Afectados por los PSIR se unen contra los proyectos “de interés privado” que impulsa el Gobierno de Cantabria

Detrás de cada PSIR hay un nombre propio, un interés privado al que los afectados atribuyen la operación de expropiación y recalificacion de sus casas y sus fincas y contra el que están dispuestos a luchar.

El PSIR de Olucas, para hacer una piscina de surf en Villaverde de Pontones beneficia a su propio promotor privado. El polígono de Solía (Federico Cobo) al fondo inmobiliario norteamericano que ahora controla Stoneshields, la promotora del Centro de Datos Altamira. Real de Piasca plantea hacer 8.000 viviendas en Santander y la plataforma contra el polígono de las Excavadas siempre ha denunciado el interés del grupo Armando Álvarez por la operación.

Los afectados por los PSIR cuestionan el interés público de estas operaciones y se han organizado en asociaciones y plataformas. Ahora se están coordinando entre ellos para actuar de forma conjunta porque consideran que esta excepción urbanística -que se lleva por delante sus casas y terrenos- se está utilizando como un negocio para beneficiar a promotores privados.

La más reciente constituida esta misma semana de urgencia, la Asociación de vecinos afectados por el PSIR Bosques de Cantabria, ya trabaja en red con la Plataforma ciudadana La Mancha Gris (PSIR de Solía y el Centro de Datos Altamira), el Grupo de Afectados por el PSIR de Laredo, los vecinos de Olucas que están en contra del proyecto, o la veterana Plataforma en Defensa de las Excavadas de Torrelavega que lleva una década de lucha contra el proyecto.

Es decir, hay movilizaciones ciudadanas en varios ayuntamientos: Astillero, Villaescusa, Piélagos, Villaverde de Pontones, Laredo, Torrelavega y Ribamontán al Monte.

El Gobierno de Cantabria ha cambiado considerablemente el criterio de los PSIR, los Planes Singulares de Interés Regional. Es decir, una excepción urbanística que permite recalificar suelo e incluso expropiar en aras del bien común.

La norma concibe esta figura para proyectos estratégicos de alcance supramunicipal “pero se está utilizando para eludir el planeamiento urbanístico ordinario de los ayuntamientos afectados”, estiman desde La Mancha Gris, la asociación contra el PSIR de Solía (polígono Federico Cobo) y la instalación del marco centro de datos Altamira. “Se vulnera la singularidad y el interés regional”, advierten.

Durante esta legislatura ha anunciado 6 PSIR de promoción privada que, en algunos casos, como la piscina de olas de surf de Villaverde de Pontones, cuestionan el interés público de la operación. ¿En qué beneficia Olucas a los ciudadanos si ni siquiera podrán acceder a ella gratis? El Gobierno de Cantabria lo justifica, en este caso, porque la comunidad puede situarse a la vanguardia del surf.

Otros, como los PSIR anunciados en Castro Urdiales o en Santander, promocionado por Real de Piasca, son operaciones básicamente inmobiliarias para construir también vivienda libre, a precio de mercado. Algo que es posible desde que PP y Vox lo aprobaron en la Ley de Simplificación Administrativa.

Ahora, el Gobierno de Cantabria puede expropiar una propiedad privada para que un promotor haga negocio construyendo viviendas.

Ese es precisamente el planteamiento del PSIR de Real de Piasca en Santander -8.000 viviendas que se llevan por delante 35 casas- o el de Castro Urdiales, donde la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga anunció 1.700 viviendas. Un proyecto, por cierto, rodeado de silencio sobre el que no se ha dado ningún paso y que despertó los recelos de los grupos de la oposición.

“Ya no se expropia para hacer una carretera, se expropia para levantar promociones inmobiliarias privadas”, explica un afectado.

Los seis proyectos privados han levantado un sonoro rechazo ciudadano, hasta el punto de que ya casi todos tienen su plataforma de afectados. La novedad, además, es que han entrado en contacto y están empezando a funcionar de manera coordinada porque es un problema que se está intensificando en Cantabria. Una excepción urbanística que se está convirtiendo en habitual.

Hace unas semanas algunos de los afectados coincidieron en una reunión en Hazas de Cesto convocada por Cantabria No Se Vende. Las antiguas escuelas no dieron abasto para acoger a todas las personas que acudieron a la llamada

Allí fueron tomando la palabra representantes de los PSIR de Laredo, las Excavadas, Solía y especialmente Olucas. El proyecto para hacer una piscina de olas de surf un poco más lejos, en Villaverde de Pontones, que amenaza con llevarse por delante la tranquilidad y la calidad de vida de sus vecinos, según expresaron.

El rechazo a esta figura urbanística y las consecuencias sobre la vida de los vecinos desgranó historias personales y apeló al tiempo a la conciencia medioambiental y patrimonial. En este sentido, la intervención de Carlos García, en nombre de la asociación ARCA puso en evidencia que los PSIR se están ejecutando sobre los terrenos más fértiles de Cantabria, como La Pasiega o Las Excavadas.

Los ciudadanos afectados coinciden en señalar a los beneficiados de estas operaciones que se venden como interés público. La Asamblea en Defensa de Las Excavadas denunció hace años que detrás del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) del parque empresarial de Las Excavadas hay una “maniobra especulativa” del grupo empresarial Armando Álvarez para liberar sus suelos en el casco urbano de Torrelavega.

En el caso del polígono La Solía, al que quieren bautizar con el nombre de Federico Cobo, desde La Mancha gris ven indicios de arbitrariedad, opacidad urbanísticas y conflicto de intereses en la tramitación del PSIR, para alojar las fesas 2 y 3 del proyecto Altamira, y en el Centro de Procesamiento de Datos.

Los vecinos de Ribamontán al Monte consideran que Olucas no tiene interés público, sino privado, y que solo beneficia a su promotor particular. Los afectados por el derribo de sus casas en Rucandial ven claro que el PSIR es una negocio para Real de Piasca.

Desde La Mancha Gris cuestionan la figura del PSIR incluso cuando se promueve desde lo público porque existe una duplicidad de roles en la administración autonómica “que actúa como promotor y juez al mismo tiempo”. En este sentido, explican que la empresa pública SICAN (dependiente del Gobierno de Cantabria) y la Consejería de Fomento actúan como impulsoras directas del PSIR Federico Cobo y del Centro de Datos Altamira. “Mientras que el propio Gobierno autonómico es la autoridad que debe dictar la aprobación ambiental y urbanística”, explican. Una convergencia de intereses que, en su opinión, anula la independencia de los órganos evaluadores, “provocando que los informes sectoriales se orienten a validar decisiones políticas tomadas de antemano”.

La batalla de las plataformas ciudadanas no es solo tratar de neutralizar su propio PSIR, sino cuestionar la utilización de esta excepción que debe restringirse exclusivamente a un interés público.