Crisis de la vivienda (I): Prácticas abusivas como el ‘alquiler de nómina’ o cobrar por el empadronamiento ahogan a los inquilinos más vulnerables
700 euros por una habitación para cuatro personas. Cien euros más al mes por permitir que estén empradonados en ella. Más de trescientos euros por una habitación en un piso insalubre con cucharachas “a patadas”. Son algunos ejemplos de lo que sucede en la trastienda del mercado de alquiler de Cantabria mientras se multiplican los beneficios para los propietarios e intermediarios.
El mapa del alquiler en Cantabria es hoy una mancha roja que asfixia el presupuesto de sus residentes. Desde el año 2015, el precio medio del arrendamiento en la comunidad ha experimentado un incremento del 33,6%, según los datos de alquileres calle a calle publicados por el Ministerio de Vivienda, cuya comparativa se detiene en el año 2024.
La subida media en Santander alcanza el 35%, el 31% en Torrelavega, el 34% en Castro Urdiales y Piélagos y el 32% en Camargo, los cinco municipios más poblados de la comunidad.
Esta escalada de precios no es solo una cifra estadística, es la frontera que separa la integración de la exclusión social para cientos de personas. Lo paradójico de esta situación es que, mientras el acceso a una vivienda digna se vuelve una misión imposible para colectivos vulnerables, el sector de las inmobiliarias vive una edad de oro que recuerda a los años de efervescencia de la burbuja (2004-2007).
La franquicia Tecnocasa, por ejemplo, inauguró su primera oficina en Cantabria en abril de 2022 y actualmente ya cuenta con 15 sedes repartidas por la comunidad (doce en Santander, dos en Camargo y una en Astillero), con agentes comerciales captando inmuebles 'a puerta fría', es decir, casa por casa ofreciendo tasar y comprar viviendas. Esta expansión comercial contrasta drásticamente con una realidad de exclusión residencial que ya afecta a casi una cuarta parte de la población.
Un derecho convertido en barrera de exclusión
Según el reciente Informe sobre exclusión y desarrollo social en Cantabria 2025 de FOESSA, la exclusión social en la comunidad en seis años ha pasado de afectar al 10,8% de la población al 14,2%. Esto significa que alrededor de 83.000 personas en Cantabria se encuentran en alguna situación de exclusión.
De todas las dimensiones analizadas, la vivienda es, con diferencia, la más problemática: el 23,2% de la población cántabra sufre algún tipo de exclusión vinculada a su hogar. Es precisamente este escenario lo que ha llevado el pasado 6 de junio a cerca de un millar de personas a participar en la manifestación 'Cantabria para vivir', respaldada por colectivos sociales de diversa índole pero unidos por esta reivindicación a una vivienda digna recogida en el artículo 47 de la Constitución española.
Cáritas, a través de una campaña bautizada como ‘Inmobiliaria La Injusticia’, ha denunciado recientemente que las personas a las que acompañan ni siquiera pueden plantearse acceder a una vivienda completa.
No es solo una cuestión de falta de ingresos, ya que incluso teniendo nóminas, los filtros de los seguros de impago o la exigencia de adelantar varias mensualidades actúan como muros infranqueables.
El hacinamiento ha crecido en España un 43% desde 2018, empujando a 3,4 millones de personas a compartir espacios mínimos, volver a casa de sus progenitores o instalarse en “nanopisos”, según el mismo estudio de FOESSA. La consecuencia es una huida desesperada hacia el alquiler de habitaciones, un mercado a menudo desregulado y plagado de prácticas abusivas.
‘Alquiler de nómina’ y la extorsión por el padrón
En este escenario de necesidad han surgido figuras de explotación que hasta hace poco eran marginales o, incluso, impensables. El testimonio de Jhosseline, una mujer de 33 años y nacionalidad peruana, relata un periplo de supervivencia que ilustra la crueldad del mercado actual. Ella y su familia (marido y dos hijas de 6 y 13 años) llegaron a vivir en un piso compartido con más de 15 personas en la calle Alonso de Santander, donde las condiciones eran insalubres y los conflictos constantes. Pagaban 700 euros por una habitación para los cuatro.
Además, una práctica cada vez más habitual es el cobro de una tasa por empadronarse. Les pidieron 100 euros mensuales más por persona para permitirles figurar en el padrón municipal. “Era una necesidad básica, la puerta para la sanidad o cualquier ayuda, pero no pudimos hacerlo porque sumaba 400 euros extra al alquiler”, explica, “una cantidad inalcanzable para nosotros en ese momento”.
Después de aquello, y ante la imposibilidad de pasar los filtros de las inmobiliarias, la desesperación les llevó a recurrir al conocido como ‘alquiler de nómina’: pagaron 350 euros a un tercero para usar su documentación y poder firmar un contrato de vivienda. Jhosseline admite que tuvo que “negar” la existencia sus hijas y de su marido, fingiendo que solo ella y el titular de la nómina vivirían allí para evitar que el propietario o el seguro de alquiler rechazaran el contrato, ya que “las cláusulas prohibían las mascotas y los niños”. El miedo a ser descubiertos era tal que, durante las vacaciones escolares, sacaba a sus hijas de casa todo el día para evitar que los vecinos se quejaran de ruido y el dueño descubriera que vivían allí.
Actualmente, aunque tanto ella como su marido han regularizado su situación y trabajan en los sectores de ayuda a domicilio y reformas, respectivamente, pagan 1.000 euros por un piso, una situación que define como “sobrevivencia, prácticamente trabajar y sobrevivir”. En su opinión, los precios de hace algo más de tres años, cuando llegaron a España, eran caros pero ahora son “un grito” (expresión peruana para calificar algo de muy exagerado).
Vivir en una habitación sin contrato tras 42 años de trabajo
A sus 61 años, Carlos, natural de Santander y técnico especializado en mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, representa la vulnerabilidad de quienes, tras una vida laboral extensa y especializada -28 años en una conocida multinacional y un total de 42 años de trabajo-, se ven expulsados del sistema.
Su situación actual, tras haber consumido su prestación por desempleo, es una lucha constante por la dignidad en un entorno hostil. Vive en una habitación por la que paga 320 euros en una casa que él mismo define como “en ruinas”, donde convive con una suciedad extrema, con “cagadas de gatos y cucarachas a patadas”.
Su exclusión no es solo habitacional, sino también de derechos básicos. A pesar de pagar su mensualidad puntualmente, la propietaria se niega a hacerle un contrato y a empadronarle, por lo que no puede desgravar el alquiler. Aunque ha ganado el pasado mes de marzo un juicio en el que se le reconoce su incapacidad permanente, la burocracia retrasa por el momento el cobro de la prestación con carácter retroactivo que ha de abonarle la Seguridad Social y con la que espera poder aliviar su precariedad. La espera le obliga por ahora a sobrevivir con la ayuda de 480 euros (subsidio para mayores de 52 años) y el apoyo de las tarjetas monedero de Cáritas para alimentación e higiene, ya que tiene unos gastos mínimos en medicamentos de unos 60 euros mensuales. Su opinión sobre el mercado de la vivienda es clara: “La única solución real es construir vivienda social”, no solo para venta, sino específicamente “para alquileres asequibles”, opina.
Fadi, la juventud que aspira a “una vida normal”
A sus 28 años recién cumplidos, Fadi, que llegó a España en 2024 desde Túnez en busca de un futuro mejor, tiene alquilada actualmente una habitación de un piso ubicado en la zona santanderina de Cuatro Caminos. Su día a día está marcado por una serie de peculiares restricciones impuestas por el propietario, con el que convive. No se le permite usar la ducha antes de las 10 de la mañana “para no molestar” y solo tiene permiso para lavar su ropa una vez cada quince días. Cuando llegó a esta vivienda le dijeron que podría hacerlo una vez a la semana. Estas reglas dice que limitan su higiene y autonomía, ya que cada mañana tiene que ir a Torrelavega, donde está terminando un curso de hostelería en el que tiene puestas todas sus expectativas laborales, y le gustaría poderse duchar antes de salir de casa.
La vivienda es para él uno de los principales obstáculos en su deseo de progresar: “Solo quiero una vida normal, tomar un café, comprarme la comida y ropa que me gusta y trabajar para ayudar a mi familia”. Fadi agradece insistentemente el acompañamiento que está recibiendo por parte de las profesionales de Cáritas, que no solo le ayudan con el alquiler, sino que se coordinan con otras instituciones como la fundación Diagrama para su formación y la gestión de sus trámites de regularización, cuya solicitud acaba de presentar. Este futuro camarero ansía poder acceder a un trabajo este verano en uno de los sectores clave de la economía de Cantabria, la hostelería, con un déficit de personal que el presidente de los profesionales del gremio, Eduardo Lamadrid, admite como endémico y “difícil de solventar”.
La urgencia de una alternativa social
Mientras en Cantabria el índice de precios ha subido un 38,4% (periodo 2018-2024), por encima del aumento de las rentas familiares (30,7%), el mercado ha empujado a las personas con menos recursos a situaciones de vivienda insegura o inadecuada, que ya afectan al 10,9% de la población (unas 60.000 personas).
La realidad actual muestra que, para muchos residentes en Cantabria, el hogar ha dejado de ser un refugio para convertirse en un escenario de supervivencia donde se alquilan hasta los derechos más básicos.