La portada de mañana
Acceder
La celebración en el chat militar tras la carta el rey
Los expertos piden concienciar sobre los riesgos de las cenas de Navidad
Opinión - La "dictadura" contra la que merece la pena dar la vida, por Ignacio Escolar

Una funcionaria de Arona frenó un expediente urbanístico que volvía a beneficiar al promotor del centro comercial de El Camisón

Imagen de la nave capturada por Google en diciembre de 2018.

El promotor del centro comercial de El Camisón, cuya construcción investiga la Fiscalía por incumplir el Plan General de Arona y la Ley de Costas, vuelve a figurar en otro expediente urbanístico en el que se han detectado "graves irregularidades", según el criterio de la secretaria municipal que frenó su tramitación en 2018. La documentación consultada por Mírame Televisión corrobora que el Ayuntamiento tinerfeño consolidó el uso comercial de una nave industrial abandonada, ubicada en Guaza y propiedad de Diego Cano, a pesar de que la Ley del Suelo de Canarias exige cuatro años de actividad para su legalización. 

En el expediente, al igual que ocurre en el caso del centro comercial, tienen una participación decisiva el concejal Luis García (PSOE) y el jefe del Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística, Damián Hernández, exedil de Coalición Canaria en Vilaflor. Un triángulo que se repite en un procedimiento que está a la espera de que el Ayuntamiento inicie la revisión de oficio, tal y como pidió la anterior secretaria municipal en diciembre de 2018. El retraso tiene mucho que ver con la guerra abierta en el Consistorio entre concejales y funcionarios, desencadenada por la decisión del actual alcalde, José Julián Mena (PSOE), de destituir al edil de Urbanismo. 

En el procedimiento de Guaza, uno de los focos del conflicto interno, se simuló la actividad de un inmueble abandonado para legalizar su situación, ya que el edificio ocupa unos terrenos donde no cabe el uso comercial. Aunque todo ocurrió unos meses después de que se paralizara la obra del centro comercial de El Camisón, la historia de las irregularidades que rodean a la parcela se remonta a los años del exalcalde José Alberto González Reverón (Coalición Canaria).

En la calle Josefina Reverón de Guaza se ubicó en la década pasada un conocido concesionario de vehículos, de la firma Igara Renault, sobre unos terrenos de 4.000 metros cuadrados catalogados en el Plan General de Ordenación (PGO) de Arona como suelo urbanizable no programado industrial. El Ayuntamiento de Arona permitió la actividad pese a no ser compatible con la situación urbanística de los terrenos. Lejos de abrir un expediente sancionador, eran los años de las licencias ilegales que llevaron a la inhabilitación del exalcalde y de toda su Junta de Gobierno, el Consistorio aprobó en 2011 un nuevo planeamiento que legalizaba la situación de la parcela. El documento fue anulado por los tribunales en 2015.

La empresa que gestionaba el concesionario terminó por cerrar sus puertas y el nuevo Gobierno municipal, con mayoría del PSOE, mantuvo fuera de ordenación la nave industrial. En 2018 los terrenos y el inmueble, cuyo valor ronda los dos millones de euros, ya eran propiedad de la sociedad Melisofi Consulting SL, que a siete kilómetros de allí, entre las playas de El Camisón y de Las Vistas, construye un centro comercial también paralizado por irregularidades urbanísticas. El 13 de abril de 2018, nueve meses después de que se precintaran las obras del Artslife & Shopping, el administrador de la promotora, Diego Cano, solicitó al Ayuntamiento la consolidación del uso comercial de la planta baja del edificio que ocupaba Igara Renault. El 7 de mayo, el exconcejal de Urbanismo Luis García dictó una providencia para tramitar "a la mayor brevedad posible" la petición por "necesidad imperiosa".

Ley del Suelo

La maquinaria administrativa del Consistorio del sur de Tenerife se puso en marcha, en línea con la directriz del entonces edil de Urbanismo, para dar salida a la solicitud de Melisofi Consulting SL. La Ley del Suelo de Canarias permite consolidar un uso contrario al planeamiento siempre y cuando hayan transcurrido cuatro años de actividad sin que la administración haya iniciado un procedimiento para restablecer la legalidad urbanística; un requisito que no se cumplía en el caso de la parcela de Guaza, donde la nave industrial quedó en situación de abandono después del cierre del concesionario de Renault.

Las imágenes aéreas del visor de la empresa pública Grafcan corroboran que, al menos, desde el año 2014 y hasta 2019 no se llevó a cabo actividad comercial en la parcela. Fotografías de la aplicación de Street View de Google, tomadas en diciembre de 2018, muestran el abandono de la nave industrial, llena de pintadas y en estado de deterioro. 

Aunque la realidad urbanística de los terrenos, en cumplimiento de la Ley del Suelo, impedía consolidar el uso comercial, el jefe de la Sección de Edificación de la Concejalía de Urbanismo emitió un informe favorable, que fue seguido por un dictamen jurídico positivo y una propuesta de resolución. Con el apoyo de los funcionarios, el 20 de junio de 2018, solo dos meses y una semana después de que entrara la petición en el Ayuntamiento, el concejal Luis García dio el visto bueno a la solicitud del empresario Diego Cano.

Hasta el momento de la resolución del edil, ninguna luz de alerta se había encendido en la tramitación del expediente. Fue el propio promotor el que propició la intervención de la secretaria municipal, al solicitar el 2 de julio que, además de la planta baja de la nave industrial, también se consolidara con carácter compatible el sótano del edificio. La nueva petición de Melisofi Consulting SL avanzó por el trámite habitual que había seguido la primera y contó, de nuevo, con el visto bueno técnico y jurídico.

Al igual que ocurriera en la resolución inicial, los informes técnicos se sustentaron en un certificado presentado por el arquitecto de la promotora en donde se aseguraba que la nave industrial había albergado actividad en los últimos cuatro años. Un escrito de 10 de octubre de 2018 firmado por el jefe de Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística fue más allá al dejar constancia de que, tras una inspección de reconocimiento, "en el momento de la visita se realizaba en la planta baja, de manera efectiva, el uso comercial". Cuando todo parecía indicar que Diego Cano iba a obtener luz verde a su petición, el 22 de octubre de 2018 la secretaria municipal mandó a parar el procedimiento al detectar una posible causa de nulidad.

En el informe de la funcionaria se advirtió de que no había quedado confirmado el uso comercial del inmueble en los últimos cuatro años y se instó a solicitar a la promotora "cualquier documento acreditativo (...) tales como alta en el IAE, copia de contratos de suministros o facturas de proveedores". La secretaria también requirió la emisión de un informe policial sobre el estado de la parcela. 

Lo cierto es que, antes del pronunciamiento de la secretaria, la empresa ya había presentado en el Ayuntamiento recibos de luz, pero de 2014, cuando su obligación era acreditar el uso del inmueble en los últimos cuatro años. También constan en el expediente los datos da la facturación con Canaragua. En el propio documento que tenían a mano los técnicos municipales se constata que no hubo consumo de agua desde septiembre de 2013.

Melisofi Consulting SL no corrigió la situación y, el 28 de noviembre de 2018, la Policía Local emitió un informe determinante en donde concluyó que "en el mencionado lugar no existe indicio alguno de ejercer actividad" y añadió que "según los vecinos de la zona, la empresa Renault Guaza cerró hace unos siete años y desde entonces no se ha instalado empresa alguna en dicha edificación". El 3 de diciembre, la secretaria municipal emitió un nuevo dictamen para proponer "la revisión de oficio" de la resolución de junio que consolidó el uso de la parcela "por poder incurrir la misma en un vicio de nulidad de pleno derecho". El expediente entró entonces en punto muerto y el Ayuntamiento se convirtió en un polvorín.

Guerra interna

Después del golpe en la mesa de la secretaria, el jefe de Servicio de Disciplina Urbanística, que había informado a favor, emitió varios escritos en los que criticaba a la funcionaria por involucrarse en el procedimiento. La máxima responsable jurídica del Consistorio replicó en un informe firmado el 28 de marzo en el que recuerda que "si una vez examinados los expedientes, a efectos de ver si los mismos están conclusos, se observa la existencia de graves irregularidades que pudieran derivar en la invalidez del acto administrativo, las mismas se harán constar en el expediente a los efectos de evitar perjuicios graves para el interés general".

Otro técnico municipal que informó por dos veces a favor de conceder el uso consolidado, el jurista Rafael Galera, cambió de criterio al conocer las conclusiones de la Policía Local y se posicionó del lado de la secretaria. Su rectificación abrió un nuevo fuego cruzado con el área que controla Damián Hernández, lo que incluso le llevó a pedir el traslado de su puesto. En un escrito que presentó el 23 de agosto de 2019, llega a asegurar que existe una "flagrante falsedad documental obrante en el expediente, pues a pesar del certificado emitido por el técnico del interesado sobre el desarrollo del uso en los últimos cuatro años (...) era evidente el abandono de las instalaciones en el momento de la solicitud".

Galera también asevera que el arquitecto Damián Hernández, "por primera y única vez y de modo excepcional en la tramitación de los expedientes de usos consolidados", recabó "sin motivación alguna el expediente" para emitir un dictamen donde se "informaba favorablemente".

El escrito del jurista se produjo en respuesta a una providencia del concejal de Urbanismo, que ya en un callejón sin salida pidió al técnico el 5 de agosto que iniciase "el procedimiento para declarar la nulidad de la resolución" que consolidó el uso de la parcela. Galera se negó al considerar que el informe que paró el expediente fue realizado por la secretaria municipal "y no por quien suscribe", por lo que calificó la instrucción de contraria a la legalidad.

La revisión de oficio quedó fondeada en las dependencias oficiales de Arona hasta que en marzo de 2020 irrumpe la figura del abogado Felipe Campos, que comienza a reclamar al Ayuntamiento toda la documentación sobre la parcela de Guaza. El letrado llegó a interponer hasta diez escritos en el mismo sentido sin que su petición fuera atendida. Este hecho motivó la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución, que a su vez ha provocado que el juzgado solicite al Consistorio todo el expediente. 

Tras su destitución en junio de 2020, el concejal Luis García, apoyado por el arquitecto municipal Damián Hernández, informó a la Fiscalía de la existencia de una presunta red de extorsiones y apuntó a la figura del propio Campos, lo que provocó la apertura de un expediente en el Ministerio Público que se tramita en paralelo a otro iniciado de oficio por la construcción del centro comercial de El Camisón. Fuentes del Ayuntamiento aseguran que la fiscal que investiga el Artslife & Shopping ha pedido documentación en dos ocasiones, pero insisten en que no han recibido ninguna notificación por la denuncia del exedil de Urbanismo.

Con el agua al cuello, inmerso en un procedimiento de suspensión de militancia en el PSOE a raíz de la crisis urbanística de Arona, el alcalde solicitó el pasado 10 de septiembre un nuevo pronunciamiento al actual secretario del Ayuntamiento sobre la revisión de oficio del expediente. La respuesta llegó 12 días después en un informe donde se recuerda que "el fondo del asunto" ya fue abordado en los dos dictámenes emitidos en 2018 por la funcionaria que le precedió en el puesto. La pelota ha vuelto al tejado de Mena, que a día de hoy sigue sin ordenar el inicio del procedimiento para declarar la nulidad de la resolución que consolidó el uso comercial de la nave industrial de Guaza.

Etiquetas
Publicado el
23 de octubre de 2020 - 13:59 h

Descubre nuestras apps

stats