Caso Emmasa
Unidas Podemos acusa a la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife de impedir una prueba pericial “clave” en el caso Emmasa

Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Tenerife Ahora

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Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha acusado a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife de tratar de impedir la realización de una prueba pericial económico financiera de las cuentas de Sacyr-Emmasa, la empresa mixta que gestiona el agua en el municipio.

La formación morada considera que esa prueba es “fundamental para determinar los efectos del cobro, presuntamente delictivo, de 33,6 millones de euros”, por parte de la multinacional Sacyr y recuerda que “sin prueba pericial no hubiera habido condenas en el caso Las Teresitas, por lo que podría ocurrir lo mismo en el caso Sacyr”.

Sacyr comenzó el pasado mes de diciembre de 2022 la devolución al municipio capitalino de los 33 millones de euros que obtuvo de manera indebida entre 2007 y 2021 después de que Emmasa decidiera devolver sin ningún tipo de justificación el canon de 56 millones de euros que la empresa privada pagó en el año 2006 para hacerse de la gestión del servicio de agua de Santa Cruz de Tenerife.

El pasado 26 de septiembre de 2022, Sacyr y Emmasa firmaron un acuerdo para la devolución de esos 33,6 millones durante los próximos diez años, devueltos indebidamente desde la empresa pública a la privada, pero en el acuerdo había una cláusula que beneficiaba a la empresa: se vinculaba el reintegro del dinero a que se suba la tarifa del agua a los vecinos

El escrito de la Fiscalía del pasado día 27 de abril, sostuvo que existe la “imposibilidad material de llevar a efecto el dictamen pericial” porque su realización fue rehusada por la Intervención General del Estado, la Intervención General de la Comunidad Autónoma y, por último, por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Santa Cruz de Tenerife. Por supuesto, afirma Trujillo, no hay “imposibilidad material” de realizar el dictamen porque la documentación que se requiere está perfectamente preservada.

Asimismo, para el portavoz progresista municipal, también es muy preocupante que la Fiscalía “no se haya dignado a intervenir” en los interrogatorios a imputados y testigos en un caso “que supuso nada menos que un ingreso de 33,6 millones de euros por parte de la empresa adjudicataria de la privatización del agua en Santa Cruz de Tenerife”.

Por su parte, el pasado día 23 de mayo el Juzgado emitió un auto asumiendo la tesis de la Fiscalía y dejó sin efecto la diligencia de prueba. Ramón Trujillo, el concejal de Unidas Podemos que ejerce la acción popular, ha recurrido ese auto aduciendo que el pago indebido a Sacyr no permitió, o redujo, la generación de beneficios y la retribución del socio minoritario, es decir, el Ayuntamiento. Y, además, la alteración producida en las cuentas habría “justificado” solicitudes de revisión de tarifas, con la consiguiente subida de precios a la ciudadanía, para garantizar el restablecimiento del equilibrio económico.

Asimismo, la prueba pericial debe determinar la existencia del derecho de Sacyr a recuperar 59 millones de euros, que había pagado como precio de la concesión del ciclo del agua por 25 años. También debe esclarecer si el reflejo de esta devolución se ajusta a las normas contables, concretar el perjuicio económico causado y determinar las causas de los desequilibrios económicos aducidos por Emmasa. Se trata de información imprescindible para determinar si los hechos poseen o no relevancia penal. Por lo que, no realizar la prueba pericial, conduciría previsiblemente al archivo del caso.

El recurso presentado, el pasado día 31 de mayo, por Unidas Podemos, cuestiona la “imposibilidad material” de llevar a cabo la prueba pericial por las negativas de las tres instituciones consultadas, que han alegado razones jurídico formales para no hacer la prueba. La formación considera que se podría llevar a cabo la prueba pericial dado que la documentación contable está disponible y, asimismo, hay personal cualificado para realizarla y mecanismos legales para que el juez ordene la colaboración con la Justicia.

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