Las organizaciones que impulsan la huelga general del 11N confían en “la respuesta de la gente” en Cantabria
Las organizaciones que han impulsado la huelga general del 11 de noviembre confían en “la respuesta de la gente” en Cantabria y obtener el “máximo seguimiento posible” para una jornada en la que reivindicarán el acceso a una vivienda “digna”, salarios, pensiones y prestaciones acordes al coste de la vida y “unos precios que permitan que vivir con dignidad”.
Ese día también se ha convocado una manifestación que partirá de Cuatro Caminos a las 19.00 horas y concluirá en la Plaza Porticada
El Sindicato de Vivienda de Cantabria, la Acampada por la Vivienda, CCOO, UGT, CGT, CNT, el Sindicato de Estudiantes y la Intersindical Cántabra -integrada por STEC, SUC y Sindicato Ferroviario- son la cabeza visible de la convocatoria, que cuenta también con el apoyo de otras organizaciones y colectivos sociales de la región.
Los convocantes han presentado este jueves a la prensa un documento con sus reivindicaciones, en el que se señala que “la crisis habitacional y la precariedad laboral son las dos caras de la misma miseria, que exige respuestas que permitan garantizar unas condiciones de vida digna”.
Los portavoces de las entidades que apoyan la huelga, Mio Campo -de la Acampada por la Vivienda- y Marcos Gómez -del Sindicato de Vivienda-, han leído el escrito, en el que también se apunta al “modelo turístico masivo y una política empresarial que aprovecha el crecimiento económico para engordar su patrimonio a costa de los salarios” como causantes de “la destrucción de la vida comunitaria”.
Alquiler duplicado en 10 años
“En Cantabria, la crisis de la vivienda nos ahoga, con un mercado tensionado por 6.536 pisos turísticos en 99 de los 102 municipios y cerca de 50.000 casas vacías; el precio ha subido un 46,5% desde 2022 y el alquiler casi se ha duplicado (98% en diez años), mientras la mitad de la VPO ha pasado al mercado libre”, recoge el documento.
Al respecto, los convocantes manifiestan que no van a “tolerar que un hogar sea un negocio” y exigen que una ley autonómica que garantice la vivienda como derecho, la declaración de zonas tensionadas, la reducción del precio del alquiler y la limitación del alquiler a contratos indefinidos.
También reclaman la prohibición de desahucios siempre que no exista una alternativa habitacional, la paralización de las viviendas de uso turístico -fijando un tope máximo por municipio-, la expropiación a los fondos buitre y la creación de un parque de vivienda pública.
A su juicio, cuentan con “el poder colectivo de parar la maquinaria y tomar las calles para defender y conquistar nuestros derechos”, como señala el escrito.
Por otro lado, han anunciado que, hasta el 11 de noviembre, se llevarán a cabo mesas informativas, asambleas abiertas y actividades en barrios y pueblos para informar sobre la convocatoria en diferentes localidades de Cantabria. Igualmente, han organizado cenas populares en las plazas de distintos municipios “para recuperar el espacio público”.