaron las “alarmas” entre los licenciados y graduados, que pidieron ayuda a la universidad. 

El decano recuerda que Canarias es la única comunidad autónoma donde esto sucede y que precisamente una de las salidas laborales de los 90 egresados al año de la Facultad de Bellas Artes de La Laguna es precisamente impartir docencia en las escuelas de diseño; que en el Archipiélago suponen un total de cinco repartidas en Lanzarote, La Palma, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. “Con esta orden, Cristina García, Premio Nacional de Fotografía, no podría impartir clases en Canarias”, señala Ruiz, que recalca que los titulados sí pueden ser docentes en otras comunidades autónomas. 

Una solución enquistada

Según se recoge en la sentencia, la Consejería de Educación avalaba su decisión en la necesidad de exigir “conocimientos específicos” para impartir cada uno de esos módulos de FP y matizaba que si estas personas “hubiesen tenido dos años de docencia en la especialidad, hubiesen podido optar a integrar las mismas”. En cuanto a que se otorgue a los títulos de técnico superior de artes plásticas y diseño un rango superior de profesionalización, apuntó que “no estamos catalogando rangos, sino valorando especializaciones”. La sentencia, sin embargo, sí acredita dicha especialización de los universitarios con el informe pericial sobre las titulaciones que oferta la Universidad de La Laguna. 

Tanto la plataforma de afectados como la ULL consideran que sí que se ha subvertido la “jerarquía académica”. Por ello, iniciaron primero conversaciones con el equipo de la consejería de Soledad Monzón (en la etapa de Coalición Canaria) pero no fueron fructíferas. Ante “la escasa predisposición por parte de dichos técnicos” a escuchar los razonamientos que justifican por qué sí podrían acceder a estas listas los titulados, se inició un recurso contencioso administrativo. La citación judicial se produjo en julio de 2019, ya con la llegada del actual cuatripartito que gobierna el Archipiélago (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera), con María José Guerra como consejera del área y Marisol Collado como directora general de Personal. Entonces, tras llegar a un acuerdo, se decidió solicitar su suspensión, para ahora proceder a constituir una mesa de trabajo en la que se trabajara en una nueva orden, según explican, mucho más completa y adaptada a las titulaciones actuales del Plan Bolonia. El decano de la Facultad y la exdirectora general de Personal confirman que sí que se avanzó en la misma y que estaban a punto de publicar el nuevo documento cuando fue cesada y sustituida por el inspector Fidel Trujillo en su cargo. 

Con el nuevo equipo al frente, la Universidad explica en un escrito que “cuantas gestiones se intentaron por parte de la comunidad universitaria desde finales del mes de julio en adelante, resultaron infructuosas” y que se sintió que “el esfuerzo de meses de trabajo, el amplio despliegue de medios por parte de todos los agentes implicados, en especial la facultad de Bellas Artes de la ULL en la persona de su decano, finalmente fue sometido al olvido, impidiendo la solución extrajudicial de la controversia”. Por ello, se continuó por la vía judicial y el pasado mes de febrero se celebró el juicio. 

La Consejería de Educación ha confirmado que no recurrirá la sentencia, pero no ha explicado qué solución se facilitará a estas personas. Desde la ULL se asegura que se ha tenido constancia, según le ha confirmado la Dirección General de Personal, de que se está trabajando en una nueva orden, pese al trabajo ya adelantado por el anterior equipo. “La comunidad universitaria viene reclamando que se respete su derecho a participar en el proceso” ya que “como institución de referencia en la docencia, en la investigación y en la innovación educativa, se considera legitimada para participar en los procesos que afecten a los derechos de sus egresados”, apunta. En este sentido, la ULL alude además a la Ley de Procedimiento Administrativo Común y al deber de la Administración de someter sus reglamentos a consulta pública. Por ello, insiste en que se tenga en cuenta a esta universidad en el proceso de negociación. La plataforma de afectados, por su parte, teme que pese a la sentencia, al trabajo realizado por el anterior equipo y a estos tres años de perjuicios la situación siga enquistada o no atienda finalmente a sus demandas.