Ya hay valoración del actual Gobierno de Castilla-La Mancha sobre la imputación de la expresidenta autonómica, María Dolores de Cospedal, en el caso del espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Considera el Ejecutivo de Emiliano García-Page que se trata de un hecho “tremendamente grave” que la preocupación de Cospedal fuera “hacer desaparecer las pruebas de un delito” desde la propia sede de la Presidencia castellanomanchega mientras que en la comunidad autónoma donde gobernaba “se disparaba la pobreza y el paro”, se “despedía a miles de profesionales sanitarios y docentes” y se “desmantelaban los servicios públicos”.
Así lo ha afirmado, preguntada al respecto, la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, señalando precisamente el despacho de la Presidencia. “No entramos a valorar decisiones judiciales, pero estando en el lugar físico donde se produjeron los hechos, debemos hacerlo”, ha afirmado. Dicho esto, y señalando el despacho que ocupaba la expresidenta de Castilla-La Mancha, ha lamentado que sus “esfuerzos”, mientras “se disparaba la pobreza y el paro” fuera presuntamente “hacer desaparecer las pruebas de un delito”, en referencia a la “probada” financiación ilegal del Partido Popular.
“No me cabe nada más que una conclusión: menos mal que hubo cambio político, porque si no, esta sede de la Presencia se hubiera convertido en la sede de Génova 13 (la sede del PP en Madrid)”, ha concluido.
“Se inicia el fin de la etapa más oscura de Castilla-La Mancha”
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, ha recalcado, a las puertas del Congreso, que con esta imputación “se inicia el fin de la etapa más oscura” de Castilla-La Mancha, la de “los recortes y las corruptelas”. “Al final lo que sabemos y conocemos es que Cospedal, durante su presidencia en Castilla-La Mancha y siendo secretaria general del PP, se dedicó a recortar los servicios públicos y a despedir a funcionarios de servicios esenciales: se aprovechó de su situación para realizar lo que le imputa el juez, malversación, soborno y tráfico de influencias”.
Para el dirigente socialista, esta situación debe culminar “con la asunción de responsabilidades políticas y jurídicas” y en ese sentido se ha dirigido al PP de Castilla-La Mancha y a su actual presidente, Francisco Núñez, que fue “designado a dedo” por la propia Cospedal, para que no siga “silente” ni se ponga “de perfil”. Para ello, le ha pedido tres cosas: que despida al tesorero de la expresidenta que sigue ocupando este puesto en el PP autonómico, que abra expediente de expulsión del partido para Cospedal (sigue siendo presidenta de honor) y que convoque primarias para que los militantes populares’ castellanomanchegos decidan “si quieren seguir la etapa de ‘cospedalismo’ que se mantiene con Núñez”.
“Es un hecho inédito y negro en la historia de la región. No puede pasar desapercibido como una noticia más por parte del Partido Popular y es triste saber que a la misma hora en que se conocía la imputación de Cospedal, el presidente del PP-CLM la defendía y la subía a los altares”, ha recalcado.