El Gobierno de Cantabria impulsa una Ley de Salud Digital para regular la IA y la protección de datos

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha dado el visto bueno al proyecto de Ley de Salud Digital que pretende aprobar en el Parlamento antes de que acabe la legislatura a finales de marzo y en paralelo a otras leyes también anunciadas: vivienda, carreteras, startups, función pública, autoridad del profesorado, entre otras iniciativas.

Con este documento la Consejería de Salud quiere regular, entre otras cuestiones, el uso de la Inteligencia Artificial aplicada a la sanidad y la protección de datos, tras alguna polémica como la cesión gratuita de las muestras de 50.000 cántabros del proyecto de salud pública Cohorte a una farmacética estadounidense.

Según el Gobierno, el texto será un marco jurídico “sólido” que dé seguridad a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos. El consejero de Salud, César Pascual (PP) ha anunciado que se va a remitir inmediatamente al Parlamento autonómico y del que espera que reciba luz verde “lo antes posible”.

El tiempo de tramitación depende de la Mesa de la Cámara, pero el consejero considera que hay plazo “más que suficiente” para sacarla adelante en esta legislatura aunque el Parlamento cierra a final de marzo.

Sobre la ley ha detallado que trata sobre “personas: sus derechos, sus datos y sus decisiones” y sobre la relación entre paciente y profesional sanitario.

De este modo, Pascual ha explicado que, prácticamente en diez capítulos, aborda toda la cadena de la salud digital: desde la teleasistencia hasta las aplicaciones, un espacio autonómico de datos, la historia clínica electrónica, neurotecnologías, investigación y la inteligencia artificial (IA).

El consejero ha indicado que es una legislación sobre “quién queremos que gobierne la sanidad del futuro: si las personas utilizando la tecnología o la tecnología condicionando a las personas”.

“Ya no es ciencia ficción (la tecnología), ya está y por eso precisamente necesitamos reglas y necesitamos regularlo, porque digitalizar no es poner una pantalla donde antes había un papel, eso es informatizar burocracia”, ha apostillado, para aseverar que digitalizar significa “cambiar la manera de prestar asistencia aprovechando inteligentemente las posibilidades de la tecnología”.

Algo, ha recalcado, para lo que se necesita un marco jurídico integral. En este punto, ha lamentado que el Ministerio de Sanidad ha anunciado un proyecto de Ley de Salud Digital que “ni siquiera lo ha sacado a consultas todavía y ni lo ha presentado”. Por ello, la cántabra identifica una regulación estatal “todavía fragmentada e inexistente”, ha dicho el consejero.

Enmarcada en el Plan de Salud Digital 2024-2027 de Cantabria, entre las novedades de la ley está la regulación de la teleasistencia bajo “el principio básico” de que “lo digital no desplaza a lo presencial”; “ordena” las aplicaciones de salud y distingue entre las sanitarias y las que no lo son; incide en el tratamiento y protección de datos y de las historias clínicas; o trata la incorporación de la IA.

Registro de sistemas de IA empleados

Sobre la IA, Pascual ha aseverado que la posición del Ejecutivo autonómico es “inequívoca”. Ha asegurado que no la tiene “miedo”, pero “tampoco” la va a convertir en “una nueva religión tecnológica”. “Ayuda a decidir, pero eso no significa apropiarse de la decisión”.

Al respecto, se creará un registro autonómico de sistemas de inteligencia artificial en salud en el que deberán inscribirse los sistemas empleados en los centros públicos y privados de Cantabria.

Por último, el titular de Salud ha destacado que la ley “expresa el deseo del Gobierno” de que la sanidad digital “sea más inteligente para que sea más humana”.

En este sentido, ha asegurado que se están regulando “algoritmos, datos, nubes, inteligencia artificial, neurotecnologías... Para proteger algo que no es digital; la confianza, la autonomía, la intimidad y la relación entre quien necesita ser cuidado y quien tiene la responsabilidad de cuidarle”.

Además, ha subrayado que la ley necesitará, y además recoge, que su desarrollo sea reglamentario dado que se están regulando tecnologías que “evolucionan muy rápido”, por tanto, identifica “perfectamente” el riesgo de obsolescencia.