La oposición social a la ley de las islas verdes formaliza las denuncias ante la Comisión
La Plataforma por un Territorio Sostenible en Canarias atribuyó este viernes al “caciquismo” y a los propietarios y promotores del suelo, rústicos y turísticos, los cambios introducidos en la ley de las islas verdes (afecta a La Palma, La Gomera y El Hierro) que “contravienen lo que quiere la mayoría social” en el archipiélago.
Representantes de esa organización (con grupos ecologistas y particulares y el apoyo de algunos sindicatos y partidos políticos, no los mayoritarios en la Cámara regional, que sí fueron los que dieron el visto bueno a la modificación legislativa) entregaron esta mañana 500 denuncias contra la reciente modificación de esa ley ante la oficina de la Comisión Europea en Madrid, con cuya acción se pretende informar a las autoridades de la Unión Europea (UE) de los “incumplimientos en obligaciones” relacionados con la protección del medio ambiente y de la tutela judicial. Por esta vía administrativa, los denunciantes confían en ganar la batalla legal que en este momento se inicia y que, según ellos sostienen, debe culminar con la desautorización por parte de instancias judiciales de la UE de la modificación practicada y ya publicada en el BOC.
En rueda de prensa, el redactor de la denuncia y profesor de la Universidad de La Laguna, Santiago Pérez, explicó que esa norma de actividad turística para las islas verdes “tiene poco que ver” con la iniciativa que entró en el Parlamento, porque exceptúa más casos para poder construir en territorio rural y “vulnera el principio de desarrollo sostenible”, informó Efe.
Pérez insistió en que se pretenden introducir “figuras nuevas” para poder construir y derogar leyes medioambientales“ ya existentes, concediendo ”discrecionalidad y arbitrariedad“ a las instituciones desde los ámbitos municipales, insulares y autonómico.
El mismo portavoz dijo que la ley permite construcciones que afectarán a espacios naturales protegidos y no puede ser recurrida por los ciudadanos ante el Tribunal Constitucional, razón que obliga a hacerlo ante las autoridades europeas, que deberán ahora “verificar las lesiones” a los derechos medioambientales y a la tutela jurídica.
En opinión de Pérez, los tribunales españoles, en cuanto europeos, también pueden intervenir y suspender la norma por incumplimiento de varias directivas europeas. Además, recordó que Canarias es una región ultraperiférica y que la UE señala que hay que cuidar su patrimonio cultural y natural, así como la biodiversidad de sus espacios.
Junto a Pérez, mostraron sus opiniones Rubén Martínez y Gustavo Santana (secretario regional de UGT). El primero de estos, consejero de Sí Se Puede en el Cabildo de La Gomera, insistió en que la ley no fue consensuada y en que puede acabar con la singularidad de estas islas y sus “espacios únicos”, a la vez que masificar esos entornos.
Santana negó que tal modificación legal vaya a favorecer el empleo, y menos aún a elevar su calidad, al tiempo que alertó de la burbuja inmobiliaria, su pinchazo y su repercusión en la caída de los puestos de trabajo, frente al turismo sostenible que se desarrolla actualmente en esas islas, las llamadas verdes.
La intervención de Antonio Pérez, secretario de Comisiones Obreras en Gran Canaria, se centró en considerar que esta ley de actividad turística es un ensayo que se exportará a otras autonomías, para desregular “todas las normas que equilibran el territorio”, al poner por encima de todo algunos “proyectos puntuales”, tanto privados como públicos, que se consideren de interés del municipio, de la isla o del archipiélago.
El activista Julio Barea, de la organización Greenpeace, sostuvo que la biodiversidad de Canarias está “en serio peligro” y recordó que más del 50% del territorio y el mar de esas islas tiene alguna figura de protección ambiental.
