La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha culpado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de continuar “bloqueando derechos” de los empleados públicos de la Administración autonómica y reclama el “fin de los recortes” en los Presupuestos Generales que han comenzado su trámite.
En este sentido, afirman que todavía no se han desarrollado “puntos fundamentales” de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, entre los que cuentan la implantación de la carrera profesional horizontal en los trabajadores de la Administración autonómica y la creación de nuevos grupos profesionales (Grupo B, de técnicos superiores, ya recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público).
El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, subraya que “para nosotros es fundamental el desarrollo de esta Ley 4/2011, pero sólo se ha cumplido en parte. A pesar de que la Junta ha anunciado que los próximos Presupuestos no tendrán recortes, lo cierto es que llevamos diez años de recortes”.
En cuanto a la carrera profesional, Retamosa señala que se “priva de ascenso y expectativas de progreso profesional” a los trabajadores de la Administración regional, mientras que otras comunidades como Castilla y León, Murcia y Comunidad Valenciana sí lo tienen reconocido. Asimismo, la Junta debe modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y poner fin a las designaciones de asesores y altos cargos, que rompen los principios de igualdad, mérito y capacidad.
“La Junta intenta sacar pecho, pero no hay un compromiso con los servicios públicos y sus trabajadores”, señala Retamosa, que explica que la Junta se negó a incorporar los fondos adicionales (0,75%) del Acuerdo nacional 2018-2020 provocando que los empleados públicos perdiesen masa salarial, además de que no tiene previsto incrementar retribuciones el próximo año. A ello, añaden que todavía no se ha derogado la Ley 1/2012 del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, conocida como 'Ley Cospedal'.
Otros sectores en los que siguen sin haber mejoras, y no se prevén cambios, son Educación, con ratios elevadas y sin reducir horario lectivo, y Sanidad, que continúa con la carrera profesional paralizada y con el complemento de productividad sin abonar desde 2018, además de que aún no se ha regulado el Plan Concilia en este ámbito sanitario.