Caso Emmasa

Unidas Podemos exige el cese del secretario de Santa Cruz de Tenerife por su “papel determinante” en el caso Emmasa

El grupo de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pedido al alcalde, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), que de forma cautelar retire el cargo al secretario general del pleno municipal, Luis Prieto, después de que tres testigos del caso Emmasa hayan declarado ante el Juzgado que el papel de este funcionario -ya imputado en este proceso- fue fundamental para dar apariencia de legalidad al acuerdo adoptado en 2007 en el consejo de administración de la empresa de aguas para que la multinacional matriz (Sacyr Vallehermoso) recuperara, de forma indebida, los 59 millones que había pagado de canon por la empresa de aguas.

Así lo ha informado este miércoles 10 de mayo en rueda de prensa Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos -grupo político denunciante de este caso-, acompañado de la también concejala de esta alianza de izquierdas Dolores Espinosa. En esta causa penal hay cinco personas investigadas, entre ellos el exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo (CC), condenado a siete años de cárcel por el pelotazo urbanístico en la playa de Las Teresitas.

El caso salió a la luz en 2019 durante el breve periodo en el que la Alcaldía dejó de estar en manos de CC y pasó al PSOE, que paralizó los pagos a Sacyr al comprobar que dichos pagos, a razón de más de 3 millones anuales, eran irregulares. Años antes, en 2005, la multinacional Sacyr-Vallehermoso se quedó con la gestión del ciclo integral del agua de Santa Cruz de Tenerife, también con Coalición Canaria en el poder. La empresa ofreció un canon de 59 millones de euros (10 millones más de lo que se exigía en el pleno) por quedarse con las infraestructuras y explotarlas. Pero el acuerdo incluía que ese dinero fuera devuelto progresivamente por el propio Ayuntamiento a la multinacional, con lo que hacerse con este negocio le saldría gratis a la empresa. Con esta estrategia, en 2007 Sacyr ya había recuperado 28,2 millones de euros, casi la mitad de lo invertido.

Técnicos municipales y el Consejo Consultivo de Canarias ya han determinado que esa devolución del dinero no era legal, pese a lo cual se le pagaron 33,6 millones a Sacyr hasta que fue paralizada la operación. Se trata, según Trujillo, del “segundo caso de presunta corrupción más importante en la historia de Santa Cruz”, después del caso Las Teresitas.

El secretario, Luis Prieto, que en el momento de los hechos era director de la Asesoría Jurídica municipal y niega haber asistido al referido consejo de administración, ya se encontraba investigado en esta causa penal a raíz de que un testigo había comentado que estuvo presente en esa sesión, aunque no figura en el acta. Pero tres nuevos testigos que declararon en abril pasado ante el Juzgado han corroborado “no solo que asistió sino que coinciden en afirmar que llegó antes de la hora, con una propuesta, que explicó, para darle forma jurídica a la devolución del canon a Sacyr, que en realidad era el coste por prestar el servicio del agua”, señaló Trujillo.

El portavoz de UP tacha de “muy grave” que tres testigos “cualificados”, pues asistieron a esa reunión, “hayan señalado que el actual secretario del pleno tuviera el papel que dicen que tuvo en este acto presuntamente delictivo”. Por este motivo Unidas Podemos reclama que sea destituido de forma cautelar porque se trata de un cargo de libre designación y estamos ante una “pérdida de confianza” por la “extrema gravedad” de estos hechos.

Además, Trujillo pide al alcalde que ponga en conocimiento de esta situación a la Administración autonómica, al ser la competente para depurar responsabilidades disciplinarias de funcionarios habilitados nacionales.

Al concejal de la confluencia de izquierdas le llama la atención que el Ayuntamiento, a través de sus letrados, conoce las declaraciones de estos testigos porque está personado como actor civil. Por ello, reiteró que lamenta que Bermúdez se haya negado a que el consistorio se persone como acusación particular, ya que fue el voto particular del alcalde el que decidió la balanza en contra de personarse.

“Es un alcalde que se pone de perfil ante los presuntos delitos de corrupción”, enfatiza el edil de UP, quien subraya que, para colmo, Bermúdez “defiende a capa y espada a Sacyr”, incluso mediante un acuerdo con el Ayuntamiento por el que la multinacional devolverá el dinero en “cómodos plazos, el consistorio se compromete a no cuestionar la legalidad de la decisión de 2007 cuya ilegalidad precisamente ha motivado la apertura de una causa penal, se le permite a la empresa no cumplir con todas las inversiones previstas y prolongar el tiempo de ejecución de las pendientes”. Además, incide Trujillo, Ayuntamiento y multinacional pretendían subir las tarifas del agua“. Fue el pasado mes de noviembre, cuando el Ayuntamiento pactó con Sacyr que esta devolvería a Santa Cruz el dinero cobrado indebidamente, pero a cambio la empresa pretendía encarecer el recibo del agua a los chicharreros ”un 8% de golpe, porcentaje que el Gobierno canario ha limitado al 2,5%“, recuerda Trujillo.

Por último, el concejal anuncia que hará todo lo posible para que la gestión del agua vuelva a manos públicas, porque “el Ayuntamiento debe recuperarla, ante la desastrosa gestión privatizada” desde 2006 y durante 25 años por decisión de CC“.