Una recalificación urbanística convertirá una zona protegida en suelo industrial para las siguientes fases del proyecto Altamira
Con el inicio del curso político se ha informado de que el Parlamento de Cantabria tramita una modificación del Plan de Ordenación del Litoral para crear más suelo industrial. En concreto, el polígono Federico Cobo del que apenas se había oído hablar, en homenaje al empresario de Cisternas Cobo, que el Gobierno de Cantabria anunció en febrero. Una zona actualmente dedicada a la ganadería, con praderías y zonas boscosas.
Son 63 hectáreas, en la ribera de la ría de Solía, ubicadas entre el Astillero, Piélagos y Villaescusa que -según la propuesta oficial- “constituirán un eje logístico industrial con las áreas existentes”. Una modificación que adquiere especial relevancia porque ahí están previstas las fases 2 y 3 del Campus Tecnológico de Centros de Datos Altamira, promovido por Stoneshield. Un área que también se recalificó con un Plan Singular de Interés Regional (PSIR) para agilizar su instalación, paralizada de momento.
La operación urbanística pretende ampliar el espacio destinado a suelo productivo en el entorno de los polígonos de Morero y Guarnizo y permitir el desarrollo del futuro Plan Singular de Interés Regional (PSIR) Federico Cobo-Solía.
Podemos Cantabria rechaza el proyecto y recoge el espíritu de un movimiento vecinal, La Mancha Gris, que está recogiendo firmas en contra y que ha protagonizado un marcha reivindicativa.
Por contra, la iniciativa cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios que ya han dado su visto bueno para que se tramite la modificación.
Para recalificar este suelo se modifica el Plan de Ordenación del Litoral (POL) con una nueva excepción: una Actuación Integral Estratégica Productiva (AIEP) bautizada como Área Morero-Solía Federico Cobo. Con esto, se genera un corredor de suelo industrial de Morero hasta Tanos, justifican sus impulsores.
Cuesta seguir el hilo, aunque para el consejero de Industria es sencillo: se trata de mover un poco “el trazado irregular” de protección del POL “que no tiene ningún sentido”, según declaró Eduardo Arasti.
Es decir, se mueve un poco la línea y brotan 60.000 metros cuadrados de suelo productivo al sur de Morero. Una modificación “sencilla”, catalogó en su día el responsable de Industria.
A la operación le sobran padrinos. La propuesta la ha hecho el PRC en el Parlamento de Cantabria y se ha aprobado por unanimidad, pero es idéntica a la que planteó el PP por otra vía: como una enmienda a la Ley de Vivienda.
Los populares habían diseñado la operación de recalificación urbanística de forma más discreta. Pero los regionalistas se decidieron por apoyarlo con mayor altavoz desde su propio sello político. Es decir, más al descubierto.
¿Quién se beneficia?, pregunta Podemos
La formación política Podemos considera “especialmente grave” que una modificación de esta dimensión territorial se haya tratado de incorporar mediante una enmienda a una ley “cuyo objeto debería ser garantizar el derecho a la vivienda”. De hecho, no estaba en el anteproyecto del Gobierno, fue el grupo parlamentario popular quien ha presentado enmiendas al proyecto de Ley de Vivienda que, además de la modificación del POL, incluyen “importantes” cambios urbanísticos, en el régimen de los PSIR “así como una ampliación del catálogo de actuaciones permitidas en suelo rústico”.
“Jamás nos hubiéramos imaginado que una ley que debería facilitar el acceso a la vivienda se utilizaría para cargarse el POL en Solía” -explica Pablo Gómez, responsable de defensa del territorio de Podemos Cantabria- “¿Qué pinta crear más de 62 hectáreas de suelo industrial dentro de una Ley de Vivienda y, sobre todo, quién se beneficia de ello además de Stoneshield?”.
Este nuevo polígono se sitúa junto a una de las principales vías de comunicación, la Autovía Ronda de la Bahía (S-30), y en las proximidades del ramal de conexión entre la S-10 y S-30 cuyo último tramo se encuentra en ejecución, atravesando el Polígono de Morero. “Estas infraestructuras de comunicación junto con su proximidad al Puerto de Santander y aeropuerto hacen que su emplazamiento tenga una ubicación estratégica”, argumentaba la propuesta del PRC.
El precedente de VIPAR
Podemos considera especialmente importante analizar el precedente de la primera fase de Altamira. El pliego técnico de 2021 para la redacción del PSIR del Parque Empresarial VIPAR explicaba que las Actuaciones Integrales Estratégicas Productivas del POL respondían a la necesidad de ampliar la oferta de suelo industrial y que el PSIR era el instrumento mediante el cual se podía producir la conversión de suelo rústico en suelo urbanizable de uso industrial.
Aquel PSIR se planteó inicialmente sobre unos 371.000 metros cuadrados e incluía el documento de planeamiento, el proyecto de urbanización, el estudio ambiental estratégico y las conexiones con las redes exteriores. Posteriormente, SEPIDES y SICAN autorizaron la venta a Stoneshield de los terrenos de VIPAR destinados a la primera fase de Altamira por 9.492.450 euros, IVA incluido.
En el caso de las fases 2 y 3, la propia planificación publicada por SODERCAN situaba la aprobación del PSIR en 2027 y la adquisición de los terrenos en 2028. Para Podemos, este precedente demuestra que las decisiones sobre el planeamiento y la transformación del suelo tienen consecuencias económicas importantes y deben ser objeto de máxima transparencia “no se puede planificar el territorio vía enmienda a la ley de vivienda”
La formación reclama al Gobierno que explique quiénes son los actuales propietarios de los terrenos afectados por la nueva AIEP SOLÍA y qué aprovechamientos urbanísticos tendrán después de la modificación del POL y del posterior desarrollo del PSIR.
“Queremos saber quiénes son los propietarios actuales de esos terrenos, qué cambios de titularidad se han producido, qué aprovechamientos urbanísticos tienen hoy y cuáles tendrán después de la modificación del POL”, exige Pablo Gómez en nombre de Podemos.