Los mensajes de Kokorev a altos cargos del Gobierno de Obiang: “Nos echarán una mano, van a hacer la vista gorda”

Ocultar la naturaleza militar de los contratos negociados y ejecutados con el Gobierno de Guinea Ecuatorial era, a tenor de los mensajes remitidos a altos cargos del gabinete del presidente Teodoro Obiang, una de las obsesiones del ciudadano ruso afincado en Canarias Vladimir Kokorev, a quien la Fiscalía Anticorrupción considera el cabecilla de una trama para el blanqueo de capitales con origen en el tráfico de armas con el país centroafricano. “Bajo ningún concepto, por motivos de seguridad, podemos definir el nombre de los artículos exportados y especificar el carácter de la carga como nos exige el Riggs Bank” de Nueva York (entidad financiera en la que tenía su cuenta el Tesoro Público de Malabo), advierte en una de las comunicaciones halladas por los investigadores tras el registro realizado en su apartamento en el Paseo de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria. 

Entre el material indiciario recabado por Anticorrupción para pedir a la jueza instructora de la causa la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, el paso anterior a la celebración del juicio oral, figuran mensajes enviados y anotaciones incautadas a Kokorev en plena negociación con los funcionarios de Guinea Ecuatorial en las diferentes operaciones realizadas entre 1999 y 2013. Unas actuaciones que, según el fiscal, reportaron unas ganancias ilícitas de 109 millones de euros a los muñidores de la trama.

En una comunicación fechada en agosto de 2002, el investigado se dirige a Fausto Abeso, yerno de Obiang y director general del gabinete militar, para darle indicaciones sobre la redacción de una carta que el alto cargo debía enviar a una compañía ucraniana de venta de armas, Ukraviazakaz. Al frente de esta empresa se situaba Vladimir Evdokymov, con quien Kokorev mantuvo vínculos comerciales y “una estrecha conexión” y que sería posteriormente condenado por tráfico y contrabando de armas, por la venta a China e Irán misiles crucero con capacidad de carga nuclear. En ese mensaje, Kokorev orienta a Abeso y le advierte de que en la misiva debe hacer constar que la compra está destinada a la compañía estatal de aviación civil (UTAGE), que no debe firmar como cargo militar y que tampoco puede usar la palabra militar en el sello de Presidencia. 

Dos meses después, vuelve a contactar con el yerno de Obiang, al que llama “amigo Tito”, para anunciarle que se había “tomado la libertad” de negociar en nombre del Gobierno de Guinea Ecuatorial con la agencia estatal ucraniana Ukrspecexport, dedicada a la exportación de armamento y suministros militares, para fijar las condiciones de la formación de pilotos de los helicópteros de combate Mi24 previamente adquiridos en la exrepública soviética. “Están dispuestos a echarnos una mano. Van a hacer la vista gorda si empezamos en un centro de formación del Ministerio de Aviación Civil. Podemos enviar la cantidad de pilotos que queramos”, escribe Kokorev antes de detallarle el plan. “Cuando los cadetes terminen el curso básico de dos años y reciban la licencia de piloto de helicóptero, pueden acceder al curso de dos meses de especialización de piloto de combate”. 

Según se desprende de la documentación incautada en su domicilio de Las Canteras, Kokorev mantenía informados a los funcionarios y militares de alto rango guineanos de todos sus movimientos. Uno de los episodios que recoge el extenso informe elaborado por el fiscal Javier Ródenas es el de la compraventa del buque Djibloho a una empresa panameña. También en esa ocasión el investigado se comunica con Fausto Abeso, a quien le propone un trato para repartirse 700.000 dólares de comisión. Las cantidades que recoge ese escrito coinciden con las que figuran en movimientos bancarios ejecutados con posterioridad desde empresas controladas por Kokorev a cuentas personales. 

Los “numerosos” archivos informáticos incautados en esos registros domiciliarios evidencian, a juicio del Ministerio Público, que Kokorev actuaba “en plena connivencia” con los funcionarios de Guinea Ecuatorial e inflaba el precio de los contratos para la adquisición de armas y material militar de doble uso (camuflado bajo otros conceptos), asignándoles un sobrecoste de en torno al 30 o al 40% del importe. De ahí salían las millonarias comisiones. Los fondos “desfalcados” de las arcas públicas eran desviados a las cuentas personales de miembros del Gobierno guineano o de personas vinculadas al Ejecutivo, sostiene la Fiscalía.

En referencia a la operación de compraventa del buque militar Djibloho, el ciudadano ruso escribe a su interlocutor, el alto cargo del país africano, a propósito de las comisiones: “Entiendo que preferirían cobrar todo de una vez. Yo también. Pero ya te he explicado sobre Stefanov (administrador de la empresa vendedora). Es buena persona, pero en lo que se refiere al dinero, tiene sus reglas que nunca se salta (...) Por eso le mantenía desinformado (de supuestos problemas con una transferencia desde la cuenta pública guineana). Hay cosas que a él es imposible de explicar. Siempre paga las comisiones después de cobrar todo el dinero. Por eso prefiero pagar de mi bolsillo para no entrar en discusiones con él”. 

Ya en 2004, Kokorev confiesa a “Tito” su preocupación por la posibilidad de que el Banco Riggs de Nueva York haya obtenido un contrato de venta de armas a Guinea con su firma. “¿Tienen ese contrato o es un farol? (...) Creo que detrás de la oposición hay alguna poderosa fuerza financiera que está tratando de involucrar al Gobierno español en este asunto”, advierte el ciudadano ruso. Cabe recordar que esta causa se inicia a raíz del descubrimiento, por parte de una subcomisión del senado de Estados Unidos, de transferencias por valor de 26,4 millones de dólares desde la llamada “cuenta del petróleo” que el Tesoro Público de Guinea tenía en el Banco Riggs a la empresa Kalunga, de Kokorev. 

Los beneficiarios de la trama

A partir del estudio de las cuentas bancarias, los movimientos financieros y las anotaciones en los archivos, la Fiscalía Anticorrupción llega a la conclusión de que, además de Kokorev y sus colaboradores en Canarias, se beneficiaron de la trama cinco altos cargos guineanos.

 Uno de ellos, el propio Fausto Abeso, a quien se le abonó por orden del presunto cabecilla casi dos millones de dólares entre 1999 y 2004 en cuentas de España, Suiza y Francia, según el informe. Entre las operaciones en las que aparece vinculado destaca la de compraventa para el Gobierno guineano del buque militar Hermosa, rebautizado como Mikue, por el que habría percibido más de medio millón de dólares de comisión. El barco fue adquirido por Kalunga, sociedad administrada por Kokorev, a una sociedad italiana por 1,8 millones de euros y vendido al Gobierno de Guinea por 7,8 millones. Es decir, un sobrecoste de cerca de seis millones de euros de los que Abeso se habría llevado más de medio millón. 

Esta transferencia, relata el fiscal, se trató de encubrir con la supuesta venta de otro barco, llamado Bonita, por parte del alto cargo guineano a la empresa de Kokorev. Todo era “una fachada de legalidad impostada”. Y es que ese buque ya pertenecía a Kalunga, que lo había comprado cuatro años antes a una empresa radicada en Delaware. De hecho, el documento para tratar de justificar la operación de Abeso es un copia y pega del acuerdo original. 

El libanés Hassan Khalil, asesor de Obiang en materia de defensa, habría obtenido de esta trama 1,23 millones de dólares a través de una de sus empresas; Melchor Esono, sobrino del presidente y a la sazón Secretario de Estado para la Tesorería y Presupuesto y Secretario adjunto de Asuntos Económicos del Partido Democrático de Guinea, algo más de 200.000 euros, y Agustín Ndong, primo del dictador y general de las Fuerzas Armadas, unos 100.000.

El quinto alto cargo señalado por Anticorrupción es Luciano Esono, director del gabinete militar del presidente Obiang. A través del entramado societario habría adquirido (en usufructo) dos viviendas de lujo en exclusivas residencias en Madrid. La primera de ellas, en Las Rozas, de 337 metros cuadrados y con piscina, con un valor de 760.000 euros. La segunda, en Villaviciosa de Odón, es de 695 metros cuadrados y está situada en una parcela de 1.472 metros con piscina y campo de tenis. Su valor es de 665.000 euros. A ello hay que sumarle un pago de 31.000 euros a una empresa radicada en las Islas Seychelles, un Mercedes Benz ML320 CDI de 55.900 euros y los gastos de alojamiento durante 40 días, en tres etapas distintas, de su mujer en un aparthotel situado en el céntrico barrio de Argüelles de la capital, con un coste global que ascendió a 5.600 euros.