El barco del juez Lis pertenece a la sociedad con la que negó tener ninguna relación

El magistrado Rafael Lis, titular del Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, declaró en calidad de investigado el pasado martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que admitió una querella contra él interpuesta por el ex secretario del Juzgado de instrucción número 5 de Arrecife, José Ramón Vera, el primer secretario del caso Unión.

Lis debe responder por los delitos de falsedad documental, prevaricación judicial y retardo malicioso de la administración de justicia. El juez instruía, a su vez, una denuncia de uno de los principales imputados en Unión, Luis Lleó, contra Vera y contra dos agentes de la UCO.

De esta causa primero fue apartado por la Audiencia provincial, y por la misma causa fue sancionado por parte del Consejo General del Poder Judicial con seis meses sin empleo y sueldo por no haberse apartado a tiempo y admitir una ampliación de denuncia sobre los mismos hechos, que ya habían sido descartados como delictivos por el TSJC. La sanción aún no ha comenzado a cumplirla porque la ha recurrido.

Lis tenía que haberse apartado voluntariamente porque había sido recusado por el juez Pamparacuatro, que era el denunciante de la causa original, la que investigaba el robo o sustracción de autos del sumario del caso Unión. Lis había permitido en esa causa la personación de varios imputados del caso Unión en calidad de perjudicados. Entre ellos estaba Juan Francisco Rosa, que había contratado poco antes como abogada para el caso Stratvs a Margarita Alejo, esposa de Lis y administradora de la sociedad Lexislas Global. El juez Pamparacuatro recusó a Lis porque dudaba de su imparcialidad, debido a su relación con Alejo y, por lo tanto, con Rosa.

Puedes continuar leyendo en Diario de Lanzarote