El TSJC accede a la petición de la Fiscalía y reclama a la jueza que concrete la implicación de Clavijo en el caso Grúas
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha accedido a la petición del Ministerio Fiscal de que el juzgado número 2 de La Laguna concrete los indicios por los que considera que el presidente Fernando Clavijo tuvo una actuación irregular en el caso Grúas.
En una providencia dada a conocer el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) accede a lo solicitado en este sentido por el Ministerio Fiscal, que recomendó el 11 de diciembre que exigiese a la jueza de La Laguna --que hasta ahora ha instruido el caso Grúas-- que concrete en una nueva exposición razonada qué indicios concretos observa contra el presidente regional, Fernando Clavijo.
La Sala de lo Penal del TSJC entiende, en coincidencia con la postura del Ministerio Fiscal, que no basta con el auto de la Audiencia Provincial que rechazaba el archivo del caso por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias y en el que está supuestamente implicado Fernando Clavijo en su etapa como alcalde de La Laguna en este caso.
También acuerda que se remitan en su totalidad los expedientes administrativos y las diligencias derivadas por este caso que cita el juzgado de instrucción número 2 de La Laguna, según detalla la magistrada en su exposición razonada, y que ha pedido el Ministerio Fiscal.
Añade que no procede la devolución de los testimonios de las actuaciones al referido Juzgado de La Laguna.
El Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna (Tenerife) acordó en noviembre elevar a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC el denominado caso Grúas, después de que la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife revocara su decisión inicial de archivarlo y le ordenara practicar nuevas diligencias de investigación.
La juez encargada del caso argumentaba que cumplir con ese mandato de la Audiencia Provincial podría implicar tomar decisiones en relación con un aforado, Fernando Clavijo (CC), ya que este aparece en la causa como denunciado por los acuerdos que firmó como alcalde de La Laguna en relación al servicio municipal de grúas.
Sin embargo, en su exposición razonada no explicaba qué indicios concretos de delito observaba en la actuación de Clavijo como alcalde, sino que se limitó a reproducir varios párrafos del auto de la Audiencia Provincial por el que se revocó el archivo de la causa.
La Fiscalía Superior de Canarias considera que “no basta con la transcripción del fundamento jurídico cuarto” de ese auto de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife para determinar si el ahora presidente “ha podido o debido participar” en alguna actuación irregular, de modo que sugiere que se exija a la instructora que precise si tiene indicios concretos de que así ocurrió.
En este asunto se investiga si determinados empresarios recibieron un trato de favor por parte del equipo de gobierno de La Laguna el pasado mandato, cuando el actual presidente canario era alcalde de la ciudad, en la gestión del servicio de grúas.
Varios de los empresarios que han acudido a declarar han reconocido su amistad con Fernando Clavijo y dos funcionarios a los que se les encargó la gestión de la empresa cuando fue intervenido el servicio confirmaron que tanto el líder del Ejecutivo regional como el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, (entonces concejal de Seguridad Ciudadana) hicieron la vista gorda.
Aunque ambos aún no han sido citados a declarar ante la jueza, el Grupo Municipal de Por Tenerife-Nueva-Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna ha que se investigue a Díaz.
