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El exalcalde de Santa Brígida Antonio Díaz se enfrenta a una pena de 16 años de cárcel

El Ministerio Público le acusa de favorecer la contratación de amigos y familiares, amañar un contrato de suministro de material informático y no pagar los impuestos municipales

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Antonio Díaz, exalcalde de Santa Brígida.

Antonio Díaz, exalcalde de Santa Brígida.

El que fuera edil y alcalde del Ayuntamiento de Santa Brígida (Gran Canaria) Antonio Díaz Hernández se enfrenta a una condena de 16 años y medio de prisión como presunto autor de delitos de prevaricación, malversación, exacción ilegal y falsificación de documento.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, durante su etapa en el Consistorio, dos años como alcalde y nueve como concejal, Hernández supuestamente favoreció la contratación de amigos y familiares, amañó un contrato de suministro de material informático, que logró una empresa de su propiedad, y no pagó los impuestos municipales.

En la causa, que juzgará la Audiencia de Las Palmas la próxima semana también figuran como acusados su amigo el abogado Adolfo Llamas Sánchez y el exconcejal del PP Carlos Sánchez, quienes se exponen a posibles condenas de dos años de prisión por malversación de fondos públicos y de nueve meses por exacción ilegal de impuestos, respectivamente.

El fiscal considera que el letrado Llamas cobró del Ayuntamiento de Santa Brígida 251.106,78 euros por prestar servicios como asesor jurídico entre los años 2002 y 2007, en la gestión de personal y nóminas, sin que existiera procedimiento administrativo alguno de selección ni expediente de contratación, gracias a la amistad que le unía con Antonio Díaz.

El que fuera concejal delegado de Hacienda y Personal de 1994 a 2003, edil de Urbanismo y Vivienda de 2004 a 2005 y alcalde desde septiembre de ese año a 2007, según el fiscal, comunicó en 2002 a la gestoría Asla el cese de la actividad que tenía contratada con el Ayuntamiento y que asumió Llamas.

Además, Díaz autorizó el abono de las minutas presentadas por Adolfo Llamas por recursos y pleitos judiciales "excediendo en mucho" del precio máximo fijado, al igual que las cantidades que recibió por la gestión de nóminas y personal, sostiene el fiscal.

El Ministerio Público considera que la contratación irregular de Llamas, consistente en pactos verbales, también pudo haberse imputado al alcalde Manuel Galindo por el año 1996 y al primer edil Carmelo Vega por el 2001, como posibles delitos de prevaricación administrativa.

Sin embargo, el escrito de acusación señala que nunca se dirigió procedimiento alguno contra ambos y que los hechos están prescritos.

Según la Fiscalía, Díaz además se aprovechó, tanto de su etapa como concejal de Hacienda entre 2001 y 2003 y como alcalde para que el Ayuntamiento, siendo alcalde Carmelo Vega, para que este contratara en 2001 a Rosa N.S.; en 2002, a su nuera Encarnación S.C.; y en 2003, a Pedro José H.J. "contraviniendo de forma grosera los principios de contratación de la administración", por tratarse de amigos o familiares.

En este caso, la acusación pública también considera prescrito el delito que cabría imputar a Carmelo Vega, ya fallecido.

Otro de los hechos que atribuye el fiscal a Díaz es formar parte de una mesa de contratación del Ayuntamiento para la adjudicación del material informático por valor de 25 millones de pesetas (150.253 euros), que ganó su también amigo Antonio Hernández Armas, que era el suministrador de informática de la Autoescuela Camponuevo, propiedad del acusado.

Este concurso se hizo en octubre del año 2000, cuando era alcalde Carmelo Vega, y fue objeto de un contencioso en el que fueron desestimados los recursos interpuestos, según se expone en el escrito de acusación.

Además, de esa cantidad lograda por adjudicación, el acusado consiguió que el Ayuntamiento abonara a su amigo 136.531 euros por mandamientos de pagos efectuados mediante talón hasta 2003, pero que no se correspondían ni con suministro de material informático ni con servicios de mantenimiento, ya que en el precio de adjudicación estaban incluidos por un año.

El fiscal acusa así mismo a Antonio Díaz Hernández de ponerse de acuerdo con Carlos Sánchez para que la empresa encargada de recaudación de tributos, Mungest, no reclamara los impuestos debidos a él ni a su empresa Autoescuela Camponuevo, así como al que fuera concejal de Urbanismo, quien no pagó los tributos correspondientes a los 2002 a 2004.

En el caso de Sánchez, éste regularizó su situación con el Ayuntamiento, que dio por resuelta su deuda en 2011, por lo que el fiscal aprecia como atenuante la reparación del daño.

El fiscal acusa por último a Antonio Díaz Hernández de ocultar a la corporación, con pleno conocimiento, la titularidad de sus bienes, en concreto su condición de dueño y administrador de la empresa Autoescuela Camponuevo, así como su vivienda situada en el Camino de Las Arenillas.

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