Desalojados de un núcleo turístico con la promesa de volver y obligados a pagar el derribo del edificio 32 años después

Milagros aún guarda una foto enmarcada de la cocina de su casa ubicada en el edificio de once plantas IDERS, en Puerto de La Cruz, corazón turístico del norte de Tenerife. “De un día para otro, nos desalojaron” recuerda con angustia, aunque añade que siempre les prometieron que en un año y medio podrían volver. Era febrero de 1992 y, entonces, el Ayuntamiento se escudó en que el edificio estaba afectado por aluminosis y no reunía “las condiciones necesarias para considerarse habitable”. Han pasado más de 32 años desde aquel día y, ahora, después de presentar numerosos escritos y de una tediosa batalla, a sus 81 años, Milagros insiste en que le gustaría ver qué rumbo toma este caso que quita el sueño a numerosos afectados mientras el edificio se marchita, pero sigue en pie. “No voy a bajarme de la lucha nunca”, remarca. Como ella hay un total de cien propietarios que se quedaron de la noche a la mañana sin sus inmuebles, desde viviendas hasta locales de negocios (los primeros en ser clausurados). 

La pesadilla para los vecinos y vecinas del inmueble comenzó en marzo de 1991 cuando se detectó una grieta y un hundimiento en el falso techo del local número tres. Durante meses se celebraron diferentes juntas y un informe técnico recomendó el desalojo de los locales comerciales y que se efectuaran catas en el resto de pisos. Una vez ordenado el desalojo de todo el edificio, un año después se constituyó una comisión para estudiar las posibilidades. Pasaron los años y hubo familias que decidieron vender sus casas a un empresario de la zona que hoy se ha hecho con más del 30% del edificio, que se ubica en una parcela muy golosa para la especulación. Otros vecinos, sin embargo, han seguido luchando con el objetivo de que se rehabilite el inmueble. Y es en ese empeño que decidieron contactar con técnicos especializados en la rehabilitación de edificios afectados. Estos dieron una visión totalmente diferente (en esos informes se constata que la estructura está en buen estado y que los daños se concentran en las plantas baja, primera y novena). 

El informe definitivo es el que encargaron al prestigioso despacho Bureau Veritas (que realizó más de 200 catas) y detalló que “las diferentes técnicas de reparación y refuerzo así como los materiales existentes en el mercado para su aplicación en estructuras de hormigón armado plantea soluciones apropiadas a las diferentes patologías propias de este tipo de estructuras” y que “estas soluciones unidas a un fundamental correcto uso y mantenimiento permiten valorar como viable desde el punto de vista técnico la rehabilitación del edificio objeto de estudio”. Entonces, se creó una Junta con el 67% de los propietarios donde se llegó a una serie de acuerdos e iniciativas a impulsar. 

En 2003 se produce una resolución del entonces concejal de Urbanismo por la que se informa favorablemente sobre el Proyecto Básico de Rehabilitación, indicando que para iniciar las obras era necesario presentar el proyecto de ejecución. Pero ese mismo año el expresidente de la comunidad de vecinos lleva a los tribunales los acuerdos de la Junta. Un año después, empieza a complicarse la situación con un escrito de inmuebles La Quinta promoviendo la declaración de ruina del edificio y con un litigio que se inicia en la Justicia. 

Tras numerosos escritos para conseguir la licencia que les permita rehabilitar el inmueble, llega en 2005 una resolución del alcalde del Ayuntamiento por la que se declara en situación de “ruina urbanística” el edificio IDERS y se requiere a los propietarios para que procedan, a su elección, “a la completa rehabilitación o demolición de dicha edificación”. En 2010, llega un nuevo varapalo con una sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la que se estima el recurso interpuesto por Inmuebles La Quinta S.A. y se declarara la “nulidad radical y de pleno derecho” de los acuerdos adoptados por la comunidad demandada en la Junta de 2005 en lo que se refiere a la rehabilitación del edificio, así como los acuerdos adoptados en la Junta de septiembre de 2006, también con esa finalidad. 

Los años pasan y los propietarios empiezan a ver cómo sus viviendas son desvalijadas: se llevan puertas, ventanas, bañeras… Y poco a poco se convierte en un lugar lleno de basura, escombros y al que acceden personas en situación precaria a ocuparlo pese a los riesgos de los que venía advirtiendo el Ayuntamiento y a que el edificio estaba precintado. En todo momento, la responsabilidad ante cualquier incidente era de los propietarios, atados de pies y manos ya que la solución no parecía llegar. 

César es otro de los afectados. Trabaja en el extranjero aunque ha seguido muy pendiente en estos años de la evolución del caso. Heredó un piso de sus padres y compró otro que había heredado su hermana. Señala que en los primeros años tuvo que seguir abonando los impuestos como vivienda aunque después se reguló la situación y ha venido pagando como suelo. Cuenta que en una de las ocasiones le llegó un requerimiento de Hacienda porque aparecían personas empadronadas en su edificio (las personas que ocuparon el inmueble) y no constaba como que hubiera declarado que tenía esas viviendas en alquiler. 

Otro caso incomprensible en el urbanismo canario 

La abogada Irma Ferrer y el abogado Javier Díaz-Reixa representan a 22 afectados desde hace más de dos años. Aseguran que han solicitado ver el expediente completo del caso en numerosas ocasiones, sin que a día de hoy se les haya permitido acceder a toda la información. Explican que la posibilidad que existía en un principio para los afectados era plantear una reclamación por responsabilidad patrimonial, pero esta se debe interponer en el plazo de un año desde que se haya producido el daño y creen que el consistorio podrá alegar que el daño se produjo hace tres décadas cuando se desalojó a estas personas. Así mismo, otro de los inconvenientes es que una sola persona tenga el 33% de las propiedades, lo que puede bloquear la rehabilitación del edificio. Por ello, desde el principio aseguraron a los afectados que el caso es complicado tras todo lo ocurrido en estas décadas. 

Explican que, en lugar de realizarse un informe de rehabilitación tras el documento de Bureau Veritas, se ha enredado el caso en una maraña burocrática en el Ayuntamiento hasta que un empresario promoviera varios pleitos hasta lograr la extinción de la comunidad de propietarios. En esos años, el consistorio no otorgó la licencia de rehabilitación, lo que allanó el camino de quienes como es el caso de este empresario pretendía que el inmueble se declarase en ruinas. 

Los propietarios con los que ha contactado esta redacción aseguran que siempre confiaron en el Ayuntamiento y en que en algún momento se daría la licencia para rehabilitar el edificio y volver a sus casas. La abogada Irma Ferrer destaca que fue el propio consistorio el que creó un problema a los vecinos, que son los afectados y a quienes se ha hecho un daño enorme, y que 30 años después siguen sin recibir una respuesta ni una indemnización económica y “nadie ha dado la cara por esas familias”. Destaca que es muy habitual en el urbanismo canario que la ciudadanía deposite la confianza plena en las instituciones. 

Ruina inminente

En estos años se ha llegado incluso a cambiar el Plan General de Ordenación para cambiar las dimensiones del edificio y no respetar su volumetría actual. Los afectados también han temido por una idea que rondó de convertir el edificio en espacio cultural. En 2012, un informe del Gerente del Consorcio de Rehabilitación del Puerto de la Cruz concluyó que “se puede ver una nueva ordenación manteniendo la misma edificabilidad para el edificio y en el plan se da potestad incluso para darle mayor volumetría. Para ello, hay que adaptar el edificio al código técnico solucionando el problema de que el sótano no posee plazas de garaje en relación a las viviendas”. 

Finalmente, en junio de 2022, el Ayuntamiento (gobernado desde 2019 por el PSOE y la Asamblea Portuense) publicó un decreto declarando el edificio en “ruina inminente”. En enero de 2023 el consistorio concluyó que el proyecto de demolición debía ser presentado en dos meses y finalmente en enero de este año se decretó que el Ayuntamiento se hará cargo de redactar el proyecto de demolición y de derribarlo. El actual concejal de Urbanismo, David Hernández (ACP), explica a esta redacción que aún no ha recibido la contestación del Juzgado para poder entrar en el inmueble para realizar mediciones para la redacción de dicho proyecto. Indica que se hará cargo el consistorio, pero que después les repercutirá a los propietarios. “Nosotros nos hacemos responsables de seguir con el expediente, contratar el proyecto y demolerlo y después pasarles el coste a ellos”, indica.

Hernández está convencido de que ha habido “voluntad política” de resolver el problema. Afirma que ha sido un trabajo muy duro analizar todos los expedientes que se han abierto inconclusos (hay un armario lleno). La redacción del proyecto (su objetivo es tenerlo este año) costará 127.000 euros y la demolición un poco más de un millón (el precio con el que sale a licitación). 

César fue el primero de los propietarios en recibir que el edificio se declaraba en “ruina inminente”. Tanto él como los abogados insisten en ver el informe en el que se apoya el Ayuntamiento para declararlo como tal. Un total de 22 propietarios (representados por Ferrer y Reixa) recurrieron, pero afirman que nunca recibieron respuestas, por lo que César incluso acudió al Diputado del Común. 

El concejal indica que las personas que recurrieron “no entregaron ningún documento técnico que contradiga el documento técnico de nuestro decreto”. Así mismo, insiste en que los propietarios tienen el decreto de ruina inminente en el que “están literales todos los informes del expediente: el informe técnico, el jurídico, valoraciones… Ellos lo tienen todo, los plazos las responsabilidades… Todo eso lo tienen en el documento”, remarca. Asegura que a la mayoría de propietarios se les notificó sobre la ruina inminente y a quienes no se encontró se notificó en el Boletín Oficial. 

“Esto se ha trabajado con ello y en su beneficio”, defiende el concejal, que indica que ahora se va a respetar la volumetría del edificio y “lo que estamos haciendo es adelantar plazos y que sea un procedimiento trazado. Ahora mismo, la responsabilidad es nuestra no de ellos”, aclara. Señala que es un edificio privado que se desalojó “quizás sin tener la razón o justificarlo debidamente, no lo sé”, pero que en la actualidad lo que hay es un “edificio en ruinas, que tiene posibilidad de colapsar y si colapsa, hasta ahora, los responsables eran los propios propietarios (no porque lo diga esta concejalía después de 2021 sino que ellos son los responsables del mantenimiento del edificio) y si pasaba algo los responsables eran ellos hasta esa ejecución subsidiaria por la que ahora los responsables somos nosotros”. 

“Antes de este decreto todo era incertidumbre”, insiste Hernández, que recuerda que los propietarios tienen derecho sobre su suelo. “Con la declaración subsidiaria ya empieza a haber certezas: hay un responsable que ahora mismo es el Ayuntamiento, un procedimiento administrativo en curso con fechas y se empieza a ver la solución al problema”, apunta. 

Patrimonio familiar nunca devuelto

El concejal de Urbanismo remarca que es consciente que hay un patrimonio emocional que nunca va a poder devolverse a las familias. “Para los propietarios quizás esto no es suficiente porque les echaron de su casa y todo el patrimonio emocional hay que valorarlo y tener empatía”, pero insiste en que “ahora mismo, a la altura en la que está el expediente, o hacemos esto ahora o seguirá así hasta que se caiga y si se cae hay responsabilidades”. 

Los propietarios explican a este periódico que eran casas que compraron con sus ahorros. Raquel, hija de Milagros, ahora vive en Las Palmas de Gran Canaria y le apena que su madre se haya pasado desde los 50 años luchando por esta causa y espera que pueda llegar a ver una solución. Recuerda que su infancia y adolescencia en este edificio fue muy buena pues la comunidad era muy diversa e intercultural. Explica que el desalojo fue un shock para su familia que siempre la intentó mantener alejada de estos problemas, pero ahora que su madre ha cumplido 81 años intenta seguir ella también en la lucha. César indica que Milagros y Raquel son como de su familia y que cada vez que su madre (que ya no vive en la isla) regresa y pasa por delante del edificio se le estropean las vacaciones. 

César recuerda que un porcentaje de los propietarios son extranjeros, la media de edad de todos es de 80 años y que este problema lo heredarán muchos de los hijos. Ha recurrido al Diputado del Común con el objetivo de poder acceder a todo el expediente ya que cree que hay “gato encerrado” y falta de transparencia. El defensor del pueblo canario requirió de nuevo en septiembre de 2023 a Puerto de La Cruz sobre esa falta de información y desde el Ayuntamiento insisten en que sí que se dará curso, pero que es documentación delicada porque hay muchos nombres e información que no pueden facilitar por protección de datos.