Ha vuelto a reunirse, concretamente este martes, la comisión de méritos de la función pública canaria para tratar de encajar las sentencias que pusieron en entredicho el primer concurso de méritos de la historia de la Nacionalidad, que data de 2000, aunque se resolvió en 2001. Esas sentencias obligan, como les hemos contado aquí, a evaluar de nuevo los méritos, lo que automáticamente significará que más de 600 funcionarios, tanto los que reclamaron y dieron lugar a las mentadas sentencias, como los que se unieron a las reclamaciones, verán modificaciones en sus plazas. La comisión de evaluación hizo encaje de bolillos y evaluó de nuevo en los estrictos términos que vienen en las sentencias, cruzando los dedos, eso sí, para que las otras cuatro resoluciones judiciales que quedan por llegar no les hagan desandar el camino.