La Fiscalía pide multas por 3,3 millones de euros y hasta diez años de cárcel para siete narcotraficantes en Gran Canaria

Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria

EFE

5 de abril de 2023 22:22 h

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La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ha pedido multas por un total de 3,3 millones de euros y entre seis y diez años de prisión a siete integrantes de un grupo criminal que al parecer se dedicaba a ocultar y blanquear bienes y capitales procedentes del narcotráfico.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía ha acusado a estas siete personas, residentes en Gran Canaria y de nacionalidades diversas, de ocultar el origen de los beneficios obtenidos mediante la comisión de delitos contra la salud pública en los años 2014, 2015 y 2016.

Entre las actividades ilegales realizadas, el Ministerio Fiscal destaca la introducción de grandes cantidades de dinero en circulación mediante la compra de bienes inmuebles y la apertura de cuentas y productos financieros.

También se utilizó el método conocido como “pitufeo” para captar a una red de personas que realizaran transferencias entre sí y para introducir en el tráfico cantidades menores de dinero que posteriormente eran agrupadas en Sudamérica.

En octubre de 2014, la policía sorprendió a tres de los acusados en posesión de una maleta que contenía 443.540 euros y posteriormente encontró más dinero y objetos de valor en su domicilio, adquiridos con dinero de igual procedencia.

Así, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de ese año, hicieron distribuciones en cantidad de 1.500 euros con colaboración de unas 63 personas en destino y 49 en origen. En total realizaron envíos a Sudamérica por valor de 112.629 euros.

Además, en octubre de 2014, los acusados J.E.S y J.J.M.B. compraron en un establecimiento comercial una maleta que luego, con la misma finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero, entregaron a la investigada M.I.C.Z con 77.000 euros procedentes del tráfico de drogas para que la trasladase en avión desde Las Palmas de Gran Canaria a Sao Paolom en Brasil.

Una vez allí M.I.C.Z declara que ese dinero se obtuvo de la venta de un inmueble y que iba a ser utilizado para la adquisición de un apartamento en Curitiba (Brasil).

Otra de las actividades ilegales investigadas fue la creación de un entramado empresarial con el que se daba apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas por la comisión de delitos contra la salud pública.

Entre las sociedades creadas destaca la mercantil Leana Import-Dist-Serv S.L, cuya adquisición de una vivienda en diciembre de 2014 se hizo en representación de la empresa.

A través de este entramado empresarial, que daba apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas de narcotráfico, el grupo criminal habría adquirido dos viviendas con dinero de origen ilícito, una de ellas por 150.000 euros y otra por 320.700 euros.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la sociedad Leana Import-Dist-Serv S.L solo ha desempeñado una actividad comercial que no justifica las transferencias internacionales recibidas ni la adquisición de estos bienes inmuebles.

Por otro lado, se ha ordenado la incautación de varios vehículos adquiridos según el Ministerio Fiscal con dinero proveniente de actividades delictivas, entre ellos un Nissan X-Trail, un Porsche Cayenne GTS, un Porsche Panamera M1, un BMW X6, dos BMW X3 y un Skoda Octavia. También se menciona que tres de los acusados participaron en la organización de un envío de drogas desde Brasil a Düsseldorf en 2016, el cual fue interceptado en Italia y llevaba 6,05 kg de cocaína, lo cual explicaría la procedencia del dinero.

De este modo, para el acusado M.D, se piden seis años de prisión, una multa de dos millones de euros por el delito de blanqueo de bienes y organización criminal. Para los acusados J.E.S, J.J.M.B, M.I.C.Z, G.K, A.D. y S.S se piden seis años de prisión, una multa de un millón de euros por delitos de blanqueo de bienes y otros cuatro años de cárcel por organización procesal.

Por último, la mercantil Leana Import Dist-Serv S.L se enfrenta a una multa de cinco años a razón de 365.000 euros y Fiscalía ha pedido su disolución como empresa mercantil. 

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