El Plan de Emergencia Social de Cantabria afronta en 2017 su recta final y completará este año el centenar de medidas previstas por el Gobierno autonómico para hacer frente a la situación de pobreza y exclusión que sufre alrededor de un 20% de la población de la comunidad, según los datos que maneja el propio Ejecutivo.
Después de dotar con casi 90 millones de euros el presupuesto del pasado ejercicio, con medidas que afectan de manera transversal a todos los departamentos de la Administración regional, el Gobierno pretende cumplir su compromiso íntegro con el desarrollo de dos medidas novedosas y que todavía estaban pendientes en su proyecto inicial: un plan contra el despilfarro alimentario y la introducción de cláusulas sociales en los procesos de contratación en los entes públicos.
Así lo ha explicado este miércoles la vicepresidenta y responsable de Política Social, Eva Díaz Tezanos (PSOE), que ha presidido la Comisión de Emergencia Social de Cantabria celebrada en la sede del Ejecutivo en Peña Herbosa, en la que han participado representantes de todas las áreas implicadas en esta tarea.
Plan contra el Despilfarro Alimentario
Lo cierto es que todavía hay pocos detalles concretos sobre el Plan contra el Despilfarro Alimentario, una de las medidas estrella anunciadas por la vicepresidenta. De momento, en la reunión se ha analizado un borrador elaborado por un grupo de investigación de la Universidad de Cantabria y el siguiente paso será que el grupo técnico del Gobierno diseñe el Plan y establezca las medidas concretas que se van a poder llevar a cabo.
Díaz Tezanos, que no ha podido explicar aún el contenido ni los objetivos de este plan, ha calificado de “inaceptable” que en la Unión Europea “se despilfarren 100 millones de toneladas de alimentos, que servirían para dar de comer dos veces a toda la población que tiene escasez de alimentos”.
Estos datos a los que ha hecho mención, referidos a un estudio sobre el tema a nivel europeo, no tienen su traslación en Cantabria, aunque la consejera de Política Social ha recordado que, en el caso de la comunidad autónoma, “más del 20% de la población se encuentra al borde la de la pobreza o la exclusión social”.
Díaz Tezanos sí ha explicado que el Gobierno busca con la puesta en marcha de este plan “evitar pérdidas de excedentes alimentarios, promover la responsabilidad social de las empresas en Cantabria y desarrollar toda una serie de medidas dirigidas a la prevención”.
Cláusulas sociales para la contratación pública
En relación con la otra medida anunciada esta jornada, la vicepresidenta ha explicado que el Gobierno “va a dar un paso más” en la integración de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública, todo ello con el objetivo de “garantizar su introducción efectiva en el procedimiento de contratación de la Administración Pública”.
Para ello, se va a hacer una guía entre todas las consejerías del Gobierno que será posteriormente aprobada por el Consejo de Gobierno.
La vicepresidenta ha asegurado que al Ejecutivo le parece “fundamental” la integración de estas cláusulas, entre las que se encontrará el fomento de la inclusión laboral de personas con mayor riesgo de exclusión social o con discapacidad, la igualdad de género y la compra y consumo socialmente responsable.
Durante su intervención ante los medios, la vicepresidenta ha realizado una valoración “positiva” de lo conseguido hasta el momento por el Plan de Emergencia Social de Cantabria y ha reivindicado que para el Gobierno es “prioritaria” la atención a las personas que más lo necesitan.
En cuanto a su cumplimiento, Díaz Tezanos ha puntualizado que, hasta el momento, se han ejecutado 52 medidas y otras 27 están en marcha actualmente, de las 104 que estaban recogidas en el proyecto. Según ha explicado, hay otras medidas que quedan pendientes de desarrollar porque se derivan de iniciativas que todavía están en desarrollo.
Entre las que medidas que ya son una realidad, la vicepresidenta se ha referido a la mayor dotación de la Renta Social Básica y la simplificación de todo el procedimiento para acceder a esta ayuda, el aumento de las becas de comedor, a la puesta en marcha del 'ticket social', la puesta en marcha de un punto único de atención a las personas que solicitan cualquier prestación en el ICASS o las medidas dirigidas a los desempleados de larga duración con más de 45 años.
También ha citado el Fondo de Emergencia Habitacional y las ayudas al alquiler social e hipotecas. En este sentido, Díaz Tezanos ha subrayado que de las actuaciones que se preveían en el plan de emergencia habitacional “prácticamente se han ejecutado todas”.