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Los redactores del Plan General de Santa Cruz intentaron borrar huellas de un presunto trato de favor a Fórum Filatélico

La Policía Judicial cree que se otorgaron unos coeficientes de edificabilidad y aprovechamientos medios "acordes a los intereses privados y no al interés general" en Valle Tahodio

Proyecto para el puerto deportivo de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife.

Proyecto para el puerto deportivo de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife.

La Policía Judicial sostiene que el equipo redactor del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife, Palerm-Tabares de Nava, pudo incurrir en un presunto delito de falsedad documental por intentar borrar las huellas de un posible trato de favor a Fórum Filatélico en Valle Tahodio.

La sospecha se basa en la existencia de dos informes contradictorios, de los cuales uno fue emitido después de que a finales de 2006 estallara el conocido como caso Fórum. Las ramificaciones en Tenerife de esta trama se extendían a la compra por parte de la entidad de los activos del proyecto de puerto deportivo de San Andrés y la urbanización de Valle Tahodio. Ambas actuaciones fueron adquiridas por Fórum Filatélico al empresario José Ana Pérez Labajos.

En este último caso, los investigadores comprobaron que en un primer informe se recoge la recalificación de rústicos a urbanos de unos terrenos situados en el espacio protegido del Parque Rural de Anaga. Sin embargo, el segundo, aunque en líneas generales es una copia literal del primero, se reduce el coeficiente de edificabilidad y de aprovechamiento medio. Otra alteración detectada es la inclusión del término "ligeramente" a la hora de justificar este incremento que tendría como excusa, "compensar suficientemente las mayores cargas al mismo".

En el primer informe se admite que el aumento de edificabilidad asignado es incluso superior al que había solicitado el empresario a través de una alegación. Una vez que estalla la trama se elimina este párrafo y se procede a una reducción de los aprovechamientos. Esta sería la versión que se tramitó ante la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). "En síntesis nos encontramos ante dos informes dispares de una misma alegación", señalan los investigadores, quienes acto seguido alertan de que se podría estar ante un presunto delito de falsedad documental.

El objetivo no sería otro sino desmontar un supuesto delito de prevaricación, al haberse concedido unos coeficientes de edificabilidad y aprovechamientos medios "acordes a los intereses privados y no al interés general". Y es que el intento de recalificar este suelo hubiese multiplicado por cincuenta su valor, al pasar de 300.000 euros a 15 millones.

El acuerdo fue finalmente anulado por la Cotmac a finales de 2010 al calificarlo de "ilegal" por no estar justificada esta recalificación desde ningún punto de vista. Pero además, todos los informes de la propia Gerencia de Urbanismo dictaminaron una y otra vez de forma negativa al convenio que se iba a firmar con Labajos. Hay que tener en cuenta que si bien Santa Cruz obtenía a cambio más de 300.000 metros cuadrados, en realidad casi todos estaban situados en laderas sin utilidad pública. Pero además, la futura urbanización se situaba en pleno parque Rural de Anaga de especial protección y bajo la supervisión del Plan Rector.

En el año 2002, Labajos se reunió con José Manuel Llorca, representante de Fórum Filatélico actualmente en busca y captura, en un hotel del Puerto de la Cruz. Fruto de aquel encuentro fue la venta de todos los activos del futuro muelle deportivo de San Andrés, otro de los asuntos investigados, y de Valle Tahodio. Labajos siguió apareciendo como propietario en ambos casos, aunque en realidad su papel más bien se correspondía al de un testaferro. Era el encargado de cerrar los acuerdos con el Ayuntamiento y Puertos.

Al principio estuvo acompañado del arquitecto Julio Aumente, pero pronto surgieron las desavenencias y éste último optó por apartarse de las negociaciones. En su despacho se encontraría en 2006 el documento en el que supuestamente se documentaba el pago de sobornos millonarios al Ayuntamiento y a Puertos.

Los terrenos de la urbanización situada en el Parque Rural de Anaga fueron vendidos por 1,2 millones. La recalificación convirtió por arte de magia 42 hectáreas de suelo rústico en urbanizable. Fórum Filatélico conseguiría un aprovechamiento de 130.000 metros cuadrados, de los que el 85% se destinarían a edificaciones de venta libre y el 15% para la construcción de residencias para la tercera edad. A este enclave se pensaba trasladar también el Colegio Hispano Inglés situado en las Ramblas.

Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y los de la unidad de planeamiento pidieron desde el principio que se estudiara la conveniencia y oportunidad de reclasificar estos terrenos, al considerar que no se daban las condiciones para ello. Finalmente, cuando explotó el caso Fórum en todo el ámbito nacional, el Ayuntamiento intentó desligarse de esta recalificación, prueba de lo cual serían los cambios introducidos por el equipo de PGO en el segundo informe analizado por la policía.

En el sumario, Aumente explica la situación de una forma gráfica: "Cuando Llorca es acusado de blanqueo de dinero de la droga, en la Isla se encendieron todas las alarmas: desde el estudio jurídico, Labajos, la Autoridad Portuaria, Alcaldía... todos, nadie quería tener relación con nada que tuviera que ver con Marbella. Nos pedían insistentemente explicaciones que como bien sabéis no podíamos dar".

Años después Labajos no sólo sigue imputado por presunto cohecho, sino que ha tenido que hacer frente a millonarias multas fiscales por la venta de los terrenos. Una por valor de 1,5 millones de euros por el impuesto de transmisiones y una sanción por fraude fiscal. El empresario aseguró que el precio declarado de la venta era ficticio, tal y como ocurrió con la práctica totalidad de los negocios cerrados por Llorca. Labajos basa su defensa en los tribunales en asegurar que nunca se llegó a efectuar la recalificación, sino que ésta era una mera expectativa. Además, la Audiencia Nacional ratificó otra sanción de medio millón de euros a Labajos por no haberse abonado en su momento el impuesto de sociedades.

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