El Gobierno de Cantabria encarga dos informes pagados con dinero público para justificar el centro de datos Altamira
El Gobierno de Cantabria se ha sumado con entusiasmo en la defensa del proyecto privado para instalar el Campus Tecnológico Altamira en la comunidad y desde que se anunció ya ha costeado dos informes distintos de la Universidad de Cantabria para justificar que se haya convertido en un proyecto estratégico del Ejecutivo del Partido Popular en la comunidad.
Un centro de datos –ubicado sobre una parcela de 370.000 metros cuadrados en Piélagos y Villaescusa– que todavía no tiene asegurado el suministro eléctrico necesario para funcionar. Inicialmente, fue una apuesta de la empresa Stoneshield Capital, propiedad de Felipe Morenés –hijo de Ana Botín– y su socio Juan Pepa que acaban de vender la mayoría de sus acciones a un fondo inmobiliario norteamericano.
La propuesta fue bien acogida por el Gobierno de Cantabria, hasta el punto de que lo presentó ante los medios de comunicación, en la sala de prensa oficial, la presidenta María José Sáenz de Buruaga. Desde entonces, toda la defensa del proyecto ha recaído prácticamente en exclusiva en el Ejecutivo cántabro que designó esta iniciativa como Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria, para reducir los plazos y la burocracia.
El consejero de Industria, Eduardo Arasti, defiende el proyecto como si fuese público. De hecho, para impulsarlo ya ha encargado dos informes a expertos de la Universidad de Cantabria. Ambos han coincidido en exaltar las bondades del futuro centro de datos.
El primero de ellos, de carácter más técnico, se encargó hace un año -en 2025- a los profesores José Luis Bosque y Esteban Stafford, del grupo de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Cantabria. “Una oportunidad estratégica única” –concluyeron– para posicionar que la comunidad se convierta en uno de los polos digitales más relevantes del sur de Europa.
Más en concreto, el informe sostiene que la cercanía a la subestación eléctrica de Penagos garantizaba el abastecimiento energético. Pero este supuesto no se ha confirmado. Por el momento, es el principal escollo para su desarrollo. La cantidad de electricidad que necesita es tan grande -como una central nuclear- que por ahora es inviable, a no ser que el Ministerio conceda una ampliación de potencia.
Pero tal vez la cuestión más polémica fue la alarma por el caudal de agua que necesitan estos centros para funcionar y que está generando protestas en otros lugares de España como Aragón. El informe de los expertos universitarios asegura que no hace falta porque aquí no hace excesivo calor –esto se dijo antes de este último verano cantábrico– y que el clima atlántico permite refrigerarlo “abriendo la puerta para generar corriente”, como llegó a apuntar el consejero en una ocasión. La Universidad estima que la temperatura media anual es de 13,8 grados y que eso permite que se utilicen técnicas para refrigerar espacios de forma eficiente, sin necesidad de agua para enfriar la instalación.
El segundo informe
El segundo informe es más reciente -de este año- y se presentó hace pocos días. En esta ocasión se ha recurrido al catedrático Pablo Coto que analiza el proyecto desde una perspectiva económica. La conclusión es que el Campus Tecnológico de Centro de Datos Altamira, con una inversión prevista de más de 3.600 millones de euros y la creación de más de 1.500 puestos de trabajo en su fase de desarrollo, cuando entre en funcionamiento podría generar 105 millones de euros anuales de Producto Interior Bruto (PIB) atribuible a Cantabria. Lo que supondría aproximadamente el 0,66 del PIB autonómico cada año. Un impacto similar al generado por el aeropuerto Severiano Ballesteros, además de poder alcanzar el 0,5 por ciento del empleo en la Comunidad Autónoma.
Ambos informes se han costeado con dinero público y coinciden en un diagnóstico altamente favorable del centro de datos. En concreto –según publica el Boletín Oficial de Cantabria después de que ya se haya hecho público el estudio– el segundo trabajo ha costado 17.500 euros de dinero público, a lo que hay que sumar el IVA de la operación. El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública SODERCAN, costea el 80% (14.000 euros) y el resto la Universidad de Cantabria.
“El Proyecto Altamira no costará un solo euro al contribuyente”, dijo el consejero Eduardo Arasti.