Los vecinos de Hermanos Calderón amenazados con desahucios masivos han pedido ya cuatro veces sin éxito una reunión con el consejero Media
El Gobierno de Cantabria (PP) no ha emitido una posición desde que en abril de 2026 se hiciera pública la venta de las 107 viviendas de alquiler asequible, en Santander, de Fundación La Caixa al fondo privado Mosaic Propco. En septiembre, la plataforma de inquilinos afectados de los tres bloques de la calle Hermanos Calderón propuso hasta en cuatro ocasiones una reunión para que el consejero de Vivienda, Roberto Media, conociera el caso de primera mano y así plantearle que ejerciera de mediador. La respuesta, en el cuarto intento, ha sido el silencio.
El 2 de septiembre, el representante jurídico de la plataforma, Juan Manuel Brun, trasladó la petición de “toma de contacto” para que la Consejería de Vivienda tuviese conocimiento “de primera mano” de una situación que afecta cerca de 90 familias que pueden ser desalojados de sus casas y “terminarían, la mayoría, en situaciones de extrema vulnerabilidad”.
Así, trasladó por escrito al ejecutuvo autonómico que considerase “qué actuaciones” podría realizar la Consejería de Vivienda. El objetivo era saber “qué alternativas” podría proponer Vivienda para el centenar de familias.
Por un lado, pedían que el gobierno autonómico ejerciera de mediador con Fundación La Caixa, como responsable de la venta. “Entendemos que Fundación La Caixa tiene responsabilidad jurídica en la compraventa que hizo con el fondo”. Consultada Fundación La Caixa al respecto de la petición de los vecinos, indican que “la relación con el Ayuntamiento siempre ha sido fluida” y que, tras la venta, la compañía declina hacer comentarios sobre los bloques de Hermanos Calderón.
Por otro, la plataforma pidió a Vivienda que explorase vías “para una posible venta” de Mosaic a manos públicas. La idea era y es que el Gobierno de Cantabria liderase la compra de las viviendas, con el Ayuntamiento de Santander (PP).
En las tres primeras comunicaciones, según Brun, la consejería de Vivienda dilató la reunión, pero la posibilidad estaba ahí. El cuarto intento fue a finales de septiembre, coincidiendo con las masivas movilizaciones en España por Maricarmen -la madrileña de 87 años cuyo desahucio fue paralizado por presión social-. Brun amplió entonces a Vivienda una nueva posibilidad de compra: que liderase la compraventa con el Ayuntamiento y con Casa 47, la entidad estatal de vivienda (PSOE).
Desde entonces, no ha habido ninguna respuesta. “Justamente cuando más posibilidades hay de lograr algo conjuntamente” con el resto de instituciones, cuestiona el representante jurídico.
“Si no quieren ir con esta propuesta tan ambiciosa, tienen 90 familias que se van a la calle ¿Qué van a hacer tanto desde la consejería de Vivienda? ¿Por qué no ha emitido ninguna opinión?”, se pregunta Brun, que subraya que no busca confrontar: “Creemos que hay vías jurídicas presupuestarias que les permitirían actuar sin problemas.”
Brun advierte de que la propuesta de ley de Vivienda liderada por Roberto Media habla precisamente de colaboraciones entre Ayuntamientos, Estado y Consejería de Vivienda para la adquisición de viviendas para alquiler asequible: “Es lo que nosotros estamos pidiendo”.
De momento, las únicas palabras recientes del consejero Roberto Media -cuyo borrador de ley está enfocado en la lucha contra la ocupación y rechaza poner topes a los precios del alquiler- sobre las movilizaciones por la vivienda en España han sido que las propuestas que llegan de la Puerta del Sol, en Madrid, “se aproximan más a Cuba que a un estado democrático y de derecho”.