La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) va a recurrir la resolución de la Consejería de Desarrollo Rural de Cantabria que establece un cupo de caza de 34 lobos para la presente campaña 2020-2021, una quinta parte de esta población de cánidos en la comunidad. Ascel ya recurrió el cupo del pasado año por vía administrativa y ahora lo tiene en los tribunales, como tiene asimismo la Orden reguladora del Plan de Gestión del Lobo. De esta forma, intentará tumbar vía administrativa, primero, y judicial, como es previsible, después, el cupo aprobado en marzo, pero publicado este verano en el Boletín Oficial de Cantabria.
La resolución de control aprobada por el Gabinete de Miguel Ángel Revilla (PRC) contempla la posibilidad de ser recurrida a través de un recurso de alzada ante el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el también regionalista Guillermo Blanco, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación en BOC. Ascel ha confirmado que presentará recurso de alzada en tiempo y forma como está haciendo con todas las resoluciones de “control poblacional letal de lobos” al considerar ilegal que se considere al cánido una especie cinegética según la legislación europea y en concreto la directiva Hábitat.
Asimismo, Ascel estima que estos cupos no cumplen los objetivos que presumen cumplir por lo que el Gobierno de Cantabria estaría incurriendo en “un fraude público de gestión y obligaría a un cambio de modelo y de responsables”. “En la Directiva de Ascel nos preguntamos si el Gobierno regional es consciente de la situación de judicialización constante con respecto a sus actuaciones con el lobo, puesto que una especie protegida como el lobo nunca puede ser cinegética, y también nos preguntamos si la Consejería está evaluando con rigor si las acciones de control letal de lobos que está efectuando se están ajustando a los objetivos que contemplan, porque si ello no es así, una administración responsable debe comunicar públicamente que su gestión no ha producido los objetivos esperados y por tanto, debe modificar dicha gestión”, ha valorado un portavoz de la organización conservacionista.
Para Ascel, Cantabria no valora el grado de cumplimiento de sus campañas de abatimientos. “Si los objetivos del plan de gestión y de las resoluciones de control letal de lobos hasta la fecha han sido reducir el volumen de incidencias achacadas al lobo sobre intereses privados del sector primario y reducir la mortalidad no natural de lobos por caza ilegal suponemos que, después de dos años de gestión letal de lobos, habrán conseguido con creces tales objetivos. En caso contrario, y si esos objetivos no solo no se han conseguido sino que los indicadores son contrarios, la actuación de la Consejería constituirá presuntamente un fraude público de gestión y obligaría a un cambio de modelo y de responsables, lo cual, que sepamos, no se ha producido, es decir, no se ha adaptado la gestión a la legalidad que protege al lobo (y que discutimos en los tribunales) ni a los objetivos que dicen perseguir y que desconocemos si han satisfecho”.
Si los objetivos no se han conseguido, la actuación de la Consejería constituirá presuntamente un fraude público de gestión y obligaría a un cambio de modelo y de responsables
Efecto contrario
Según datos de la propia organización, las campañas de abatimiento no solo no reducen los daños en la cabaña ganadera, sino que incrementan también el furtivismo. “Todos los trabajos científicos hasta la fecha dictaminan que la caza de lobos no reduce el número de incidencias del lobo sobre el sector primario, salvo exterminio total de la especie (lo cual es inadmisible éticamente e ilegal en la UE), y que su control poblacional desestructura las poblaciones, generando situaciones contraindicadas e inesperadas, como un aumento y rebrote de los daños sobre la ganadería, traslado de los problemas de incidencias a explotaciones ganaderas que no los tenían. Además, la caza de lobos no reduce el furtivismo, sino todo lo contrario”.
El Gobierno de Cantabria ha autorizado abatir 34 lobos en los próximos 12 meses en Cantabria. El cupo de extracción, eufemismo con el que se denominan las batidas de caza de ejemplares de lobo, es aplicable desde el 1 de agosto y puede prolongarse hasta el 31 de julio de 2021, en aplicación del Plan de Gestión del Lobo en Cantabria. En concreto, según ha informado el Gobierno, se ha fijado una tasa de extracción del 20% (se calcula que la población de lobos es de 171 ejemplares), la misma que se aplicó hace un año. La caza de estos 34 ejemplares pueden realizarse durante las batidas de jabalí o mediante actuaciones realizadas por el personal de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Actualmente se estima que existen en Cantabria 19 manadas de reproducción confirmada, de las que seis son compartidas con Asturias (2), León (1), Palencia (2) y Burgos (1).
Ascel es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro. El ámbito de actuación de la asociación es la Península Ibérica, si bien la mayor parte de sus actividades tienen lugar en las regiones con presencia de lobos. La labor de Ascel y de otras organizaciones conservacionistas están judicializando los planes de gestión del lobo en el país, con un desigual resultado: mientras en el norte de la Cordillera Cantábrica los gobiernos autonómicos son más permisivos en cuanto a la muerte no natural de lobos, en Castilla y León están obteniendo sentencias judiciales favorables. En Cantabria, el consejero de Desarrollo Rural ha declarado en reiteradas ocasiones que “la especie en vías de extinción que le preocupa es el ganadero”.
Reacciones
Izquierda Unida (IU) de Cantabria ha lamentado recientemente que desde la Consejería de Desarrollo Rural, Pesca, Ganadería, Agricultura y Medio Ambiente dirigida por Guillermo Blanco (PRC) se haya autorizado la caza de 34 ejemplares, algo que según ha destacado es “contrario” al criterio de la Unión Europea y la comunidad científica.
En un comunicado, la responsable de Bienestar Animal de IU en la comunidad, Victoria Cedrún, ha considerado que la medida anunciada es “a todas luces, excesiva”. Cedrún ha criticado que “se está permitiendo el asesinato de lobos según estimaciones, ya que no existe un censo real reclamado en innumerables ocasiones por los colectivos conservacionistas y ecologistas desde hace años”.
Así, ha considerado que “hay una clara dejación de funciones por parte de la Consejería en esta legislatura y las pasadas, dado que está llevando a cabo actuaciones sin un censo que soporte su decisión”. De hecho, “es todavía más grave, porque se les mata en cualquier época del año, no se respetan épocas de celo ni de cría y se hizo incluso durante el estado de alarma”, ha insistido.
IU lleva años proponiendo alternativas en la gestión del lobo, incluyendo la vuelta a la mesa que el PRC “dinamitó” en la pasada legislatura “después de haberse logrado grandes acuerdos por todas las partes -ganaderos, cazadores, técnicos y ecologistas-”.