El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Santander no está cumpliendo los plazos del contrato de basuras
El PSOE de Santander ha denunciado que el Ayuntamiento “no está cumpliendo los plazos previstos” en la puesta en marcha del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos y ha exigido al equipo de Gobierno (PP) que “explique cuál es su grado real de implantación cinco meses después de su firma”.
El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha recordado en una rueda de prensa que el servicio lo ha iniciado la UTE Acciona-Oxital el 16 de junio pasado, y ha señalado que se trata de “uno de los contratos más importantes” del Ayuntamiento de Santander, “con un importe de 253,8 millones de euros durante diez años”.
A este respecto ha subrayado que el contrato “se presentó como un antes y un después para nuestra ciudad” con “nuevos vehículos, nueva maquinaria, nuevos contenedores, nuevas papeleras, mejoras en la recogida neumática y soterrada y nuevas herramientas tecnológicas para controlar el servicio”.
Sin embargo, según los datos que maneja el PSOE, el inicio del servicio ha estado marcado “por la falta de medios. Al comienzo no estaba disponible ni siquiera el 40% de los vehículos necesarios y fue necesario recurrir a vehículos de la anterior contrata, incluidos camiones y maquinaria de 2013 y 2014. La situación llegó hasta el punto de que fue necesaria una Junta de Gobierno extraordinaria para autorizar su utilización”, ha afirmado.
Ha detallado que “las furgonetas y furgones hidrolimpiadores debían estar disponibles en los cuatro primeros meses; los camiones de equipo de gancho y plataforma, en ocho meses; los camiones recolectores, lavacontenedores y de gran tamaño, dentro de los diez meses; y las barredoras pequeñas, lavaderas y furgonetas, también en los cuatro primeros meses”.
A estos medios ha sumado, entre otros, las barredoras grandes, los camiones de brigadas y las cisternas de baldeo, con un plazo de hasta ocho meses; la adecuación de los cuartelillos, con un plazo de hasta dos meses; las licencias de actividad provisional y definitiva, también de hasta dos meses; la adecuación de la nave principal, en un plazo de hasta cuatro meses; la nave de transferencia, en un mes; y la implantación y retirada de los contenedores antiguos, en un plazo de hasta dos meses, ha enumerado.
Los socialistas quieren saber “qué parte de estos compromisos ya está cumplida, qué parte está pendiente y, sobre todo, qué consecuencias está teniendo para la prestación del servicio”.
También ha puesto el foco en la tramitación de las certificaciones del servicio porque, según la información del PSOE, “la UTE no habría presentado las certificaciones correspondientes a junio, julio y agosto, y ya en julio se habrían acumulado penalizaciones por aproximadamente 600.000 euros”.
Ante esta situación, los socialistas han reclamado al Ayuntamiento que detalle qué servicios se han prestado realmente, qué incumplimientos se han detectado, qué penalizaciones se han aplicado y qué cantidades se han abonado. “Tenemos una línea roja muy clara. Ni un euro de los santanderinos por un servicio que no se haya prestado”, ha enfatizado.
Por otro lado, el portavoz socialista ha denunciado un episodio que considera “especialmente grave”, una “posible intervención política” de la alcaldesa, Gema Igual, “en el despido de tres personas que la empresa habría elegido para puestos de responsabilidad”.
Los socialistas han alertado además de problemas relacionados con las instalaciones para prestar el servicio, en concreto con la nave principal, que “no disponía de potencia eléctrica suficiente y ha sido necesario recurrir a un grupo electrógeno”.
“Nos vendieron un servicio completamente nuevo y cien días después sigue funcionando, en parte, con vehículos antiguos, instalaciones provisionales y soluciones heredadas del contrato anterior”, ha resumido Fernández.
Otro de los asuntos que ha aludido el PSOE de Santander es la situación de la recogida neumática. En este sentido ha indicado que “la central de la calle Castilla lleva fuera de servicio desde noviembre de 2025 y el Ayuntamiento contemplaba 500.000 euros durante el primer año para poner a punto el sistema. Sin embargo, podría situarse alrededor de los 960.000 euros, con unos costes de mantenimiento cercanos a 35.000 euros mensuales según los cálculos socialistas.
A ello ha sumado incidencias relacionadas con los contenedores soterrados y los nuevos, “con dificultades” estos últimos “para introducir las bolsas por las bocas y acumulaciones de residuos en el exterior”.
Finalmente, Fernández ha dejado “claro” que los trabajadores “no son responsables de la transición mal organizada”.
Respuesta de la alcaldesa
La alcaldesa ha respondido a las declaraciones del portavoz socialista y, a preguntas de los periodistas, Iguala ha afirmado que Fernández “debe conocer” que un contrato público consta de “un pliego, unas normas y unas penalizaciones”
En cuanto a los despidos de los tres trabajadores aludidos por el edil del PSOE, ha indicado que la empresa “debe subrogar a todos los trabajadores subrogables”.
No obstante, ha precisado que “dentro de la relación contractual se ejercerán todas las claúsulas del pliego”, por lo que “si hay algún incumplimiento, se va a reflejar. Y si hay algún despido ilegal, también se defenderá”, ha concluido Igual.