Archivada la causa por acoso a menores contra el denunciante del caso COAG

Un auto del Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado el sobreseimiento provisional de la denuncia por acoso a menores contra Juan Carlos García Santana, el denunciante del caso COAG, la presunta explotación laboral de menores migrantes en una asociación de la que es titular el presidente de esa organización agrícola, Rafael Hernández.

El juez ha decidido dar carpetazo a la denuncia presentada por Elisa Hernández, hija de Rafael Hernández, contra Juan Carlos García, quien había sido trabajador en el centro de menores Tagoror, en Las Palmas de Gran Canaria, vinculado a la Asociación Oportunidades de Vida, que preside precisamente el líder de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Canarias.

Según la denuncia, Elisa Hernández, directora del mencionado centro, donde presuntamente fueron empleados ilegalmente diez menores migrantes, vio a García, antiguo trabajador de dicho establecimiento, acudir hasta en tres ocasiones a la hora de salida de los menores para vigilarlos y seguirlos. Hernández también acusa a García de grabar una conversación con un joven senegalés que había estado en el centro para luego entregarla a un periódico regional, y que este joven llamó al recinto diciendo que había sentido “miedo” del denunciado. Para Hernández, García “perturba a los trabajadores (...), persigue a los menores que tutela” y “acosa” en el plano mediático a la Asociación Oportunidades de Vida. El acusado negó los hechos y alegó que en los tres días señalados se encontraba en lugares distintos.

Tras las diligencias pertinentes, el juez, en un auto fechado el pasado 4 de junio, señala que no se justifica continuar con la investigación porque “en ninguna de las tres ocasiones se dice que el denunciado tuviera contacto con los menores, ni que les hubiera dicho algo o que les hiciera algún gesto limitándose (...) a permanecer cerca, ni siquiera a seguirles a escasa distancia. Dicha conducta resulta notoriamente insuficiente para atribuir alguna clase de responsabilidad penal”.

Por otro lado, el auto recuerda que existe un “grave conflicto” entre García y Rafael Hernández, por lo que “la conclusión que se obtiene”, en opinión del juez, es que “es un problema” entre ambos “ampliado porque los medios de comunicación están haciendo un seguimiento de la situación”.

La Fiscalía de Extranjería investiga a Rafael Hernández y a su hija, Elisa Hernández, por un posible delito de trata con fines de explotación laboral, según adelantó Canarias 7, ya que presuntamente habrían empleado ilegalmente a diez menores migrantes en el centro de menores Tagoror. El denunciante de ese caso es Juan Carlos García, quien trabajó ahí durante al menos un año hasta que fue despedido.

También están siendo investigados el marido de Elisa Hernández, Cristian Ruano, encargado de la finca; Manuel Redondo, secretario técnico de la COAG, y Caty Godoy, trabajadora social de la Asociación Oportunidades de Vida.