Es políticamente incorrecto criticar resoluciones judiciales o peticiones fiscales, pero hay casos que son tan llamativos que merecen ser comentados en profundidad. Este jueves saltará a la opinión pública la petición del Ministerio Fiscal en torno al caso Guillén, un asunto que se viene sustanciando desde principios de los años noventa en los tribunales canarios gracias al colectivo de abogados Justicia y Sociedad. Los imputados son los socialistas Carmelo Padrón y Luis Hipólito Hernández, por aquel entonces consejero y vicepresidente del Cabildo grancanario, respectivamente. Se les acusa de malversación y falsedad por haber contratado supuestamente unos camiones del empresario Guillén para una campaña de limpieza en Arucas (donde era alcalde Hernández) de una manera irregular. Al parecer se facturaron más viajes de los realizados y se produjo duplicidad en servicios por parte de los mismos vehículos. En total, una desviación de unos cuarenta millones de pesetas. La petición de la fiscal es de traca: 14 años a Carmelo Padrón por malversación y falsedad; 8 a Luis Hipólito Hernández por malversación y cuatro al empresario Guillén. Parece que más no se podía pedir. Los que conocen a Carmelo Padrón y a la ristra de chorizos que operan en esta nacionalidad de pacotilla pueden llegar a conclusiones muy sabrosas y a comparaciones odiosas. Los que conocen el famoso caso Guillén, que siempre, indefectiblemente, salta a los medios de comunicación cuando se acercan campañas electorales, se tronchan de risa cuando lo comparan con los escándalos que han sacudido a esta, van dos, nacionalidad de pacotilla. Los que conocen resoluciones judiciales, salas de vacaciones con urgencias inéditas, inacciones, archivo de querellas sin que el fiscal abra la boca, etcétera, y analizan este caso, se echan las manos a la cabeza y terminan comprendiendo tanta incredulidad de los ciudadanos hacia los poderes del Estado. Pero sigamos creyendo en la Justicia y esperemos hasta el final.