La Fiscalía pide el archivo del caso de las bajas incentivadas en los casinos públicos de Tenerife

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife se ha adherido a la petición de la defensa de Hermenegildo Hernández, exgerente de Casinos de Tenerife (empresa dependiente del Cabildo insular), de archivo del caso de las bajas incentivadas de ocho trabajadores de la sociedad en 2019 y 2020 que fue denunciado por el equipo de Gobierno del Cabildo (PSOE-CS) en el pasado mandato.

El escrito remitido al Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife, y al que ha tenido acceso Europa Press, señala que los tres casinos de Puerto de la Cruz, Las Américas y Santa Cruz de Tenerife pasaban por una situación económica “crítica”, lo que hacía imperioso bajar la masa salarial dado que estaba más de un 60% por encima de la media nacional en este tipo de instalaciones.

La documentación y los anexos elevados a la Fiscalía por el Cabildo en la pasada legislatura se refieren a las bajas incentivadas que, según el estudio realizado, “podrían calificarse como despidos disciplinarios falsos y administración desleal”, que conllevaron el pago de 1.579.945 euros en concepto de indemnizaciones. Además, el Cabildo adujo que algunos trabajadores llegaron a cobrar “una indemnización superior a su salario anual, excediendo, por tanto, la indemnización por despido objetivo” a través del procedimiento de conciliación y sin que existiera una resolución judicial que obligara a ello.

Sin embargo, el gerente, que compareció ante el juzgado en calidad de investigado, defendió que se optó por extinguir los contratos de los trabajadores que tenían “peor rendimiento”, aún a sabiendas de que era “difícil” de que fueran a prosperar los despidos.

Por ello se llegaba siempre a una conciliación previa en el Semac y, por orden del gerente, se fijaba, como criterio orientativo, que las indemnizaciones no se excedieran de un año trabajado por empleado.

Así, el importe global de las indemnizaciones abonadas fue de 292.888 euros cuando el máximo legal era 888.717,87 euros, y el coste salarial anual total de 340.199,56 euros.

La Fiscalía señala que para que exista delito de malversación debe quedar acreditado un perjuicio al erario público y en este caso concreto, lo que ha ha habido es un “beneficio” para la sociedad, mediante la reducción del montante total de los salarios, y de haber un perjuicio, ha sido de forma “imprudente”, algo que no tipifica el Código Penal.