Un informe advierte que la Ley de Salud Digital de Cantabria expone el historial médico de los ciudadanos a empresas privadas

Un informe elaborado por juristas para la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública advierte que el proyecto de Ley de Salud Digital que tramita el Gobierno de Cantabria expone el historial médico de los ciudadanos a empresas privadas, carece de controles suficientes y podría ser inconstitucional.

Tras analizar a fondo el texto legal, la Plataforma concluye “que abre la puerta de par en par a un tratamiento masivo y comercial de los datos de los cántabros sin dar las garantías mínimas que exige la Constitución ni la normativa europea”.

Entre las cuestiones “más preocupantes” destacan la venta o rentabilización de los datos médicos. La Ley encarga a la Consejería de Salud “promover el retorno económico” del dato sanitario público. Esto facilita ceder historiales a empresas privadas sin dejar claro para qué, ni permitir que el paciente se oponga.

La Plataforma lanza la voz de alarma también sobre la conexión entre sanidad pública y privada regulada en otro de los artículos. Se permite que centros públicos y privados compartan el acceso a las historias clínicas. Sin embargo, no se garantiza el derecho del paciente a bloquear este acceso ni a saber quién consulta sus datos.

Por otro lado, el proyecto Cohorte Cantabria se posiciona como la vía principal de investigación “sin fijar reglas claras para proteger muestras biológicas o datos genéticos, rozando el límite de la Ley de Investigación Biomédica”, advierte el informe.

Respecto al uso de Inteligencia Artificial y datos 'sintéticos', la norma intenta declarar estos datos fuera de las leyes de protección de datos “ignorando que para crearlos se utilizan historiales médicos reales de personas”, apostilla el análisis.

El problema es lo que deja sin regular

Según el informe, el problema del proyecto de Ley –aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido en septiembre al Parlamento de Cantabria– no es lo que prohíbe, sino “lo que habilita sin garantías y lo que deja sin regular”. Es decir, lo que permite hacer sin control adecuado.

Según doctrina fijada por el Tribunal Constitucional (Sentencia 76/2019), la protección de datos tan sensibles como las enfermedades, tratamientos o análisis genéticos debe quedar completamente blindada dentro de la propia ley “y no dejarse para que los políticos o la Consejería lo regulen más adelante mediante reglamentos o decretos”, estima el análisis jurídico.

“Cantabria no puede rebajar los derechos de los pacientes”, estima la Plataforma que recuerda que ya existe un precedente clave en los tribunales. En 2019, el Tribunal Supremo confirmó la anulación de una norma del Gobierno cántabro (la Orden SAN/38/2015). “Aquella sentencia dejó muy claro el límite: Cantabria puede mejorar las leyes de salud de España, pero nunca empeorarlas ni quitar derechos básicos fijados por el Estado, como la Ley de Autonomía del Paciente”, explican desde el colectivo ciudadano. “Decidir quién, cómo y cuándo se entra a una historia médica forma parte de ese núcleo de derechos sagrados que la ley autonómica no puede recortar”, reivindican.

“Fallos graves” en su tramitación

El análisis detecta además importantes irregularidades debido a “fallos graves en su tramitación”: no hay informe de Protección de Datos y falta el dictamen obligatorio de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Tampoco propone sanciones para los fallos de la IA. La ley exige registrar los sistemas de Inteligencia Artificial, pero no fija sanciones ni aclara quién responde en caso de fuga de datos o errores médicos causados por algoritmos.

Se escucha a las empresas, no a los ciudadanos: El órgano de participación da espacio a asociaciones empresariales, pero excluye a sindicatos y colectivos en defensa de la sanidad pública.

De la vía parlamentaria a los tribunales

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública pedirá a los partidos políticos de la oposición en el Parlamento de Cantabria que presenten una enmienda a la totalidad “para frenar la ley tal y como está redactada”.

De ser aprobada sin cambios, el colectivo adelanta que promoverá un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y que acudirá a los tribunales autonómicos para suspender cualquier reglamento que vulnere la intimidad o los derechos de los pacientes.