El juez Alba confiesa que fue él quien entregó a la Fiscalía un contrato que solo tenía José Manuel Soria
El magistrado Salvador Alba, aún en activo en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas, ha confesado ante la Fiscalía General del Estado haber sido la persona que entregó a la Fiscalía Provincial de Las Palmas un contrato de prestación de servicios cuya copia solo tenía en su poder el por entonces ministro de Industria, José Manuel Soria (Partido Popular). En una denuncia de 14 folios en la que carga especialmente contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Alba vuelve a atacar a la magistrada Victoria Rosell por unos hechos que ya fueron objeto de una investigación penal y de un expediente disciplinarios, ambos archivados sin reproche de ningún tipo.
La denuncia de Salvador Alba deja en evidencia a la Fiscalía Provincial de Las Palmas porque la señala como presunta autora de un delito de falsedad al haber sostenido siempre que el contrato con el que inició una investigación disciplinaria a la jueza Rosell había llegado a sus dependencias en un sobre cerrado y anónimo. Ahora se descubre que fue Alba quien envió ese contrato después de haberlo recibido, según su versión, vía correo electrónico, la misma vía que dice haber utilizado pare remitirlo a la fiscal Evangelina Ríos, que inició en noviembre de 2015 unas preprocesales penales para indagar una supuesta infracción disciplinarias que fueron declaradas nulas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y condenadas por el Tribunal Supremo por vulneración de derechos fundamentales de la jueza Rosell.
El contrato que Alba dice haber enviado a la Fiscalía lo obtuvo de manos de José Manuel Soria o del entorno de quien por entonces era ministro de Industria, Energía y Turismo. Se trata del que habían suscrito el 28 de octubre de 2015 la sociedad Clan de Medios y la Productora Audiovisual UD Las Palmas. Mediante ese contrato, la primera cedía la explotación de una frecuencia de radio a la UD Las Palmas a cambio de un canon y una opción de compra a ejecutar en 2027. Soria conoció la existencia de esa operación días después de celebrarse y reclamó de la UD Las Palmas todo tipo de explicaciones, además del contrato en vigor. Pero entonces se le facilitó un contrato al que por error se le consignó la fecha del 26 de octubre, cuando aún no estaba formalmente constituida la sociedad creada por la UD Las Palmas para la explotación de la emisora. Aquel contrato se volvió a firmar con fecha 28 de octubre, y acto seguido se destruyeron las copias erróneas. Solo quedaba una circulando con fecha 26 de octubre, justo la que se había llevado José Manuel Soria y la que acabó en manos de la Fiscalía.
Ahora se sabe que esa copia fue enviada a la Fiscalía por el magistrado Salvador Alba, según su propia confesión, y que él lo recibió vía mail de la mano de alguien cuya identidad no ha sido revelada aún pero que necesariamente tiene que tener vínculos directos con José Manuel Soria.
El entonces fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco Morales, abrió de inmediato diligencias preprocesales y encomendó tal responsabilidad a la fiscal Evangelina Ríos. En su decreto y en posteriores escritos puede leerse claramente que tal documento llegó a las dependencias del Ministerio Público en un sobre cerrado y anónimo, lo que ahora se torna falso. Pero resulta que la denuncia de Alba recogiendo estos extremos ha sido interpuesta ante la Fiscalía General del Estado, donde presta servicios como teniente fiscal Guillermo García-Panasco, trasladado a raíz de la sentencia del Supremo que decretaba que la investigación a la jueza Rosell dirigida por ese fiscal vulneró sus derechos fundamentales.
Alba dedica varios pasajes de su denuncia a la Fiscalía de Canarias, que recientemente ha pedido para él una condena de 10 años de prisión y 29 de inhabilitación por haber maquinado contra la magistrada Victoria Rosell. El juez procesado dice sentir “asombro y perplejidad por su inacción e inactividad ante las circunstancias que se exponen” en su escrito, “siendo esta otra de las razones por las que decido acudir a la Fiscalía General del Estado”. Dice que, tras enviar el mencionado contrato a la fiscal Evangelina Ríos intercambió con ella “numerosas comunicaciones vía mail, mensajes de texto, llamadas telefónicas y reuniones”, que no constan en las diligencias declaradas ilegales.
Además de esa cuestión, Alba acusa abiertamente al Ministerio Público de no haber actuado ante “la relación de amistad que une al empresario [Miguel Ángel Ramírez] con los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas don Emilio Moya Valdés y don Carlos Vielba Escobar”. Dos de los magistrados a los que grabó en una conversación en el office de la Audiencia Provincial en una acción que le supuso una sanción de 500 euros tras un expediente disciplinario en el Consejo General del Poder Judicial a instancias de Jueces y Juezas para la Democracia.
Igualmente se muestra molesto por cómo resolvió la Fiscalía una denuncia que presentó contra el delincuente Ramón Arnau de la Nuez, con el que se intercambió varios correos electrónicos en busca de información comprometedora contra Victoria Rosell. En el momento en el que su pretendido informante le pidió 1.000 euros a cambio de un supuesto dossier, Alba trató de cortar el intercambio epistolar, poniendo el asunto en manos del Ministerio Fiscal pero ocultando algunos de los correos que le comprometían. Correos que Arnau de la Nuez envió a este periódico y que fueron incorporados a la causa penal que se sigue contra Alba en el TSJC y que probaron sus esfuerzos por perjudicar a la jueza Rosell.
La Fiscalía General del Estado debe ahora abrir una investigación y, en el caso de encontrar fundamento en la denuncia de Alba, formular querella ante el Tribunal Supremo dado que la persona contra la que más acusaciones dirige, el presidente del TSJ de Canarias, está aforado ante esa instancia. Y si no aprecio indicios, debe decretar el archivo de este nuevo intento del juez Alba.
