La justicia obliga a revisar el nombramiento del jefe de Policía de San Bartolomé de Tirajana

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tendrá que revisar el último nombramiento del actual jefe de la Policía Local, Isidro Armas. En una reciente sentencia, la magistrada sustituta del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado la demanda de un subcomisario del municipio sureño y ha obligado a la administración local a tramitar y resolver la reclamación que presentó en 2019 contra el decreto por el que se convocó la plaza de comisario, firmado en septiembre de 2014 por el entonces alcalde de la corporación, Marco Aurelio Pérez (Partido Popular- Agrupación de Vecinos). 

La resolución judicial, fechada el 2 de marzo, el mismo día en que se celebró la vista, ordena al Ayuntamiento, ahora gobernado por un cuatripartito (PSOE, NC, CC y Ciudadanos), retrotraer las actuaciones y recabar un informe del Consejo Consultivo de Canarias, un trámite preceptivo que el gobierno local se saltó a la hora de rechazar la reclamación. El subcomisario había solicitado la denominada “revisión de actos nulos” al considerar que el alcalde había incurrido en una flagrante infracción al convocar la plaza por el sistema de turno libre, lo que permitió que se presentara Isidro Armas, inspector de la Policía Nacional desde 2008, y no mediante promoción interna, la fórmula prevista para la provisión de los puestos de comisario tanto en la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, de 1997, como en la del Cuerpo General de la Policía Canaria, aprobada en 2008. 

La revisión de actos nulos es un procedimiento excepcional que permite a las administraciones en determinados supuestos rectificar sus propias actuaciones, de oficio o a petición de un interesado, siempre que incurran en una irregularidad que determine su nulidad de pleno derecho y que se hayan agotado los plazos formales para poder recurrirlas. 

En este caso, hay un procedimiento judicial previo, abierto tras el recurso presentado por Comisiones Obreras (CCOO). El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de la capital grancanaria dio la razón al sindicato en primera instancia. En una sentencia dictada en abril de 2017, anuló el acto impugnado, la convocatoria para cubrir la plaza de jefe de la Policía Local. Sin embargo, dos años y medio después, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) revocó esa resolución y salvó el nombramiento de Armas como comisario por razones meramente formales y sin entrar en el fondo del litigio, al entender que la organización sindical no estaba legitimada para recurrir porque había formado parte de las negociaciones para la convocatoria de Oferta de Empleo Público y había consentido su aprobación. En esa resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo precisaba que CCOO sí había instado al grupo de gobierno a sacar esa plaza mediante promoción interna, pero que posteriormente “esa salvedad no se mantuvo ni se persistió en ello” ni los sindicatos hicieron oposición. 

Se da la circunstancia de que esa misma sala había resuelto apenas tres meses antes otro recurso, precisamente formulado por Isidro Armas, contra las bases para la designación de tres plazas de comisario en Las Palmas de Gran Canaria y había expuesto en su hilo argumental, aludiendo a la normativa autonómica, que los puestos de comisario principal, comisario, inspector y subinspector en los cuerpos de Policía Local del Archipiélago solo pueden ser ocupados mediante promoción interna, “excluyendo cualquier posibilidad de acceder a los citados empleos por el turno libre”. Es decir, la misma tesis que respaldó la jueza que resolvió en primera instancia el caso de San Bartolomé de Tirajana. También el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, y un abogado del Ayuntamiento, en la actualidad jefe de la asesoría jurídica, habían advertido al alcalde antes de que aprobara la polémica convocatoria de la imposibilidad de utilizar un procedimiento abierto, de libre concurrencia, para proveer esa plaza. 

A finales de 2019, después de que se cerrara la vía abierta por CCOO, un subcomisario de la localidad sureña, Arquímedes Martel, solicitó la revisión de actos nulos con el mismo argumento de fondo: el incumplimiento de la normativa autonómica. Pretendía así tumbar el decreto del alcalde y, por tanto, anular el procedimiento y el nombramiento del comisario. El Ayuntamiento no atendió esta reclamación, por lo que el subcomisario acudió a los juzgados para denunciar la inactividad de la administración. Es esa demanda la que ha propiciado la reciente sentencia, que aún se puede recurrir y que obliga al Ayuntamiento a tramitar la reclamación del subcomisario, previo informe del Consejo Consultivo, un órgano que debe ofrecer a la administración local “elementos de juicio suficientes para que adopte la decisión que corresponda con las máximas garantías jurídicas”. La consulta es preceptiva, pero sus conclusiones no son vinculantes. 

El proceso selectivo elegido es la principal irregularidad denunciada, pero no la única. CCOO ya había advertido de que, en el momento del nombramiento, Isidro Armas no cumplía otro de los requisitos para poder presentarse, el de haber desempeñado el cargo de subcomisario durante dos años. También ha habido controversia sobre su formación. Para el puesto de comisario se exige ser licenciado. El jefe de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana tiene dos diplomaturas (en Ingeniería Técnica y en Ciencias Policiales) y sostiene que esta segunda titulación, obtenida en la Universidad de Salamanca, equivale a una licenciatura, interpretación que no comparten compañeros de profesión, que recalcan que ese diploma se restringe al ámbito de las convocatorias de promoción interna del Cuerpo Nacional de Policía y no es compatible con el acceso a la escala superior de las Policías Locales de Canarias. Además se cuestiona la conformación del tribunal y los cambios introducidos por alcalde para, supuestamente, favorecer la designación de Armas.

El inspector de la Policía Nacional accedió por primera vez a la jefatura de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana en marzo de 2013, cuando tenía 33 años, a través de una comisión de servicios, una fórmula que levantó ampollas en el municipio y entre sus colegas, que denunciaron que el Ayuntamiento había utilizado una fórmula “ilegal” (no se permiten los traslados en comisión de servicio de un cuerpo de seguridad de ámbito estatal a uno local) para enmascarar lo que calificaban como una designación “a dedo”. El “ruido mediático”, como el propio Armas lo definió en su declaración en sede judicial, provocó que Marco Aurelio Pérez revocara ese nombramiento apenas 35 días después, aunque de inmediato lo colocó como asesor de seguridad, con un sueldo de unos 60.000 euros anuales, antes de convocar el concurso cuya legalidad se sigue cuestionando. 

Esos sucesivos nombramientos entre 2013 y 2016 fueron objeto de una denuncia contra Marco Aurelio Pérez por prevaricación administrativa. Fue archivada de forma provisional la pasada semana por la titular del Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana, aunque esta decisión ha sido recurrida por las acusaciones. El denunciante de esta causa es el empresario Juan Manuel Pérez León, una de las tres personas (junto al subcomisario Martel y a otra comisaria que ejerce en las Islas) que ha solicitado la “revisión de actos nulos” para el procedimiento y posterior nombramiento del comisario de Tunte. 

Por otra parte, Isidro Armas ha sido excluido del proceso selectivo para ocupar la plaza de comisario principal de la capital grancanaria, al que se había presentado. Según publica el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas de este miércoles, ha quedado fuera por no ser funcionario de carrera del Ayuntamiento capitalino, no pertenecer al empleo de comisario del cuerpo de la Policía Local de este municipio con una permanencia mínima de dos años y no haber aportado ni el documento acreditativo del abono de las tasas de examen ni el currículo. La única aspirante admitida ha sido, por tanto, Carmen Delia Martín Mederos, la actual jefa de la Policía Local, que además ha sido recientemente ratificada en su puesto después de que la justicia desestimara el recurso presentado por su antecesor en el cargo, Carlos Saavedra Brichis.