Las víctimas olvidadas de la violencia machista: las familias y los huérfanos

Mi Sierra quemada, el fuego que todo lo arrasa. La tierra que tarda años en recuperarse y nunca consigue ser lo que fue. El sonido de la muerte, ni una hoja que baile con el viento, ni un animal que cante. Respirar cenizas que te recorren y manchan por dentro. En un homenaje a las mujeres maltratadas, la cantante Rozalén dibuja una metáfora con las consecuencias de un devastador incendio en su tierra natal, la Sierra del Segura de Albacete. Una situación que se puede trasladar al calvario que comienzan a vivir las víctimas olvidadas de la violencia machista, las familias y los huérfanos. Un crimen machista es “una bomba lapa” que entra y rompe a toda la familia. Así lo define la presidenta de la asociación Todos somos Guacy, hermana de una mujer muerta a manos de su pareja. La infinidad de procedimientos burocráticos a los que se enfrentan las familias les impide pasar el duelo por la muerte y proteger a unos menores que se quedan en el limbo con la esperanza de que alguien les ayude a encauzar su nueva vida.

Las cifras de niños en situación de orfandad por el asesinato de su madre se conocen de forma oficial desde el año 2013. Desde esa fecha hasta el pasado 13 de mayo se han contabilizado un total de 243 menores de edad. Según el informe elaborado por la Fundación Soledad Cazorla, algo más del 73% de las mujeres asesinadas en estos siete años tenía un hijo o hija. El documento detalla que desde 2005, a partir de la entrada en vigor la Ley Orgánica 1/2004, “se han producido unos 627 casos de asesinatos de mujeres que han dejado a menores huérfanos”.

El dato ofrecido por todos los medios de comunicación estos días es, cuanto menos, inquietante: 1.000 mujeres asesinadas por violencia machista desde que se inició el recuento oficial en 2003. Detrás de cada asesinato una historia y una familia que tiene que enfrentarse a un proceso para el que no está preparada y por el que no sabe por dónde comenzar a caminar. “Nunca esperas que esto te pueda suceder y la familia queda en estado de shock”, cuenta Luz Marina Rodríguez, quien tras el asesinato de su hermana Guacimara en 2013 creó la asociación Todos Somos Guacy. “Empieza un proceso muy largo de incertidumbre, de no saber lo que va a ocurrir y te ves envuelta entre profesionales, policías, forenses, psicólogos... en medio de una situación desagradable”, explica.

Es aquí donde comienza el calvario. Rodríguez recuerda que una de las primeras situaciones a las que se tuvo que enfrentar es a la solicitud de la tutoría legal de sus sobrinos, que en el momento del crimen tenían cinco y siete años. “Lo que no puede ser real es que durante seis u ocho meses estos niños no tengan tutor. ¿Cómo se hace para cambiarlos de colegio, para el DNI, para una enfermedad…?”, se cuestiona. En estos momentos la custodia de sus sobrinos está en manos de su otro hermano, pero reconoce que no fue fácil hacerse con ella. “Cuando ocurre un caso de estos tiene que ser de forma rápida y urgente, no que dependa de la presión que hagan las familias”, considera.

Una batalla tras otra. Las propiedades de la persona asesinada; si tiene una casa, un coche, si paga una hipoteca… “todo eso hay que tenerlo al día”, detalla Rodríguez, quien asegura que hasta que el seguro se hace cargo de las deudas puede pasar un proceso de seis u ocho meses por el que tiene que responder la familia. “Tienes el daño psicológico, que no puedes pasar el duelo, y el daño económico también muy importante”. Recuerda que a la hora de tratar con el banco las familias deben llevar un justificante que acredite que la víctima estaba sana y salva antes de ser asesinada y aun así “te ponen pegas”, asegura. “Cuando el seguro te cubre y te da el cheque para que vayas a liquidar las deudas, ”la sorpresa“ es que por saldar una hipoteca por anticipado tienes una penalización que tiene que cubrir la familia. Además, sostiene que hay casos en los que el seguro no se hace cargo de la deuda y si la familia decide seguir pagándola ”corre el riesgo“ de que la casa sea compartida entre los hijos y el asesino.

Rodríguez explica que en el caso de que el seguro se haga cargo de la casa, o que esté pagada, la parte de ella es una herencia y pasa por Hacienda sin ocurrir nada, pero la parte de él se vende mediante subasta pública. Si hay alguien que puje, la mitad de la casa es de los hijos de la víctima y la otra mitad de esa persona. En su caso, solicitó que fuera parte de la indemnización. A todo esto, añade que de los impuestos que genera esa vivienda tiene que hacerse cargo la familia.

Solicitar el documento que acredite a sus sobrinos como víctimas de violencia de género ha sido otra de las agonías en la vida de Luz Marina. “Vete para un lado o vete para otro. Nadie te lo sabe hacer, parece que es todo de favor”. En caso de querer cambiar los apellidos de esos niños se deben adoptar perdiendo sus derechos, las ayudas, la pensión de orfandad…, detalla. La única ayuda que tienen los menores cuando ocurre esto es un subsidio de hechos violentos. En este caso su hermana tenía su seguro de trabajo y ella misma luchó para que se bonificara a sus sobrinos, pero “cuando las dos cantidades se cruzan en Hacienda se descuenta”. “Las dos ayudas no las puedes cobrar y, ¿por qué no?, una es por asesinato y otra es porque la persona tiene su seguro”, se cuestiona la familia.

El apoyo psicológico es limitado, aunque reconoce que en Canarias “lo tenemos bastante bien”, explica que hay un tiempo en el que te lo pone la sanidad pública, pero no es específico de violencia de género en la mayoría de los casos. “Faltan medios y profesionales”, manifiesta. “Te miran los ingresos económicos y te hacen sentir mal, si yo no he hecho nada, no he asesinado a nadie ¿por qué me tengo que ver involucrada en pagar abogados, procuradores y papeles?”, se pregunta. Para Luz Marina y su familia la lucha no ha sido fácil. “En la violencia de género tienes que tocar muchos estamentos, educación, sanidad, policía... y deben coordinarse todos”.

Su objetivo es que los huérfanos de violencia machista tengan los mismos derechos para vivir que un niño que tiene padre y madre. “Tienen que mirar que estos menores tienen que tener todo cubierto”. Rodríguez asegura que es la Fundación Soledad Cazorla quien está prestando ayuda a muchas familias. “Debería ser el Estado, pero gracias a ellos hemos conseguido muchas cosas”. En los últimos tres años la fundación ha otorgado 32 becas a 16 familias de diferentes comunidades autónomas de toda España entre las que hay dos familias canarias.

La magistrada de violencia de género del Juzgado Número 2 de Instrucción de Telde, Virginia Peña, secunda el testimonio de Luz Marina. “Es una carga muy grande sobre esas familias” que se ven con “muchos frentes abiertos a la vez”, afirma. Peña considera que son muchos procedimientos que están legalmente previstos, pero reconoce la dureza de afrontarlos desde la perspectiva de una persona que está pasando un duelo. “Es realmente muy complejo lo que se viene encima. La mayoría de la gente no sabe a dónde ir, ni por dónde empezar, es normal que la gente no sepa ni cómo organizar todo esto”, reconoce.

Peña cree que en muchas ocasiones los jueces y juezas de violencia de género vuelcan todos los esfuerzos en resolver una muerte y no se percatan, hasta que alguien les da “un toque”, de que hay menores, algo que, opina, se va incluyendo en la metodología con la experiencia. “Es verdad que son los grandes olvidados, pero no creo que sea por malicia de nadie ni por ninguna razón”, afirma.

Ya lo decía Rozalén en la canción en la que dibujó una puerta violeta en la pared…Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar, un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel, los fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra…