Coalición Canaria de La Laguna recula en tres tiempos en su petición de sancionar al alcalde y al presidente del Parlamento por obras ilegales

Habrá pleno extraordinario en el Ayuntamiento de La Laguna a petición de Coalición Canaria (CC), el primer grupo en la oposición. Pero ya no tendrá la carga de profundidad que la formación pretendía cuando hizo valer su derecho a que la Corporación convoque una sesión extraordinaria para abordar las obras ilegales acometidas por el alcalde y por el presidente del Parlamento de Canarias en sus respectivos domicilios. Si inicialmente el acuerdo a adoptar era que se instara a “la apertura y tramitación urgente de sendos procedimientos sancionadores por los expedientes urbanísticos abiertos por las obras ilegales realizadas en sus viviendas por parte de los vecinos de La Laguna don Luis Yeray Domínguez y don Gustavo Matos”, Coalición Canaria ha ido reculando a medida que el secretario del Ayuntamiento ha advertido a sus concejales de que la adopción de un acuerdo en esos términos podría conducir a responsabilidades penales a aquellas personas que votaran a favor.

Por eso, el grupo municipal de CC-PNC ha ido amoldando sus exigencias a la legalidad vigente. Tras la primera petición, fechada el 18 de octubre, con una alta carga de acusación y de señalamiento de esos vecinos concretos de la ciudad, en un segundo escrito, registrado diez días después, pese a que introducía el matiz de que el acuerdo que se adoptara en ese pleno se ciñera a la “apertura y tramitación urgente de los procedimientos sancionadores urbanísticos que recoge la ley, a los casos conocidos y públicamente anunciada su no prioridad”, se volvía a insistir en señalar a los dos infractores, a los que se añadía el nombre de una tercera persona, la concejala de Cultura Yaiza López, esposa del alcalde.

Este segundo intento era reacción a un primer informe del secretario del pleno del Ayuntamiento de La Laguna, de 21 de octubre, en el que se concluía que la pretensión de Coalición Canaria de plantear “un acuerdo ad hoc sólo referido a tres vecinos vulnera el principio de igualdad, además del derecho de defensa de los aludidos”.

Según el secretario municipal, la exigencia de CC vulneraría también la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en su artículo 71,2 establece que en el despacho de los expedientes administrativos se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza“.

En la junta de portavoces del pasado 4 de noviembre el secretario municipal volvió a plantearle la misma cuestión al portavoz de CC, Jonathan Domínguez, al que advirtió de modo severo acerca de las responsabilidades en las que podrían incurrir aquellos concejales y concejalas que votaran favorablemente a un acuerdo que vulnere la legalidad vigente. “Los miembros de las corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los tribunales de justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable”, dejó por escrito el alto funcionario municipal. 

“Una cosa es la obligación de convocar, celebrar, debatir y votar en un pleno y otra cosa distinta es el contenido de los acuerdos a adoptar”, recalca en su último informe el secretario.

Estas advertencias obligaron a Coalición Canaria a presentar el mismo día 4, el pasado viernes, un nuevo escrito, el tercero, que lleva un título muy elocuente: “Reformulación de la solicitud de pleno extraordinario: apertura de procedimientos urbanísticos sancionadores”. En esta nueva petición, los concejales firmantes retiran por completo los nombres de los cargos públicos a los que dirigían sus exigencias para limitarse a solicitar del pleno que éste inste “a la Gerencia Municipal de Urbanismo a que proceda al cumplimiento de la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias que especifique que la potestad sancionadora urbanística es de ejercicio inexcusable (...) y por tanto toda denuncia por infracción urbanística (...) debe ser tramitada en el plazo de seis meses”. Y remata el escrito diciendo “que se cumpla con la citada obligación, como sucede con todos los ciudadanos en base al artículo 14 de la Constitución Española, que determina la igualdad ante la Ley”.

Sin embargo, la petición expresa de sancionar a tres vecinos concretos de la ciudad, en concreto su alcalde, su concejala de Cultura y el presidente del Parlamento de Canarias, y atendiendo también el principio de igualdad ante la ley, obligaría a la Gerencia de Urbanismo a sancionar a más de 2.000 infractores que tiene registrados en la ciudad de La Laguna.

Clavijo no abre a los técnicos de Urbanismo

La petición de pleno extraordinario para señalar a esos infractores urbanísticos la formuló Coalición Canaria 48 horas después de que se conociera a través de una noticia de Canarias Ahora que el secretario general de ese partido, senador por la Comunidad Autónoma y próximo candidato a la presidencia del Gobierno, Fernando Clavijo, tiene una piscina ilegal en el patio de su casa, situada en el casco histórico de La Laguna.

Tres semanas después de que la Gerencia de Urbanismo de la ciudad abriera expediente para verificar esas ilegalidades, sus técnicos aún no han podido acceder a la vivienda del también exalcalde de La Laguna. A una primera cita han ido sucediendo diversas excusas para no acceder a esa visita técnica. Por último, ya no atienden en el domicilio los intentos de notificación por parte del Ayuntamiento, que ha recurrido a la comunicación electrónica, cuyos plazos demorarán la inspección, en el mejor de los casos, a la semana que viene.