El certificado europeo de salud posibilitará la recuperación del turismo a partir de junio
La Comisión Europea ha propuesto la creación de un certificado verde y digital que acredite los requisitos de salud necesarios para viajar, con el objetivo de facilitar la reactivación de la libre circulación en el seno de la UE. En el documento publicado por el Ejecutivo comunitario el 17 de marzo, se establece que, si bien el certificado podrá ser impreso, está pensado para uso electrónico, en un formato de código QR homogéneo y fácil de escanear, siguiendo un modelo similar al de las tarjetas de embarque digitales. Si los trámites parlamentarios no se dilatan, el certificado podría estar aprobado por el Parlamento Europeo en junio.
En la propuesta de reglamento, instrumento jurídico de aplicación directa e inmediata en el territorio de la UE, la Comisión detalla tres condiciones que quedarían cubiertas bajo el paraguas del certificado común europeo.
En primer lugar, el certificado servirá para acreditar que una persona ha sido vacunada de la COVID-19 en el Estado que expide dicha certificación. En función del objetivo del Ejecutivo europeo, alcanzar un 70% de población vacunada en julio, esta fórmula se perfila como la prioritaria. La propuesta de la Comisión recoge expresamente la gratuidad de dicho certificado, que será expedido de forma automática o tras petición del paciente. Este método de acreditación contendrá información sobre el tipo de vacuna recibida, el número de dosis y la fecha de vacunación.
La segunda modalidad de validación contemplada en este certificado verde y digital es la opción de verificar la realización de un test de detección de la enfermedad previo al viaje (test de antígenos o prueba PCR). Hasta ahora, la presentación de un test realizado en las 72 horas precedentes al cruce de fronteras ha sido la piedra angular del libre movimiento de personas dentro de la Unión, a pesar de la limitación de los motivos justificativos del viaje y del cierre perimetral de algunos Estados y regiones. Esta posibilidad seguirá vigente para aquellas personas que aún no hayan recibido la vacuna y la información requerida será la misma que actualmente: tipo de test al que se ha sometido, fecha y hora de su realización, laboratorio encargado del procedimiento y resultado.
Por último, la gran novedad que incluye la propuesta de la Comisión es la de un certificado de recuperación. En este caso, una persona que haya contraído la enfermedad y haya dado positivo en una prueba de detección, PCR o test de antígenos, tendría la posibilidad de solicitar el certificado de recuperación 11 días después de haber recibido el resultado. Hasta el momento, si bien esta idea ha estado presente en debates políticos en varios Estados, no se había materializado como posibilidad real. Uno de los principales inconvenientes al respecto es la falta de consenso en la comunidad científica sobre la duración de la inmunidad ante la COVID-19 tras haber sufrido la enfermedad o la posibilidad de contagiar en caso de una reinfección. A pesar de que estas cuestiones siguen sin una respuesta clara, la Comisión propone incluir en el certificado de recuperación la fecha en la que se ha obtenido un resultado positivo, el emisor del certificado, la fecha de expedición del mismo y su fecha de validez. El reglamento propuesto por el Ejecutivo comunitario plantea un máximo de validez de 180 días tras haber recibido un resultado positivo.
Vuelta a la normalidad
De mantenerse tal y como figura en la actual propuesta, este reglamento podría significar una relativa vuelta a la normalidad en términos de libertad de movimiento y cruce de fronteras en el espacio Schengen. La homogeneización de los procedimientos en todos los Estados miembros y la posibilidad de viajar certificando bien haber sido vacunado, haber superado la COVID-19 o haber realizado un test con resultado negativo, abren un nuevo paradigma para el sector turístico que se mantiene esperanzado de cara a los meses del verano. Todo sea dicho, la Comisión deja la puerta abierta a una modificación de inmediato de dicha regulación en caso de aparición de nuevos datos científicos sobre el comportamiento del virus, o de darse una situación de emergencia que así lo requiera.
El Parlamento Europeo debatió los días 25 y 26 de marzo sobre esta propuesta de la Comisión, mostrando su acuerdo con las líneas generales, a pesar de las voces críticas de algunos europarlamentarios. En particular, se señaló la necesidad de asegurar el máximo nivel de protección para los datos de los ciudadanos europeos y se advirtió del peligro de una potencial discriminación hacia aquellas personas que aún no han recibido la vacuna.
El eurodiputado canario del grupo socialista Juan Fernando López Aguilar señaló durante el debate que “si sale sí al procedimiento de urgencia, es importante asegurar que se abra también un plazo de enmiendas y un mandato de negociación para que el resultado de esa negociación sea votado en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y, posteriormente, en el pleno en junio”.
Pese a la falta de consenso, los eurodiputados apoyaron la activación del procedimiento de emergencia, con 468 votos a favor, 203 votos en contra y 16 abstenciones, lo que permitirá un examen parlamentario más rápido de la propuesta de reglamento. De seguir su curso, se puede esperar la aprobación del certificado por parte de la Eurocámara para junio, justo a tiempo para la temporada estival. Por su parte, Jordi Solé, europarlamentario balear del grupo de Los Verdes, recordó la necesidad de hacer remontar el sector turístico y de servicios en las regiones más dependientes, como es el caso de los archipiélagos canario y balear.
La recuperación del sector turístico depende en gran medida de la progresiva eliminación de las medidas que restringen los movimientos interterritoriales. Con un calendario de vacunación acelerado y la perspectiva de aunar las medidas de control en Europa, se vislumbra una tenue luz al final del túnel para las actividades económicas vinculadas al turismo y la hostelería.
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