Una concejala expulsada del PSOE hizo de enlace entre el alcalde Zerolo y un promotor inmobiliario
Herminia Gil se ha convertido en una pieza clave del entramado que se ha dado en llamar caso Fórum y que no es otro que la compra por parte de esta entidad de los activos que estaban en poder del empresario José Ana Labajos, como eran el futuro puerto deportivo de San Andrés y la urbanización de Valle Tahodio. Gil ejerció como concejal del PSOE, de cuyo partido fue expulsada cuando votó a favor de la compraventa de Las Teresitas.
A partir de ese momento, el exalcalde Miguel Zerolo la contrató como asesora. De forma paralela trabajó para Labajos con lo cual los investigadores albergan pocas dudas de que sirvió de intermediaria para que el Ayuntamiento recalificara los terrenos de la urbanización Valle Tahodio. Unas labores por las que la exconcejal llegaría a cobrar un total de 416.500 euros por varios conceptos y años. La cifra no es pequeña si se tiene en cuenta que esta operación haría incrementar el valor de este suelo de 3000.000 euros a 15 millones, al pasar de tener la categoría de rústicos a urbanos. Finalmente, los informes contrarios de la Gerencia de Urbanismo, las repercusiones del caso Fórum y la decisión de la Comisión del Territorio de Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), dieron al traste con esta operación.
Las investigaciones policiales determinaron que Gil recibió entre 1996 y 2007 dinero por parte del grupo empresarial de Labajos repartido en diferentes conceptos como nóminas, transferencias, préstamos, adelantos, gestiones varias, gratificaciones y retribuciones en especie, al estilo de pago de alquileres o del seguro autónomo. La policía detectó que existía una serie de desembolsos en mano que suman 118.072 euros que no son controlables y de ahí vendría la diferencia entre lo declarado a Hacienda y lo que realmente ingresó en sus cuentas entre 2000 y 2006.
En este grupo figuraría lo que se denominó “sobresueldos” percibidos entre 2004 y 2006 y que se incluyen en lo que se dio en llamar “compromisos adquiridos Parque Marítimo Anaga, asesoría urbanística y relación con las asociaciones vecinales son 30.000 euros anuales pagaderos en diciembre”. Sin embargo, la policía considera que en realidad se trataba del pago de comisiones ilegales por su mediación ante el Ayuntamiento de Santa Cruz a favor de Labajos.
Los abonos se llevaban a cabo a lo largo de todo el año, lo que vendría a demostrar la confianza que existía entre ambos. En el primer ejercicio se pagaron 30.196 euros; en el segundo, 32.187, y en el tercero, 40.163, lo que suma 102.647 euros. Estas cantidades fueron abonadas “libre de impuestos”, el empresario asumió el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y debieron ser recibidas “en mano” ya que no consta su ingreso en cuenta bancaria alguna.
Lo más curioso es que aunque en todo momento se habla de sueldos, en realidad la actividad laboral de Gil es calificada de “prácticamente nula”. De hecho, en una ocasión para localizarla tuvieron que enviarle un telegrama, ya que ni siquiera lo pudieron hacer “a través de una llamada telefónica o lo que sería más lógico, esperar a que acuda a su puesto de trabajo”. La policía incautó numerosa documentación en la que se demostraría que la labor de Gil era la de mediar ante el Ayuntamiento y especialmente en asuntos como la recalificación de Valle Tahodio o la construcción de una serie de viviendas en la ladera de San Andrés. En el primer caso se localizó un abono de casi 40.000 euros que se intentó esconder bajo la apariencia de salarios o pagos en especie.
En otro de los documentos intervenidos Labajos admite que ha llegado a pagarle 406.506 euros desde el año 2003 y reclama que Parque Marítimo de Anaga (PMA) se los devuelva. Pero en realidad la policía cifró en 416.488 euros la cifra cobrada por Gil, “no por el trabajo realizado como empleada sino por la mediación ante el Ayuntamiento en aras a conseguir ciertas resoluciones adminstrativas favorables para PMA, como fueron precisamente la recalificación de Valle Tahodio”. Un cúmulo de hechos detrás de los cuales a los investigadores no les cabían demasiadas dudas de que se podía esconder un posible delito de cohecho y blanqueo de dinero, por los que Gil sigue aún imputada.
En retribuciones en especie se contabilizaron 42.960 euros, en las que se incluye el pago del alquiler en el que vivía. Labajos asumió también los honorarios del abogado Miguel Cabrera Pérez Camacho, por valor de seis mil euros, aunque se considera que en este caso más bien se trató de “un préstamo”. El empresario pagó también más de ocho mil euros en concepto de IRPF, lo que supondría otra prueba de un presunto cohecho.
En el año 2002, Labajos suscribió un contrato de compraventa con Gil por una vivienda y una plaza de garaje en la urbanización La Ladera por algo más de 60.000 euros, que fueron abonados en efectivo, pese a que en aquel momento no contaba con esa cantidad. En principio este documento no era exigido cuando se trataba de cerrar alguna operación con los empleados de Labajos.
Los investigadores aseguran haber contado con información confidencial de que Gil llegó a recibir 120.000 euros por haber votado a favor de la compraventa de la playa de Las Teresitas cuando era concejal del grupo socialista, causa en la que, sin embargo, nunca ha aparecido como imputada. Después de emitir este voto fue expulsada del PSOE pero no abandonó su cargo en el Ayuntamiento. Es más, a partir de ese momento, el entonces alcalde, Miguel Zerolo, la nombró asesora. Los investigadores no creen casual que el posible cobro de este dinero por apoyar la operación de compraventa y la adquisición de la vivienda se lleve a cabo en fechas próximas entre sí.
Llamativo resultó también que el precio de la casa fuera notablemente inferior al de mercado y que podía llegar a los 201.354 euros. En total, entre 2000 y 2008 Gil habría recibido de Labajos un total de 168.033 euros, cifra que se vería notablemente incremetada con la diferencia de precio de la vivienda. A todo ello habría que sumarle lo cobrado como concejal en concepto de dietas y por su participación en la Comisión de Fiestas y en el consejo de la empresa concesionaria del servicio de aguas Emmasa.
Su hijo, José Arturo Pillado Gil, también fue investigado y como resultado se comprobó que poseía una vivienda de protección oficial en San Andrés en la que no vivía, pese a que éste era un compromiso adoptado cuando se le adjudicó. Pillado Gil pasó a ser trabajador de Emmasa.
La policía detectó un documento en el que Gil y Labajos preparaban de forma minuciosa una posible declaración ante la juez y la Fiscalía Anticorrupción. “Todo ello vuelve a evidenciar la existencia de una perfecta organización cuyo propósito es conseguir beneficios económicos mediante la consecución de resoluciones administrativas favorables para sus intereses y en los que Herminia Gil adoptaba la posición de mediadora ante el Ayuntamiento”.
Durante el registro en su vivienda se encontró un sobre con cerca de 11.120 euros pagados por el Ayuntamiento no se sabe en concepto de qué. También destaca que dispusiera en su casa de un talonario de recibos en blanco de varias compañías de taxis, lo que supondría que podía solicitar el pago de facturas falsas en cualquier momento. En el registro se encontró un fajo de billetes de 50 euros que sumaban un total de 3.000 euros que, según dijo, provenían de un préstamo, así como numerosas joyas.
Durante su comparecencia ante la juez y la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, dijo que era trabajadora de la empresa de discapacitados Simpromi, que durante su época como concejal se dedicó a atender a la gente de los barrios y que, por esta razón, después de ser concejal Zerolo la contrató como asesora de Servicios Sociales.
La diferencia entre el precio real de la vivienda y por el que finalmente la adquirió, fue justificado por la amistad que le unía con Labajos. El empresario la contrató, según dijo, por esta misma vertiente social y señaló que su labor se basaba en “darle ideas”. Negó tener cualquier relación con los casos Fórum o el de Las Teresitas, aunque admitió que sirvió para que Labajos y Zerolo se conocieran. Igualmente, aseguró que desconocía los pormenores de la operación de recalificación de Valle Tahodio.
