Castro Verde recela del “sorpresivo” PSIR con menos viviendas de protección de las que exige la Ley del Suelo
La formación política Castro Verde, que gobierna el Ayuntamiento con el PSOE, recela del anuncio que de manera sorpresiva ha hecho la presidenta del Gobierno de Cantabria para desarrollar un Plan Singular de Interés Regional (PSIR) con 1.700 viviendas y un hospital mediante iniciativa privada.
“Lo normal hubiera sido diseñar una operación de esa envergadura con el Ayuntamiento que debiera informar sobre la idoneidad de la zona elegida, por sus accesos e integración en la trama urbana”, expresan en un comunicado. En toda esta legislatura -confirman- no se ha producido ninguna consultas urbanística al Ayuntamiento de Castro.
Desde Castro Verde subrayan que un PSIR es un instrumento urbanístico que retira las competencias urbanísticas que por ley competen a los ayuntamientos, para desarrollar operaciones sin la intervención de estos, “pero que en el caso de llevarse a cabo después deberán asumir los servicios y mantenimiento de la zona”.
Así, recuerdan que en 2008 se inició otro PSIR para ampliar el polígono de Vallegón “cuyas primeras fases se desarrollaron sin contar con el Ayuntamiento y de manera impuesta”. Pasados los años, tras muchos problemas de implantación e inversiones millonarias de dinero público, “están apenas sin industria implantada”. Es decir, el polígono está casi vacío.
La formación política considera que la argumentación ofrecida para lanzar la operación -basada en falta de suelo para el futuro hospital- “no parece justificada” puesto que el Ayuntamiento posee un terreno completamente regularizado urbanísticamente junto al polideportivo Pachi Torre que se encuentra segregado para tal fin y ya fue visitado por el consejero de Sanidad en 2024. “Si hubiera realmente interés en él, el Ayuntamiento estaría obligado a cederlo”, apostillan.
Además, explican que la ley del suelo de Cantabria obliga -en su artículo 63.2- a construir un 30% de Viviendas de Protección Oficial en nuevos desarrollos. Así que las 400 VPO anunciadas por el Gobierno del PP no llegarían a las 510 mínimas exigidas sobre el total de 1.700.
Otro aspecto a considerar es que los aprovechamientos urbanísticos -un 15% sobre el beneficio de la operación- que en este caso podrían ser de varios millones de euros- pese a que por ley corresponden a los Ayuntamientos “se los embolsaría el Gobierno autonómico, sin tener que mantener después lo urbanizado”, denuncian.
En este sentido consideran que el PGOU de Castro tiene aún zonas por desarrollar “que serían más idóneas” para integrar un PSIR como el anunciado en la trama urbana, “puesto que no tendría sentido transformar suelo rústico aislado con dificultades de comunicación y falta de servicios que derivarían en los problemas muy conocidos en Castro por errores del pasado”, consideran..
A lo anterior habría que añadir que, tras décadas aspirando a la llegada del ferrocarril en Castro, cualquier desarrollo urbanístico “deberá respetar la ubicación del único punto viable técnicamente para implantar la estación junto a parque de Bomberos”, como determinó el estudio del Ministerio de Transporte. No respetarlo, supondrá enterrar definitivamente la llegada del tren a Castro.
Por todo ello, CastroVerde propone al Gobierno autonómico buscar la ubicación idónea de ese PSIR de manera coordinada con el Ayuntamiento “como conocedor de las necesidades del municipio, antes que con cualquier inversor privado”.