El reparto de los fondos del REF entre los cabildos crea discrepancias entre los jueces

Imagen de archivo de una reunión de la FECAI (EFE)

Noé Ramón

San Sebastián de La Gomera —

Los recursos presentados por los cabildos insulares en contra del reparto de los fondos del Régimen Económico y Fiscal (REF) entre los años 2009-11 que han llegado hasta el Tribunal Supremo (TS) dejaron a su paso un reguero de votos particulares por parte de los jueces.

Las instituciones insulares discreparon sobre la forma en la que el Gobierno distribuyó el Bloque de Financiación Canario (BFC) en esos ejercicios cuando más arreciaba la crisis económica. Especialmente lo hicieron los cabildos de El Hierro, Fuerteventura y Gran Canaria. En todos los casos los tribunales se pronunciaron en su contra pero curiosamente al llegar al Supremo los magistrados siempre emitieron votos particulares.

El último en llegar ha sido el TS que acaba de fallar en contra del Cabildo de El Hierro y también con el voto particular de dos jueces. El Supremo ha analizado en profundidad los complicados mecanismos establecidos para financiar a las instituciones locales del Archipiélago. Uno de los jueces discrepantes acusa al Gobierno canario de intentar petrificar a través de una disposición transitoria “una regulación que ni siquiera podía imaginar las consecuencias y necesidades de una crisis sobrevenida de tal intensidad”. Otro magistrado da la razón al Cabildo de El Hierro y cree que el Gobierno canario se equivoca en la interpretación de la ley.

La controversia se concentra en la disposición transitoria cuarta en la que se establecía que la cantidad recibida por los cabildos en la liquidación del REF debía ser equivalente a la de 2002, de manera, que, según el recurso del Cabildo de El Hierro, no podía ser inferior como ocurrió en 2009. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en primera instancia de 2013 y el Supremo ahora establecen que esa equivalencia no debe fijarse en términos nominales, sino relativos, de manera que si la recaudación total del REF disminuye “perjudica por igual a todas las administraciones” en la misma proporción. “Pretender que los cabildos mantengan la financiación en términos absolutos, con independencia de la que bajara la recaudación, sería alterar el reparto del REF establecido legalmente (un 58 % para cabildos y ayuntamientos y un 42 % para la Comunidad Autónoma), indica la sentencia.

En su reclamación, el Cabildo de El Hierro denunciaba que si en 2002 recibió 10,7 millones de euros, un ingreso equivalente en 2009 debería haber sido de 12,9 millones, al sumar el Indice de Precios al Consumo (IPC), pero en cambio se quedó con 9,1 millones. Los ingresos totales por el bloque del REF en 2002 fueron de 525 millones y en 2009 de 450 millones, de ahí que la Justicia señale que “si la recaudación en cualquier ejercicio es inferior a lo recaudado en el ejercicio 2002, la minoración de la recaudación global no perjudica sólo a la Comunidad Autónoma, sino a todas las administraciones locales copartícipes”.

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