Sí Se Puede reclama explicaciones al Gobierno local sobre las inversiones de 45 millones de Sacyr aún pendientes en Santa Cruz

El portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, ha vuelto al ataque con el asunto Sacyr-Emmasa y reincide al instar al alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, a que exija a esa empresa mixta controlada por Sacyr, la que presta servicios de aguas en el municipio, a la inversión de 45 millones en la capital, algo a lo que está obligada la multinacional por la mejora económica que ofertó para que le adjudicaran el citado servicio.

El grupo Sacyr también es en este momento el mejor situado para hacerse con el servicio de recogida de residuos en Santa Cruz de Tenerife, un concurso municipal que está a punto de resolverse y que tiene un coste de 21 millones de euros al año.

Arcila recordó este martes que en el año 2015 se firmó un convenio entre Sacyr y la Corporación local en el que se estableció una cantidad sensiblemente inferior a la obligada por el capítulo Inversiones propias del licitador y que, además, se ha dejado sin ejecutar la mayor parte de lo prometido en ese convenio. 

Con el fin de aclarar esta situación, el portavoz de Sí Se Puede dirige una pregunta al pleno que se celebra este viernes, 25 de mayo, en la que destaca que, una vez transcurrida más de la mitad de los 25 años previstos como duración de la concesión administrativa, es oportuno consultar qué actuaciones se han financiado con cargo a ese capítulo a fondo perdido.

El concejal ecosocialista pregunta también por el montante económico de todas esas actuaciones. Igualmente, pide el dato de la cantidad invertida por Sacyr, SA, que ha sido devuelta a la multinacional en los términos acordados en ese convenio de 2015 y según el estudio económico financiero que lo acompañó.

Arcila aseguró que esas inversiones debían ser a fondo perdido, tal y como estaba previsto en el plan de inversiones del pliego, y que ese documento fijaba la cuantía de esas inversiones en más de 31 millones de euros, a pesar de que el contrato administrativo por el que se adjudicó el servicio establecía la cantidad de 45 millones para el mismo concepto.

En detalle, las inversiones previstas en 2015 consistían, en primer lugar, en la ampliación de la existente estación desaladora y sus infraestructuras anexas para su conexión a la red de distribución de agua potable del municipio, por un coste de 31 millones de euros “y del que tenemos la certeza que no se ha invertido cantidad alguna”.

Le seguían las obras de mejora del saneamiento en Igueste de San Andrés, por un coste de 200.000 euros; la mejora del saneamiento de Taganana, con una inversión estimada de 1.200.000 euros y diversas obras de mejora en los distritos, por un coste estimado de 1,50 millones de euros. En total, se trata de una inversión de 33.790.000 euros.

Además, el portavoz de Sí Se Puede destaca que el convenio firmado entre el Ayuntamiento y Sacyr, SA, en 2015 contempla un apartado que, como ya ha denunciado el grupo municipal ecosocialista en distintas ocasiones, es completamente irregular y lesivo para los intereses municipales, al establecer que esas inversiones que forman parte de las obligaciones contractuales de la multinacional de invertir a fondo perdido serán “recuperadas” por la empresa licitadora durante el plazo de la concesión, en la forma e importes y plazos detallados en el estudio económico financiero para la viabilidad de esas inversiones que acompañó en 2015 la firma del convenio.

Arcila acusa al Gobierno municipal de complicidad con Sacyr al autorizar que “la multinacional le reclame a Emmasa la devolución de ese dinero junto a los correspondientes intereses que se devenguen, lo cual contraviene el pliego de condiciones por el que Sacyr se hizo con la empresa de aguas en lo relativo a las inversiones a fondo perdido a las que está obligada”.