Cada condenado por el mamotreto tendrá que pagar 130.000 euros para su derribo
La juez del Juzgado número 5 de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife, Beatriz Méndez, ha ordenado que se aplique el presupuesto que implica el derribo total del edificio de aparcamientos y centro comercial situado a la entrada de Las Teresitas conocido como mamotreto. A petición del Juzgado, el Ayuntamiento de Santa Cruz había elaborado varias estimaciones según el alcance del derribo que oscilaban entre los 21.000 y los 700.000 euros.
En lo que puede claramente entenderse como toda una declaración de intenciones, la juez se decanta por la demolición total, lo que supondrá que cada uno de los seis condenados, los exconcejales, Norberto Plasencia, Manuel Parejo y José Domínguez y los técnicos, Epifanio Gómez, Loreto Ariz y Candelaria Benítez, tendría que pagar de su bolsillo alrededor de 130.000 euros. No es la primera vez que la juez evidencia la forma en la que ha de cumplirse el fallo sobre el edificio cuya autoría es del arquitecto francés, Dominique Perrault. En un auto anterior utilizó las mayúsculas para dejar claro que no queda otra salida que la demolición de todo el inmueble. En aquel entonces pedía al Ayuntamiento que aclarara si encuentra alguna forma de legalizar el edificio, puerta que había dejado abierta la Audiencia Provincial. Sin embargo, la propia Corporación local ha asumido que es imposible.
La Dirección General de Urbanismo remitió un escrito al Juzgado en el que admitía que la ilegalidad del aparcamiento “es cosa juzgada” y además no es susceptible de legalización, no es autorizable y está fuera de ordenación. En el Plan General se contempla una dotación de aparcamientos pero acto seguido se apunta que tan sólo aparece de forma indicativa y orientativa pero en ningún caso vinculante. Su concreción dependería de la redacción de un futuro Plan Especial. Pero en realidad se indica que el PGO opta en este ámbito por dar plena libertad a la ordenación más detallada.
Alfonso Delgado, abogado de una de las condenadas, Candelaria Benítez, considera sin embargo que sí existe la posibilidad de legalizar el inmueble para lo cual bastaría con desarrollar esa previsión contenida en el documento. Delgado también ha criticado que uno de los denunciantes de este caso, el concejal socialista, José Ángel Martín Bethencourt, ocupe ahora el cargo de responsable de Urbanismo. Un departamento que elaboró los presupuestos para proceder al derribo con lo cual el abogado cree que se está impidiendo ejercer la defensa a Benítez. No por casualidad el abono de estas cantidades supone la suspensión de la condena. Acusa al concejal de estar utilizando criterios políticos y pide que sea Mapfre, la aseguradora del Ayuntamiento, la que pague el derribo. En el contrato se indica que deben ser abonados los gastos que se produzcan por las actuaciones en las que el Ayuntamiento actúe como promotor de obras.
