El Gobierno de Cantabria aprueba el proyecto de ley de creación del Consejo LGTBI con tres años y medio de retraso
El Gobierno de Cantabria (PP) ha aprobado este jueves, en su reunión semanal, el proyecto de ley para la creación del Consejo LGTBI en la comunidad autónoma, un órgano de participación que servirá para “institucionalizar el diálogo permanente” entre la Administración y la sociedad civil en todo aquello que afecta a los derechos y a la igualdad de este colectivo.
Así lo ha anunciado, en declaraciones a los medios de comunicación, la consejera de Inclusión Social e Iguldad, Begoña Gómez del Río, que espera que la futura norma que ahora va a iniciar su tramitación parlamentaria logre “el mayor consenso posible” ya que “estamos hablando de derechos, de igualdad y de convivencia”.
Además, el Ejecutivo regional ya trabaja de forma paralela en la normativa que regulará ya, de una forma más específica, el funcionamiento, la composición y las funciones de este órgano.
Tres años y medio de retraso
Según ha indicado, la aprobación de este proyecto de ley supone cumplir un “mandato legal que estaba pendiente” y dar un “paso necesario” para completar el desarrollo efectivo de la Ley de Cantabria de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales, en vigor desde diciembre de 2020.
Y es que esta ley autonómica de derechos de las personas LGTBI ya preveía la creación de este instrumento de participación y consulta. De hecho, llega con aproximadamente tres años y medio de retraso. Y es que, según ha indicado Gómez del Río, la ley LGTBI de Cantabria establecía que el proyecto de ley de creación del Consejo se debía remitir al Parlamento en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la norma, lo que quiere decir que debía haber llegado a la Cámara no después de diciembre de 2022, aún con el anterior Ejecutivo PRC-PSOE.
Al respecto, la consejera ha indicado que cuando el PP llegó al Gobierno regional se encontró “algunas inacciones”, entre ellas la relativa a este proyecto de ley, sobre el que se puso “manos a la obra”.
El Consejo LGTBI funcionará como un órgano colegiado de participación, de representación y de consulta en materia de igualdad y de no discriminación por orientación sexual e identidad o expresión de género.
Funciones del Consejo
Entre sus funciones estará mejorar las políticas públicas y permitirá canalizar la participación del colectivo LGTBI en las decisiones públicas, asesorar a la Administración, formular propuestas y recomendaciones y también evaluar el impacto de las medidas que se adopten.
Entre sus competencias, el Consejo LGTBI podrá realizar estudios y análisis sobre la situación del colectivo en Cantabria; impulsar propuestas de mejora y promover el enfoque de igualdad y derechos que esté presente de forma transversal en las políticas públicas.
“Estamos hablando, por tanto, de una herramienta útil, real y práctica; una herramienta de escucha, de participación y de enriquecimiento de las políticas públicas”, ha subrayado Gómez de Río.
La consejera ha destacado que esta norma del Consejo LGTBI ha seguido un “procedimiento abierto, transparente y participativo” ya que ha sido sometido a consulta, audiencia e información pública.
Según ha detallado, en este proceso solo hubo una alegación, dirigida a respaldar la creación y regulación del Consejo.
Gómez del Río ha indicado que los datos disponibles justifican “la necesidad” de que exista este instrumento de participación.
“Aunque realmente no existen estadísticas oficiales completas sobre la población LGTBI en Cantabria, las estimaciones teniendo en cuenta los estudios del CIS, del INE y del Ministerio de Igualdad muestran una presencia significativa del colectivo en Cantabria”, ha dicho Gómez del Río.
Además, ha apuntado que datos como que en 2024, casi la mitad de los delitos de odio registrados en Cantabria estuvieron relacionados con la orientación sexual, muestran que “todavía queda camino por recorrer y precisamente por eso son necesarios instrumentos estables que permitan mejorar el conocimiento, la participación y la eficacia de las políticas públicas”.